Conjuntamente con el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, el consejero departamental de paz, Luis Fernando Niño solicitó al Gobierno nacional la realización de diálogos regionales para desescalar el conflicto vivido en la zona del Catatumbo.
“Desde enero del año pasado llevamos 101 mil personas desplazadas, 30.000 confinadas, 200 asesinadas, y 40 secuestradas. Es una situación bastante complicada, pues más del 40% del departamento es víctima del conflicto armado”, expuso Niño.
Frente a ello, el consejero instó a las distintas instancias del orden nacional e internacional a conocer más el territorio, ya que los acontecimientos ocurridos en el Catatumbo lo ven como algo muy lejano.
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“Nosotros que estamos cerca sentimos con mayor intensidad el impacto del conflicto. Un ejemplo es que mientras estábamos preparando la audiencia de la JEP con víctimas de El Carmen, se estaban hostigando a unos policías en la vía. Entonces, cómo vamos a decir que hay garantías de no repetición, es muy complejo”, manifestó Luis Fernando Niño.
¿Por qué el Catatumbo?
Analistas de la región indican que la zona del Catatumbo aún se encuentra en disputa por su riqueza geográfica y posición fronteriza que facilita el intercambio comercial.
Pese a las favorables condiciones, expertos señalan que el abandono estatal hizo que las plantaciones de coca tomaran ventaja con 55.000 hectáreas y que la gente se acostumbrara a recibir dinero más fácil, porque no consiguen más alternativas. A su vez, agregaron que esto ha terminado por generar desplazamientos ocasionados por los grupos enfrentados.
Riquezas en medio de una zona convulsionada
Por otra parte, el consejero de paz califica como un fracaso los programas de sustitución de cultivos ilícitos ya que le quitan la coca a la gente y no se entregan incentivos ni se aplican estrategias efectivas.
“Los que están trabajando legalmente no reciben auspicio del Estado, entonces aumentan las brechas sociales, y se incentiva la ilegalidad. Por lo tanto, el Gobierno debe cumplir con los compromisos de sustitución y planes de desarrollo, y también debe existir la voluntad de otros grupos de no atacar a la población civil, si se está en diálogos”, sostuvo el funcionario.
Reducir la intensidad del conflicto social
Entre tanto, la abogada Maritza Pérez Amaya, como representante de víctimas, manifiesta la urgencia para avanzar con las mesas de diálogo evitando asesinatos, desplazamientos, desapariciones, reclutamientos y secuestros en esta zona del país.
“Es importante que en estos encuentros estén las víctimas como centro del proceso de paz. Hay que parar está guerra que ha incrementado desde enero 2025 y que tanto ha afectado a la población civil con drones, minas antipersonales, desplazamientos forzados, desapariciones, y reclutamientos”, añadió.
Por su parte, Alba Luz Trigos, de la Red de Mujeres del Catatumbo, considera que en los acercamientos deben participar mediadores internacionales de alto nivel, ya que el fondo del conflicto es derivado de la entrada a la región de grandes mafias las cuales manejan intereses mayores y propenden a escalar la conflictividad para mantener las rutas.
“Las guerrillas son negociantes de la droga, no les ha interesado ni las comunidades ni el pueblo en general. Todo discurso político carece de coherencia entorno a lo que se vive como consecuencia de las arbitrariedades, por lo tanto, hay que poner mediación. A un tercero con claridad”, agregó.
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Finalmente, el defensor de los derechos humanos, Luis Emil Sanabria manifestó que puede hacer parte de una estrategia de diálogo, pero primero se debe mediar una serie de acuerdos, en especial el compromiso de desmontar las economías ilegales del departamento, el de excluir a la población civil del conflicto y el de desescalar la confrontación y permitir la participación ciudadana y la inversión social.
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