En Colombia se estima que cerca de 6.8 millones de personas están dedicadas al cuidado no remunerado, y un 85,7 % de ellas son mujeres, lo que evidencia una marcada división de roles de género. 

Así lo reflejan datos de la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado del DANE, que advierten sobre la necesidad urgente de valorar el aporte de todas las personas cuidadoras —familiares o profesionales, remuneradas o no— que entregan su tiempo y energía al bienestar de quienes, por enfermedad, discapacidad o edad avanzada, requieren atención permanente.

Mientras que, en el contexto internacional, la ONU calcula que la fuerza laboral vinculada al cuidado asciende a 249 millones de mujeres y 132 millones de hombres, es decir, la desigualdad persiste: las mujeres asumen más de tres cuartas partes del trabajo de cuidado no remunerado, dedicando en promedio 3,2 veces más tiempo que los hombres.

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Una situación que las expone a mayor vulnerabilidad económica, sobrecarga física y afectaciones en su salud, al tiempo que su labor —muchas veces silenciosa e invisibilizada— sostiene no solo a las personas que cuidan, sino también a un sistema social que todavía no reconoce plenamente su valor.

Esto se traduce en que, pese a ser esencial, el trabajo de cuidado continúa relegado a la esfera privada, sin garantías laborales ni el reconocimiento que merece como pilar fundamental del bienestar colectivo.

“Hay algo que Colombia y el mundo debe entender y es que el cuidado no puede seguir siendo visto como una responsabilidad privada y femenina, hay nuevas leyes que deben aplicarse para garantizar derechos, visibilizar el aporte de quienes cuidan y repartir de manera más equitativa esta tarea esencial para la vida, porque es que al final, todos dependemos del cuidado”, menciona Gloria Herrera, socióloga y especialista en políticas sociales. 

Normatividad

El oficio del cuidador en el contexto colombiano ha sufrido cambios, dando una oportunidad acertada para que las personas que ejercen la labor tengan un papel más activo en la sociedad a nivel local, nacional e internacional.

En 2023, se expidió la Ley 2297 que marcó un hito al reconocer los derechos de las personas cuidadoras, garantizando acceso a formación a través del SENA, atención en salud mental y física, y flexibilidades laborales, precisando que, además, se creó un registro nacional de cuidadores para focalizar políticas y beneficios.  

Mientras que, en febrero de este año, el Conpes 4143 aprobó la Política Nacional de Cuidado (PNC), con una inversión de 25,6 billones de pesos y 133 acciones a ejecutar en los próximos diez años. 
Una PNC que, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de la Igualdad y Equidad, tiene como objetivo  transformar la organización social del cuidado de aquí al año 2034 para garantizar los derechos de quienes cuidan y de quienes requieren cuidado, destacando que dicha transformación implica transitar desde una estructura patriarcal, familista y desigual hacia un modelo de corresponsabilidad social, colectiva y comunitaria. 

Sin embargo, aunque el país ha logrado estos avances alrededor del derecho al cuidado como aproximaciones desde la jurisprudencia constitucional, avances en materia legislativa y la emisión de una PNC, algunas entidades como la Defensoría del Pueblo ha evidenciado dificultades en la implementación efectiva de estas medidas. 

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Y es que, según ha informado la entidad, se han presentado demoras e incumplimientos por parte de las entidades del Estado en las acciones que permitan hacer tangibles las medidas a favor de las personas cuidadoras, detallando que, si bien es fundamental emitir normas y actos administrativos, es necesario formular acciones que permitan aterrizar este derecho en los territorios y reivindicar el trabajo de cuidado que ha recaído históricamente en las mujeres, grupos étnicos y campesinos.

“Cuando se aprobó la Ley 2297 de 2023 se marcó un hito en la protección de las personas cuidadoras en el país, porque su objetivo es claro: garantizar la autonomía de las personas con discapacidad y, al mismo tiempo, proteger a quienes las cuidan, bajo un enfoque de derechos humanos y biopsicosocial, pero una cosa es crear la política, establecer metas y otra es implementarla correctamente”, agrega Herrera. 

La experta detalla que si bien es cierto que la norma define por primera vez figuras como el ‘cuidador’ o ‘asistente personal’ y establece el deber del Estado de ajustar su marco legal al lenguaje de la Convención sobre Discapacidad en un plazo máximo de tres años, también introduce medidas concretas: desde flexibilidad laboral para familiares cuidadores, hasta programas de emprendimiento, formación y certificación de competencias para dignificar el trabajo de cuidado.

