Ocho años después de una larga indagación, la Fiscalía General de la Nación no encontró elementos que le permitieran seguir adelante con el proceso penal que cursaba en ese organismo contra el excontralor de Cúcuta en el periodo 2012-2015, Carlos Eduardo Coronel, por presunto enriquecimiento ilícito y resolvió archivarlo.

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El exfuncionario había sido denunciado el 3 de diciembre de 2015 por el ciudadano Alexander de Jesús Marín Martínez, quien aseguraba que durante su paso por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entidad de la que fue delegado en Norte de Santander, Coronel obtuvo un incremento patrimonial injustificado, con la supuesta participación de algunos familiares.

Marín Martínez alegaba que era imposible que solo con su salario, el excontralor pudiera justificar el estilo de vida que llevaba, así como las propiedades adquiridas.

Estos argumentos, sin embargo, fueron desvirtuados por la Fiscalía Octava Especializada, encargada del caso, que tras años de cotejos, investigaciones y una exhaustiva revisión de las pruebas aportadas, incluso por la misma defensa de Coronel, concluyó que el denunciado “no presenta ningún valor a justificar”.

Dice el ente acusador que para llegar a esta consideración, la experta contable que revisó todos los documentos, tuvo en cuenta los soportes aportados durante el proceso, “llevando a cabo un análisis patrimonial de ingresos y gastos, y flujo de efectivo de los años en mención”.

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Entre los elementos materiales probatorios que fueron sometidos a revisión, con el fin de determinar si la conducta denunciada se podía configurar efectivamente como un posible enriquecimiento ilícito, estuvieron escrituras de inmuebles, hipotecas, préstamos bancarios, certificaciones sobre los diversos cargos públicos que desempeñó Carlos Eduardo Coronel, procesos ejecutivos, justificaciones sobre los ingresos de algunos de sus familiares, entre otros.

“Elementos que fueron sometidos luego a un estudio por parte de un perito contable que inicialmente rindió un informe y, posteriormente, lo complementó de manera favorable al indiciado”, dice la orden de archivo del caso Coronel.

Para sustentar la decisión, se tuvieron en cuenta los cargos que ocupó el excontralor desde 1996 hasta 2015, cuando dejó la Contraloría Municipal, y señaló que el desempeño de diversas funciones como asesor de la Contraloría, de la Alcaldía de Los Patios, de las Empresas Municipales del municipio metropolitano, secretario de despacho de la Alcaldía de Cúcuta y otros más que ejerció, le generaron un incremento en su patrimonio económico.

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La perito contable analizó y comparó detalladamente el patrimonio obtenido por el denunciado según lo registrado en sus declaraciones de renta de 2012 a 2015, los valores recibidos en ese mismo lapso de tiempo y un consolidado de ingresos y gastos conforme a lo registrado en las mismas declaraciones y rindió el siguiente concepto final:

“De acuerdo con la documentación aportada en las carpetas de la noticia criminal (…), se pudo observar que el precitado no presenta ningún valor a justificar, lo anterior para o que considere pertinente la señora fiscal”.

La Fiscalía también indagó sobre el patrimonio económico de varios familiares del excontralor y tras cotejar toda la información determinó que no era posible encontrar elementos objetivos que permitieran caracterizar un delito.

“En este orden de ideas, se procederá al archivo de las presentes diligencias, por atipicidad de la conducta denunciada, acotando que en caso de sobrevenir nuevos elementos materiales probatorios que tengan la vocación de modificar su contenido porque demuestren la posibilidad, desde el punto de vista objetivo, de que el comportamiento materia de la pesquisa sea susceptible de adecuación típica, se reanudará la indagación, siempre y cuando la acción penal no haya prescrito”, se puede leer en la orden de archivo.

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Ronald Sanabria, el abogado que estuvo al frente de la defensa de Carlos Eduardo Coronel, explicó que a pesar de que el equipo jurídico presentó toda la documentación sobre el patrimonio económico del excontralor desde 2015, se presentaron demoras en resolver la indagación por  la naturaleza misma del proceso, al tratarse de un tema económico que implica mucha investigación, y los constantes cambios de fiscal.

“Nosotros presentamos más de 300 documentos para justificar los ingresos de mi defendido, buscamos un contador profesional y en gran medida lo que hizo la Fiscalía fue, a partir de lo que nosotros presentamos, corroborar que esa información fuese realmente cierta, como en efecto ocurrió”, señaló.

Sanabria recordó que la misma persona que presentó la denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito, interpuso de manera paralela por lo menos siete u ocho denuncias más contra Coronel, pero todas se han ido archivando.

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