La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia radicó este martes una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que suspenda provisionalmente el Decreto Legislativo 1390 de 2025, argumentando que el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica sin que existiera un hecho sobreviniente real y con el único objetivo de imponer una reforma tributaria evadiendo el debate democrático en el Congreso.

La petición fue dirigida específicamente al despacho del magistrado Carlos Camargo Assis, quien apenas horas antes asumió el conocimiento del expediente RE-387 tras el reparto realizado por la Sala Plena al finalizar la vacancia judicial. En su escrito, la congresista calificó la maniobra del Ejecutivo como una vulneración "manifiesta" de la Constitución Política de 1991 y advirtió sobre los riesgos de permitir que la normativa siga vigente mientras se surte el estudio de fondo.

Valencia enfatizó que la declaratoria de emergencia carece de los requisitos fácticos exigidos por la ley, al considerar que la situación financiera del sistema de salud no constituye un evento inesperado que justifique facultades extraordinarias. "No hay un hecho grave ni intempestivo, el Gobierno acudió a esta herramienta, sin fundamento jurídico, para imponer su tributaria por Decreto", señaló la senadora, cuestionando la validez de los argumentos presentados por la Casa de Nariño.

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El documento radicado invocó los criterios establecidos por la propia Corte en el Auto 272 de 2023, solicitando la aplicación de una medida cautelar excepcional ante lo que la oposición considera un daño institucional irreversible. Valencia argumentó que los efectos jurídicos del decreto son "automáticos, intensos e irreversibles", lo que podría generar que, para cuando salga el fallo definitivo, el impacto fiscal y democrático ya se haya consumado.

"La activación del régimen excepcional del artículo 215 de la Constitución Política, cuyos impactos institucionales, fiscales y democráticos se proyectan desde el mismo momento de su expedición, tornan indispensable la adopción de una medida cautelar para preservar la supremacía de la Constitución", explicó la congresista en la misiva enviada al Palacio de Justicia.

Esta solicitud de suspensión provisional añade presión al inicio del juicio constitucional, justo cuando los magistrados Camargo y Juan Carlos Cortés comienzan el análisis de los decretos. Mientras el Gobierno defendió la medida asegurando que necesita cubrir un faltante de 16 billones de pesos para cumplir con el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la oposición insistió en que dicho fallo judicial data de febrero de 2025, por lo que su cumplimiento no puede catalogarse como una crisis repentina.

La Corte Constitucional deberá ahora decidir si accede a esta petición de medida cautelar o si permite que los decretos, incluido el que fija nuevos impuestos a licores y patrimonios, mantengan su vigencia hasta que se produzca una sentencia definitiva sobre su exequibilidad.

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