El presidente Gustavo Petro perdió un round este miércoles en el escenario legislativo al destapar de sorpresa una de sus cartas más estratégicas, y a su vez polémicas, con la que busca acelerar su proyecto de ‘paz total’: le propuso al Congreso que le dé facultades para diseñar el marco reglamentario para el sometimiento de los grupos armados al margen de la ley.

Este mecanismo permitiría que el Jefe de Estado diseñe, vía decreto, los términos legales del sometimiento de los grupos armados, lo que se traduciría en un salto por encima del Congreso al tratarse de un procedimiento diferente, por ejemplo, al de la Ley de Justicia y Paz, que creó el marco legal para negociar con paramilitares y fue discutido y aprobado por el Legislativo.

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Precisamente esa fue la polémica que se trasladó al Congreso, donde se cuestionó que esta propuesta con la que Petro buscaría acaparar más poder, fue anexada a última hora al proyecto de ley de orden público y tal fue el calibre de la polémica que desató que en lugar de ser aprobada por la aplanadora legislativa del petrismo, terminó aplazada para el lunes por falta de quórum.

¿Petro quiere más poder?

El posible otorgamiento de facultades para el Mandatario enfrentó al Congreso este miércoles porque su inclusión en el proyecto de ley de orden público se hizo a última hora y fue tan sorpresiva que incluso el presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que no lo conocía. “En el proyecto que aprobamos en la Comisión Primera no estaba incluido”, aclaró Barreras.

Una de las primeras voces que se manifestó en contra de esta pretensión fue la de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien celebró como una victoria el aplazamiento por falta de quórum, después de que se negó su proposición para postergar la discusión.

“Con el fast track de la paz de (Juan Manuel) Santos no nos dejaban hablar, pero al menos el Congreso conocía los acuerdos. Ahora quieren que con la firma del presidente eso se convierta en política pública obligatoria con carácter de ley”, cuestionó Valencia.

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En defensa de la iniciativa salió el ponente del proyecto, Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, quien aclaró que se trata de una medida transitoria para que durante seis meses el Presidente pueda establecer vía decreto los términos de sometimiento a la justicia de los grupos ilegales.

“El espíritu del inciso era que mientras se aprueba en Congreso la ley de sometimiento a la justicia, eventualmente el Gobierno pudiera de manera transitoria tomar algunas medidas para grupos que se quieren someter ya como los que hay en Buenaventura”, explicó Uribe.

Para el senador Humberto de la Calle, quien lideró la delegación negociadora de paz con las Farc, sería “preocupante” darle esos poderes temporales al Jefe de Estado ya que “para el sometimiento de los grupos ilegales se necesita una ley y un componente de aplicación a través de la justicia para que esta delicada operación (de paz) salga bien”.

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Por ahora esta discusión quedó aplazada hasta el próximo lunes, pero este diario conoció que la bancada oficialista contempla desistir de las controvertidas facultades para Petro, pues las explicaciones tardías de este inciso sorpresa generó tanta inconformidad que los partidos descartaron que haya consenso al respecto.

En todo caso, no es la primera vez que el Presidente demuestra su interés por tener más facultades, pues lo mismo ocurrió con el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Igualdad, en el que se le otorgaron poderes especiales para definir las entidades que tendrá esa cartera.

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