“La ley garantiza el acceso preferente de los cuidadores más vulnerables a programas sociales, subsidios en salud, y atención física y psicosocial prioritaria, pero esto no puede ser solo un reconocimiento simbólico, debe ser la apertura de rutas efectivas para que el cuidado deje de ser un esfuerzo invisible y se convierta en un derecho protegido y respaldado por el Estado”, menciona la profesional. 

Avances 

De acuerdo con el Ministerio de la Igualdad y Equidad, recientemente se logró la consolidación de 40 acuerdos que fortalecen la dignidad y los derechos de las personas cuidadoras en Colombia.

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Entre las medidas pactadas se encuentran:

Salud: creación de un protocolo de atención diferencial para personas cuidadoras, caracterización de su situación y eliminación de barreras en el acceso a servicios médicos.
Protección social: revisión de casos excluidos de programas como Renta Ciudadana, entrega de apoyos alimentarios y donaciones, así como inclusión de criterios especiales para cuidadoras en el Sisbén y el Registro Social de Hogares.
Trabajo y pensiones: reconocimiento de los perfiles ocupacionales de cuidador y asistente personal, incorporación de acciones específicas en políticas laborales y difusión de la reforma pensional con enfoque territorial.
Vivienda: acceso preferencial a programas de mejoramiento y adquisición de vivienda para personas cuidadoras con bajos ingresos.
Educación y formación: lineamientos para inclusión y movilidad escolar, procesos educativos articulados con SENA y Mintrabajo, y fortalecimiento de la capacitación en perfiles de cuidado.

Cúcuta dio un paso 

En marzo de este año, la Alcaldía de Cúcuta y la gestora social Yirley Vargas presentaron el avance del proceso de adecuación y dotación del primer Centro CuidArte, un espacio pensado para brindar bienestar, formación y oportunidades económicas a quienes dedican su vida al cuidado de otras personas.

Ubicado en el barrio La Libertad, este es el primer sistema de cuidado en Norte de Santander y el quinto en Colombia, después de Medellín, Bogotá y Cali. 

El programa CuidArte articula el trabajo de varias secretarías municipales para garantizar una atención integral. Su modelo se sustenta en siete componentes: formación académica y técnica para cuidadores; espacios de descanso y recreación; iniciativas para la generación de ingresos; desarrollo artístico y cultural a través de “CultivArte”; inclusión plena de personas con discapacidad; atención especializada a adultos mayores y procesos de transformación cultural que reconozcan la importancia del cuidado como pilar de la sociedad.

El centro cuenta con áreas deportivas, salones para talleres y oficios, una ludoteca infantil y zonas dedicadas a actividades como yoga y bailoterapia. 

Un espacio con el que Cúcuta busca brindarles reconocimiento, formación y alternativas a todos los cuidadores para mejorar su calidad de vida. 

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Quince años al cuidado de su madre

Desde hace 15 años, Rosa* se convirtió en la cuidadora principal de su madre, quien quedó parapléjica tras un accidente de tránsito y es que la vida de ambas cambió por completo aquel día.

Sus hermanos viven en otras ciudades y, aunque envían algo de dinero, la responsabilidad del día a día recae totalmente sobre ella. 

Antes del accidente, Rosa trabajaba como vendedora informal en las calles de Cúcuta, pero tuvo que dejar su actividad para atender las necesidades permanentes de su madre.

Con el paso del tiempo, ha aprendido a movilizarla, atender sus medicamentos, ayudarla en la alimentación y cubrir cualquier imprevisto. Sin embargo, este compromiso le ha significado renunciar a muchas cosas como desistir de la idea de buscar un empleo formal y dejar de lado actividades personales que alguna vez soñó realizar.

Para cubrir los gastos, Rosa se rebusca vendiendo productos por catálogo, una labor que organiza entre las pausas que le permite el cuidado de su madre. Sin embargo, a pesar de las dificultades y del agotamiento físico y emocional, asegura que su mayor motivación es brindarle bienestar y compañía a quien le dio la vida. 

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“Uno hace todo con amor, pero hay días de mucho cansancio, no solo físico, sino que también uno emocionalmente a veces se ve y se siente como perdido, de querer hacer más y no poder, pero toca ser pacientes, porque mi mamá nos sacó adelante con esfuerzo y ahora es ella la que necesita ser cuidada”, dice Rosa. 

Sobre las políticas de cuidado que está impulsando el Gobierno nacional, Rosa señala que sí las ha escuchado, pero siente que en la práctica el acceso es limitado: “Las ayudas no siempre llegan a quienes las necesitamos, y muchas veces ni siquiera sabemos cómo llegar a ellas”. 

(Nombre cambiado por solicitud de la fuente) 

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