El uso indiscriminado de drones en contra de la fuerza pública en Tibú, una masacre en Ábrego, el ataque a una avioneta de la Policía Nacional en el aeropuerto de Aguas Claras, en Ocaña, la confrontación armada en El Tarra y los retenes ilegales sobre los ejes viales corresponden al contexto vivido en la zona del Catatumbo previo a las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo.
Organismos sociales y defensores de derechos humanos exigen una tregua en las hostilidades, mientras se logran acercamientos encaminados a propiciar escenarios de diálogo para alcanzar la convivencia pacífica de los pueblos.
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La crisis humanitaria aún persiste a raíz de los intensos combates entre grupos armados, donde la población civil se encuentra atrapada en el fuego cruzado, provocando el desplazamiento forzado de muchos campesinos de la región.
La radiografía de la zona
Los campesinos del Catatumbo desde hace año y medio sufren los rigores de los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y subversivos del ELN por el dominio territorial y la permanencia del poderío derivado de los cultivos ilícitos.
Las cifras superan las 50.000 hectáreas de plantaciones de coca, consideradas combustible de la confrontación armada de los últimos tiempos.
El personero del municipio de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, manifiesta que el riesgo no ha cesado y mantiene en zozobra a la población civil. Además, denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos los constantes desplazamientos, intimidaciones, confinamientos y el reclutamiento forzado de menores de edad.
“Municipios como Tibú y El Tarra son los más afectados; igualmente Teorama, Hacarí, Convención y El Carmen registran situaciones sistemáticas que repercuten en la población civil”, recalca el funcionario, quien recibe a diario en su oficina a desplazados para escuchar sus declaraciones.
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Lo grave del caso es que los entes territoriales carecen de los recursos necesarios para conjurar la crisis humanitaria.
Buscar una salida al conflicto
El consejero departamental de Paz y Reconciliación, Luis Fernando Niño, reveló la pesadilla vivida por los habitantes de la región durante los combates entre grupos al margen de la ley.
“Las personas comienzan a salir de sus fincas con lo que tienen puesto, dejando atrás animales, enseres y cultivos para refugiarse en los municipios de Tibú y El Tarra. Abandonan las parcelas debido al miedo ocasionado por los combates y para no perder la vida de un momento a otro”, recalcó.
Muchos campesinos huyen de la zona para evitar el reclutamiento forzado de sus hijos y ser alcanzados por el uso indiscriminado de drones.
Una de las propuestas para disminuir la intensidad del conflicto corresponde a los diálogos regionales de paz; sin embargo, la iniciativa no ha tenido eco en el Gobierno Nacional.
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“Desde enero del año pasado llevamos 101.000 personas desplazadas, 30.000 confinadas, 200 asesinadas y 40 secuestradas en los últimos 10 meses. Es una situación bastante complicada, más aún cuando estamos hablando de la posibilidad de salir del conflicto por medio del diálogo”, puntualizó.
Alertas tempranas
Los líderes sociales esperan que la tregua anunciada durante el proceso electoral se prolongue en la zona como una clara voluntad de paz.
Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos exigen el cese de las hostilidades para lograr acercamientos y acuerdos reales enfocados en mitigar gradualmente el conflicto.
La Defensoría del Pueblo analiza la situación de vulneración de derechos humanos en la subregión y denuncia que los habitantes aún padecen graves afectaciones originadas por diversas formas de violencia.
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En consecuencia, el Estado debe poner en marcha medidas integrales y sostenidas que garanticen la protección de la población civil y prevengan el reclutamiento de menores de edad.
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