En el escenario de una contienda electoral son muchas las tensiones que se viven en el Catatumbo. Entre los ‘paros armados’, la presencia de cultivos ilícitos, los desplazamientos, secuestros, extorsiones y asesinatos -que generan los grupos armados ilegales- los alcaldes de la región intentan gobernar en medio de amenazas.

Después de un ataque en el que resultó ileso el mandatario del municipio La Playa de Belén, Íder Humberto Álvarez,  anunció el 6 de junio pasado que por razones de seguridad saldría de su territorio para despachar desde Cúcuta.
“Con nostalgia debo salir del municipio de La Playa de Belén. Ha sido una recomendación de las autoridades minimizar los riesgos”, declaró en una entrevista a medios locales. 

Además, explicó que no contaba con la seguridad, ni con las garantías, de que las amenazas que venía recibiendo, y que se concretaron el 24 de marzo pasado, no se materializaran. 

Desde el 2021 comenzaron las intimidaciones al  funcionario por parte de Ejército Popular de Liberación (Epl) y en lo sucesivo, el amedrentamiento fue aumentando. “Lamentablemente no solo yo estoy en esta situación, hay más compañeros viviéndolo, es muy complejo todo”, expresó en sus declaraciones Íder Álvarez.

Una semana antes, el alcalde de Tibú, Nelson Leal, tuvo que sacar de la jurisdicción a su hijo, Eliar Mauricio Leal -de 21 años de edad-, porque su vida corría peligro. El joven trabajaba como gestor social en la alcaldía, apoyando las labores de la administración, y de un momento a otro comenzaron a llegarle mensajes intimidatorios.

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El lunes 30 de mayo, luego del proceso electoral de la primera vuelta para elegir al nuevo presidente de Colombia, Eliar Leal fue abordado por motorizados que le dieron un ultimátum. Debía salir del municipio de inmediato o de lo contrario irían por él.

“No puedo decir en realidad cuál grupo sea, pero la verdad da tristeza que se le amenazó, esto comenzó desde meses atrás. Yo pensé que era una situación común y corriente pero nos dimos cuenta el día después de las elecciones que era algo mayor, porque lo abordaron y para mí fue algo terrible”, dijo el alcalde de Tibú.

Nelson Leal reconoció que como mandatario en una región como el Catatumbo está expuesto a estas y otras situaciones que ponen en riesgo su seguridad. Sin embargo, identifica que “otras fibras” se mueven cuando la violencia apunta a sus seres queridos. 

“A mí me han amenazado también  y es obvio que uno a diario vive con esto. Cuando es hacia mí, uno lo toma como si fuera hacia el Estado, pero cuando es hacia el hijo de uno o le tocan a alguien de la familia, ya le llegan a los hilos más fuertes y dice uno, ahí si ya no”, dijo  Leal con notoria nostalgia. 

En medio de esta tensión seguirá en Tibú, ejerciendo sus funciones de alcalde, o al menos eso espera. No pierde la esperanza de que todo se esclarezca y que en las investigaciones se determine que no se trata de algo “grave” para que su hijo pueda regresar. 

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Al mencionarlo, él mismo se interrumpe para corregirse con una lúcida consciencia. “(…) aunque la realidad es que aquí cuando a alguien se amenaza y no toma las medidas de precaución, siempre se llega a los extremos y esas amenazas siempre se cumplen”, sentenció.

“Uno vive en una zozobra permanente”

Ser alcalde en la región del Catatumbo es gobernar a merced del miedo. Así lo afirma Dimar Barbosa, alcalde de Convención. En el último año, ha tenido que cambiar de línea telefónica tres veces. No atiende llamadas de número desconocidos y mucho menos responde mensajes de dudosa procedencia. 

“Uno vive en una zozobra y un miedo permanente, así uno no tenga amenazas, por ejemplo en mi caso, yo no tengo amenazas ni del Eln, ni de las Farc. Entre el 2020 y 2021  yo cambié el número porque recibía mensajes supuestamente del Epl aunque a veces uno sabe que eso es también delincuencia común organizada”, expresó Barboza.

Contó que siempre se mantienen pensativo y recreando cualquier escenario posible acerca de su seguridad y la de su familia, “que en cualquier momento una llamada, en cualquier momento un mensaje y lo digo porque yo lo viví. En el 2020 viví tres extorsiones, el año pasado (2021) dos. Cuando yo veo un mensaje de un número extranjero, de inmediato me imagino que es alguien amenazando, extorsionando”, dijo.

