Cuando han transcurrido poco más de 100 días desde el inicio de la escalada violenta entre las disidencias del Frente 33 de las Farc y el Eln en la región del Catatumbo, la Defensoría del Pueblo entregó un informe de seguimiento sobre la situación de la crisis humanitaria derivada del conflicto armado.

Las conclusiones son poco alentadoras y así lo dejó saber la propia defensora, Iris Marín, quien si bien reconoció las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en su afán por dar solución a esta problemática, “contrario a lo que se ha dicho, la situación del Catatumbo está lejos de ser resuelta”.

En su exposición ante las autoridades del orden local, Marín explicó que actualmente existen tres escenarios de riesgo, el primero, que tiene que ver con la intensificación de la disputa territorial entre el Eln y el Frente 33, principalmente en los municipios de Tibú y El Tarra;  pero también con asesinatos selectivos y múltiples infracciones al derecho internacional humanitario.

El segundo escenario que está planteado es el de la consolidación territorial del Eln  en varios municipios del Catatumbo, especialmente Ocaña, Convención y Sardinata, “en los que vemos una predominancia y principalmente un control territorial de parte de este grupo armado”.

Sobre el tercer escenario, Marín advirtió que aunque no es una realidad actual, reviste un riesgo inminente y tiene que ver con la expansión del Clan del Golfo desde el sur de los departamentos del Cesar, Bolívar y Magdalena Medio.

“Sabemos que tendrían la intención de ingresar a la zona del Catatumbo”, dijo la defensora, recordando que esta no sería la primera vez, solo que en otras ocasiones ha encontrado resistencia por  parte de los grupos de la región, por eso ahora “es importante tenerlo presente y controlarlo, porque de concretarse podría significar un agravamiento de la situación humanitaria”.

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Llamado de atención sobre la estigmatización

Durante su intervención, la representante del Ministerio Público llamó la atención sobre la estigmatización como un elemento que ha cobrado vidas y que se configuran como nuevos escenarios de riesgo.

En este sentido, Marín hizo referencia a los señalamientos que han hecho altos funcionarios del gobierno nacional.

En este sentido, se refirió a los señalamientos hechos por el propio presidente Gustavo Petro, cuando insinuó que líderes sociales del Catatumbo eran colaboradores directos  de los grupos armados; mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo lo propio contra el personero de Ocaña Jorge Bohórquez, cuando éste cuestionó los resultados de la Conmoción Interior.

“Esta situación preocupa de manera especial a la Defensoría, por eso hemos solicitado al alto gobierno la retractación, porque la estigmatización de personas, de la población civil, sigue siendo una fuente de riesgo que agrava la situación en el territorio”, señaló Marín.

Recomendaciones

Tras la presentación del crítico panorama en el Catatumbo, la defensora entregó una serie de recomendaciones, que van desde garantías a las víctimas en su registro, a los entornos escolares y fomentar lo más posible los retornos seguros.

Respecto al tratamiento de los afectados por desplazamiento, Marín hizo un llamado a la entidad responsable -La Unidad para las Víctimas- para que haga una actualización de este registro, “es fundamental que las declaraciones y censos sean valorados y se conviertan en inclusiones o no en el registro único. Eso va a permitir caracterizar de mejor manera a la población, ubicarla y dar una mejor respuesta a las necesidades de las víctimas”, indicó.

En cuanto a la atención social y humanitaria integral, Marín pidió que se haga con carácter diferencial, para tener en cuenta las necesidades especiales de las comunidades étnicas, de la niñez, de las mujeres, de las personas con discapacidad, así como atender las necesidades específicas de la población migrante que también ha sufrido los impactos de esta guerra.

Otra de las recomendaciones está relacionada con el fortalecimiento de la Fuerza Pública, pero también de las garantías de respeto al derecho internacional humanitario.

Marín dijo que esta sugerencia obedece a una queja sobre una presunta extralimitación de parte de uniformados que ya está en investigación. “Aquí lo importante es extremar los controles, para que la fuerza pública no se convierta en un factor de infracciones contra la población civil o contra personas puestas fuera de combate”, indicó la defensora.

