El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, declara la nulidad de las actuaciones surtidas dentro de la acción popular instaurada por el abogado Henry Pacheco Casadiego donde el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta dio inicio a un incidente de desacato en contra de Emiro Cañizares Plata, en su condición de alcalde del municipio de Ocaña.
En el fallo se impuso una sanción por desacato a la sentencia donde ordena la retoma de las acciones de la Empresa de Servicios Públicos y convocar a una licitación pública para concesionar la operatividad.
Según la decisión judicial, durante varios años no se dio cumplimiento a la orden impartida por al alto tribunal donde el mandatario local debería responder por una multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, considerada la máxima establecida en la Ley 472 de 1998.
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Además, deberá garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de agua y alcantarillado para toda la comunidad ocañera.
Una película de nunca acabar
Un capítulo más del novelón iniciado hace 30 años se escribe en los estrados judiciales en torno al manejo de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Ocaña.
El alto tribunal declara improcedente un fallo emitido por el Juzgado Segundo Administrativo de Cúcuta a través del cual se buscaba sancionar al alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, por un presunto desacato.
La controversia de vieja data está relacionada con el cumplimiento de las sentencias que ordenan a la administración municipal retomar los activos del sistema de acueducto y alcantarillado.
El proceso ha generado amplio debate jurídico y administrativo debido a las implicaciones que tendría para la operación y control de los servicios públicos en Ocaña.
Habría derivado en una decisión de primera instancia que imponía la sanción económica al mandatario, sin embargo, con la determinación adoptada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dicha medida quedó sin efecto alguno.
“Se ha declarado improcedente por violación al debido proceso en la acción popular encaminada a la retoma de activos. La defensa jurídica nos dio la razón de conformidad con lo actuado, de tal manera que no hay implicaciones económicas, reiteró.
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Cañizares Plata, recibe con optimismo la decisión del Tribunal y confía en los estrados para solventar los problemas jurídicos sin afectar el oportuno suministro de agua potable a todo el casco urbano.
Los trámites pertinentes
La decisión fue notificada a las partes y al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta, para el cumplimiento de lo ordenado en el Tribunal. También devolver el expediente previas las anotaciones secretariales a que haya lugar.
Advierte a los sujetos procesales que, en lo sucesivo, las manifestaciones y comunicaciones con destino al despacho deberán ser radicadas por intermedio de la ventanilla virtual del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
La providencia fue firmada por el magistrado Bernardino Carrero Rojas a través del aplicativo web SAMAI, puesto a disposición de la Corporación por el Consejo Superior de la Judicatura en acatamiento de las previsiones del art. 186 de la Ley 1437 de 2011.
Se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de este documento, de conformidad con el art. 28 de la Ley 527 de 1999.
Mientras tanto el abogado administrativista, Henry Pacheco Casadiego, insiste en la postura frente al manejo de los servicios públicos en Ocaña, los cuales deben someterse a una licitación.
La polémica aún continúa en los estrados judiciales y se espera que los altos tribunales procedan a dilucidar esos aspectos en la segunda ciudad del departamento.
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