Para Dimar Barbosa manejar su gobierno en ese clima de tensión es difícil, sobre todo cuando tiene que desplazarse entre municipios y en las zonas rurales. Afirma que esta es una realidad que viven todos los mandatarios de la región. 

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“Es complicado porque cuando uno como alcalde en una zona como Catatumbo sale a una vereda, sale a la zona rural, lo primero que te encuentras en una vuelta es a una persona que pertenece a un grupo o al otro. Quien te niegue eso te miente. Que a uno no lo paren en cualquier sector al menos para preguntarte para dónde va, qué va a hacer, el alcalde que te diga de la provincia de Ocaña que no le ha tocado eso te miente”, expresó.

La clave que ha tenido Barboza para ejercer este cargo es mantener, ante todo, el equilibrio. “No meterte ni para un lado ni para el otro y hacer las cosas de manera transparente. Si se puede gobernar en el Catatumbo, pero decirte que es fácil es mentirte. Existen muchas presiones, pero a pesar de tanto hostigamiento, se logra”, mencionó.

Por otro lado, considera pertinente manejarse con prudencia ante algunos eventos amenazantes porque una reacción indebida puede convertirlos en objetivos claros de estos actores.

 “Hace dos meses me colocaron una bomba en el municipio. La comunidad esperaba que yo saliera y dijera ‘pilas Ejército, aquí hay unas bandidos, hay unos criminales que me colocaron bomba’. Si yo salgo y digo eso me convierto automáticamente en enemigo número uno de quien lo colocó”, consideró. 

Gobernar con la ilegalidad 

Yair Díaz, alcalde de El Tarra, opina que la mayor adversidad que enfrentan los alcaldes en el Catatumbo es el tema de la seguridad en medio del conflicto armado, pero también por la existencia de cultivos ilícitos que se convierten en agentes de riesgo en el ejercicio de la función pública, “sobre todo porque se cuenta con poca capacidad operativa y económica”, dijo.

Para el funcionario es “muy difícil” generar gobernabilidad con la presencia de organizaciones armadas porque “el cumplimiento de las leyes y la Constitución chocan con los intereses de esos grupos y hay un control bastante alto en el territorio donde los movimientos económicos, el tema organizacional y de la convivencia pasan por estos filtros”, contó.

Explicó que los mandatarios están expuestos a sufrir en cualquier momento algún tipo de represión, retención o amenaza cuando sus decisiones toquen los intereses de estas fuerzas que operan en la ilegalidad.   

Por su parte, el alcalde de El Carmen, Wilfredo Gelvez, opina que existe una enorme presión sobre los alcaldes porque estas organizaciones imponen sus propias leyes desde sus intereses.  

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“Cada vez que nosotros hacemos algún movimiento de gobierno estamos supeditados a eso.  Entonces tenemos que debatirnos entre cumplir nuestro plan de desarrollo y ver cómo le hace frente a esta situación de conflicto”, explicó.

Gelvez, también opina que la presencia de cultivos ilícitos limita la capacidad que tienen para ejecutar proyectos productivos. “Cada vez que uno pretende llevar una oferta agrícola se enfrenta con esas barreras porque no hay una alternativa clara del Gobierno Nacional y departamental, y menos local de poder ofrecerles una alternativa que pueda suplir lo que hoy les genera esa economía ilícita a ellos”, señaló el alcalde de El Carmen. 

Mayor protección

El alcalde de Ocaña, Samir Casadiego, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se tenga más atención a la seguridad de los alcaldes de esta zona del país. “para nadie es un secreto que quienes ejercemos este rol de autoridades administrativas  en esta región el país nos vemos enfrentamos al accionar de estos grupos”, dijo.  

Aunque el municipio de Ocaña geográficamente no hace parte del Catatumbo, pero si se ubica en su cabecera, ha recibido la réplica de acciones violentas por atentados y asesinatos perpetrados por estas fuerzas ilegales. 

“El municipio es el centro de retaliaciones y hemos visto que nos aumenta el delito de homicidio sobre todo en el sector rural o en la vía que comunica a Ocaña con el Catatumbo. Después de las investigaciones se puede determinar que en un alto porcentaje de estos delitos tienen injerencia estas organizaciones”, declaró. 

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