En una audiencia convocada por la Corte Constitucional para evaluar cuál ha sido la respuesta del Estado frente a la crisis humanitaria en la región del Catatumbo y cuáles han sido los efectos de la conmoción interior declarada allí en enero de este año, organismos de control advirtieron que la crisis está lejos de resolverse y los recursos invertidos han sido insuficientes.
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, manifestó que, de $2,78 billones que se aprobaron, se ha ejecutado alrededor del 50%, que se han traducido en 22.473 contratos por un valor total de $1,94 billones.
Sin embargo, recogiendo la opinión de líderes de la región, la entidad afirmó que el problema del Catatumbo no es la falta de un plan, sino una crisis de ejecución.
Aunque reconoció avances en educación, inclusión productiva y atención humanitaria, advirtió que persisten rezagos en infraestructura, vivienda y formalización de tierras, así como una débil articulación entre entidades nacionales y territoriales.
“El Catatumbo sigue siendo un espejo de las deudas históricas del Estado colombiano, pero también una oportunidad para demostrar que la institucionalidad puede actuar de manera articulada, transparente y eficaz”, afirmó el Contralor General.
Lea aquí: Cúcuta registra cifra récord de homicidios y preocupa escalada criminal
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, por su parte, manifestó que la situación de violencia y violaciones a los derechos humanos en la región sigue presentándose.
"Los ataques están dirigidos principalmente sobre la población civil. Hasta el 4 de noviembre la Gobernación de Norte de Santander reportó un total de 84.346 personas desplazadas, 1.740 confinadas y 163 asesinadas (...) Salvo una disminución que se evidencia en los datos de confinamiento, lo cierto es que esta violencia no se ha detenido", dijo Eljach.
El procurador llamó la atención sobre el uso de drones por parte de los grupos armados ilegales, que ha agravado la degradación del conflicto.
"El departamento de Norte de Santander es el tercero más afectado por esta modalidad después de Cauca y Antioquia, con 513 ataques de ese tipo entre enero y julio de 2025", dijo.
Y agregó: "no hay condiciones de seguridad para el retorno de los desplazados, la mayor parte de quienes lo han hecho decidieron hacerlo bajo su propia responsabilidad".
En la audiencia convocada por la Corte participaron, entre otros, Juan Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras; Augusto Rodríguez, director de la UNP; Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, y Astrid Eliana Cáceres, directora del ICBF.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
