Nuevamente, una acción de tutela revivió el accidentado proceso de revocatoria que se promueve desde el año pasado contra el alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, pero que ha sido aplazado en reiteradas oportunidades.

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Esta tarde se conoció que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta le ordenó al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, fijar una nueva fecha para la realización del mecanismo de participación que estaba programado para el pasado 30 de enero y que finalmente no se celebró.

En el fallo también se conmina a la Registraduría Nacional a que en un plazo de 48 horas, siguientes a la fijación de la nueva fecha para la votación de la consulta, proceda a adelantar los trámites necesarios relacionados con la elaboración y publicación del calendario electoral, so pena de incurrir en desacato.

Esta decisión responde a una acción de tutela que fue instaurada por Saturnino Velandia Solano, quien alegaba que con la suspensión de la revocatoria se le estaban vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso y participación política.

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Su petición fue acogida, luego de que la jueza de tutela encontrara que sí se estaba incurriendo en una violación a los derechos del accionante, “no por el actuar del ciudadano, si no de las entidades que tienen el deber constitucional de disponer lo necesario para la continuidad del proceso electoral”.

“En ese orden de ideas, resulta irrefutable, teniendo en cuenta el marco normativo en extenso en líneas precedentes, y conforme al artículo 33 de la Ley 1757 de 2015, que es el señor gobernador de Norte de Santander el competente para convocar nuevamente a las elecciones lo más pronto posible para que el mecanismo no tenga más dilaciones”, dice el fallo conocido por La Opinión.

Comenzando enero, el gobernador Silvano Serrano emitió un nuevo decreto convocando para el pasado 30 de enero la votación del mecanismo de participación, pero faltando apenas unos días para su celebración, el proceso quedó en veremos porque la Registraduría manifestó, una vez más, la imposibilidad de adelantar la votación, alegando falta de recursos.

En un oficio remitido al mandatario departamental, el registrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán, aseguró que en ese momento no contaban con la asignación presupuestal necesaria para adelantar los trámites logísticos y contractuales que implica el desarrollo de la jornada democrática.

Días después, el director general encargado de Presupuesto Público Nacional, Omar Montoya Hernández, le envió una carta al registrador nacional, Alexander Vega, informando que ese despacho ya contaba con los recursos suficientes para organizar la revocatoria contra el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez.

Sin embargo, la entidad insistió en que no disponía del tiempo suficiente para organizar la consulta y le pidió al gobernador aplazarla para el 27 de marzo. Esta petición no fue acogida por Serrano, tras argumentar que la fecha que se estableció debía mantenerse, por cuanto fue fijada en el marco de una decisión judicial que le tuteló el derecho a un ciudadano y como tal tenía que respetarse y cumplirse.

En medio de ese tire y afloje, el plazo fijado no se cumplió y la convocatoria a las urnas quedó en veremos.