La trashumancia es uno de los delitos electorales más frecuentes que se presenta en Colombia durante los procesos electorales, del cual no está exento Norte de Santander.
De acuerdo con datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), para 2023, el riesgo de trashumancia en el departamento estaba dado para 15 de los 40 municipios, es decir, un 37.5% de la entidad territorial enfrentaba la posibilidad de registrar fraude electoral.
El vicepresidente del CNE, Cristian Quiroz, señaló que aunque la trashumancia en Norte de Santander está determinada en buena medida por su vecindad con Venezuela, no es exclusiva del departamento, sino que es algo que se da en todo el país y que es fácil de controlar, por lo que espera no haya inconvenientes al respecto para los procesos que se avecinan en 2026.
La razón: “porque nosotros tenemos el registro”, dijo, explicando que es una data donde se muestra la información del elector, por medio de la cual se confirma su arraigo (familia, casa, negocio) a un determinado lugar; por eso cuando la persona intenta inscribirse en un nuevo lugar pero no puede comprobar esa pertenencia automáticamente el Consejo Nacional las excluye del censo.
“A eso lo llamamos trashumancia electoral y no pueden votar”, señaló Quiroz Romero, aclarando que “no es que no puedan votar, sino deberán hacerlo en el último municipio que pudieron hacerlo”.
Indicó que, de acuerdo con el último proceso de depuración, en Villa del Rosario, uno de los municipios con mayor riesgo de trashumancia en Norte de Santander, fueron excluidas 1.200 cédulas.
Los otros municipios en riesgo de trasteo de votos según la MOE son Santiago, Cácota, Cúcuta, Durania, Herrán, Pamplona, Puerto Santander, Tibú, Cáchira, Hacarí, La Playa, Los Patios, Ocaña y San Cayetano.
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