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Hacer un esfuerzo para blindar los entornos escolares y para que los niños sigan formándose en espacios seguros es otro de los llamados de la defensora.  “Es importante protegerlos de los múltiples riesgos de infracciones al derecho internacional humanitario”.

Acelerar la implementación de las medidas de protección a líderes, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos, contempladas en el decreto 137 de la Conmoción Interior; así como establecer equipos de acción inmediata para la prevención del reclutamiento, especialmente de niños, niñas, indígenas, que están siendo víctimas de este flagelo, fueron otros de los llamados urgentes de la defensora.

La siguiente recomendación tiene que ver con el retorno, la reubicación, la reunificación familiar, esto en atención a las personas que han decidido volver a su territorio, por decisión propia en vista de su situación de desplazado, sin garantías de seguridad y dignidad.

“En ese sentido, llamamos a la reflexión de aquellas autoridades públicas, inclusive del alto gobierno, que han hablado de que ya hay retornos en el Catatumbo. La situación sigue siendo muy frágil y estos retornos no necesariamente tienen condiciones, como he dicho, de seguridad y de sostenibilidad”, dijo Marín.

Sobre la ZUT

Respecto a la instalación de la Zona de Ubicación Temporal para los miembros del Frente 33, Iris Marín indicó que aunque quisiera ser optimista, tiene “serias inquietudes” sobre esta acción legítima, contemplada en la política de paz total.

Marín señaló que la preocupación viene dada porque esta concentración se haría sin dejación de armas, en una zona en la que se desarrollarían proyectos de transformación territorial con participación de las comunidades, en un momento en que hay un conflicto activo.

“Por esa razón, más que objetar esta decisión, hacemos una invitación a que se tomen todas las medidas de evaluación del riesgo, para que esta zona de ubicación no vaya a generar nuevos peligros para la población del Catatumbo en un conflicto armado que continúa entre las disidencias del Frente 33 y el Eln”.

Etcr de Caño Indio a Cúcuta, otra preocupación

La defensora también se refirió a la reubicación que se hará del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Caño Indio, en zona rural de Tibú a zona rural de Cúcuta, justamente por el creciente riesgo sobre los firmantes que se encontraban establecidos en el lugar.

Sobre las implicaciones que podría tener este movimiento, Marín dijo que si bien es importante reubicar este Etcr, es necesario “evaluar muy bien el lugar, porque infortunadamente estamos en una región muy inestable y aquí en Cúcuta hay escenarios de riesgo distintos al Catatumbo, por lo que hay que estar seguros que no van a enfrentar nuevas situaciones”.

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Reacciones

Tras la presentación del informe sobre la situación del Catatumbo por parte de la Defensoría del Pueblo hubo reacciones de parte de autoridades locales.

Luis Fernando Niño, alto consejero para la Paz en Norte de Santander, se mostró de acuerdo con el diagnóstico y espera que esta vez sí sea tomado en cuenta con mayor seriedad por parte de las autoridades del orden nacional.

“A partir del sistema de alertas tempranas, la Defensoría nos muestra escenarios y unas recomendaciones que aunque no tienen fuerza vinculante, sí tienen una fuerza moral, porque es la doctrina de derechos humanos, donde la entidad nos dice qué hacer y, por lo general, al tener ellos información prioritaria de las comunidades, son los caminos que uno debe seguir”, expresó Niño.

Para George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana del departamento, no hubo sorpresas, pues la radiografía de la defensora se corresponde con el seguimiento que se hace desde el PMU.

Coincide en la recomendación que tiene que ver con el retorno seguro, “lo hemos dicho desde la Secretaría de Seguridad, todavía no hay unas condiciones reales en territorio para poder volver allá. Esperamos que con esta nueva apuesta del Gobierno Nacional, pueda llegar la paz que estamos esperándolo desde hace mucho tiempo”, dijo.

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