Pese a que el presidente Gustavo Petro insiste en la Consulta Popular y en el respaldo del pueblo en las calles para sacar adelante sus reformas, esta iniciativa pareciera perder cada vez más fuerza y viabilidad.

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Después de que el registrador nacional, Hernán Penagos, anunciara que por ahora no comenzarán con los preparativos de su votación, hasta tanto no se diriman las controversias jurídicas que hay en torno a la convocatoria; y el Senado aprobara en último debate la reforma laboral, proyecto que era la razón de ser del mecanismo de participación, el Consejo de Estado le puso ahora freno de mano al llamado decretazo expedido la semana pasada.

Dicho acto administrativo fue el que profirió el jefe de Estado convocando para el 7 de agosto la celebración de la Consulta, apelando a una “manifiesta inconstitucionalidad de la decisión del Senado” que el 14 de mayo, por mayoría, negó la solicitud elevada por el mandatario, con el fin de llevar a las urnas las 12 preguntas de la reforma laboral.

A pesar de las voces que advertían una ilegalidad en la decisión del presidente y una posible extralimitación de funciones por parte del Ejecutivo, además de una evidente violación del artículo 104 de la Constitución, que exige “concepto previo favorable del Senado” para convocatorias de Consulta Popular, Gustavo Petro decidió firmar el Decreto 0639.

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Sin embargo, ayer, al Gobierno le llegó el primer campanazo de alerta, en el sentido de que la postura asumida sí pudo estar equivocada, luego de que el Consejo de Estado decidiera acoger una medida cautelar de urgencia que se solicitó en una de las 44 acciones de nulidad que cursan hoy en ese alto tribunal, en contra del decreto de la Consulta.

La demanda fue la que instauró el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y varios congresistas más, alegando que se vulneraron varios artículos de la Constitución Política y de las leyes que regulan el desarrollo de los mecanismos de participación en Colombia.

Aunque esta no se ha resuelto de fondo, el Consejo de Estado decidió suspender de manera provisional los efectos jurídicos del decreto de convocatoria, toda vez que se demostró en esta etapa inicial del proceso que sí hubo una omisión a la norma, como quiera que este fue expedido sin el concepto previo favorable del Senado de la República.

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“Para la Sala, resulta procedente dar aplicación al trámite de urgencia a la solicitud de suspensión provisional del Decreto 0639 de 2025, en aras de procurar porque no se materialicen las actuaciones que deberían adelantarse para la jornada electoral que se pretende realizar el próximo 7 de agosto de 2025, pues, se insiste, se logró demostrar, en esta inicial etapa del proceso, la infracción de las disposiciones constitucionales y legales, que imponen la necesidad de contar con el concepto favorable del Senado de la República, cuando se pretenda convocar a Consulta Popular”, se puede leer en el auto del tribunal.

Los magistrados señalan en su decisión que esta se sustenta en la “absoluta inminencia y gravedad de la transgresión que los peticionarios pretenden evitar”.

Y agregan que lo que le corresponde al alto tribunal en esta instancia en que se encuentra la solicitud de nulidad del decreto, es definir la legalidad o constitucionalidad de la decisión del Senado e insisten en que, “no se advierte la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad a la que alude el cuestionado decreto”.

La respuesta del presidente

El mandatario de los colombianos reaccionó rápidamente a la medida cautelar que deja en el congelador el decreto que convoca a la Consulta Popular, pero no profundizó en la decisión que se tomó, sino en lo que viene para la reforma laboral.

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En ese sentido, aseguró que es el Congreso el que tiene la última palabra, como quiera que al proyecto aprobado el martes en la noche le resta la etapa de conciliación, en donde se deberán alinear los textos que recibieron luz verde en el Senado y la Cámara.

“Claro que la mesa directiva de Senado puede usar la suspensión, para detener la conciliación y acabar con los derechos recién adquiridos por millones de trabajadores de Colombia, o puede cumplir su palabra; ya no es ante mí, como presidente, es ante el pueblo, y no es una amenaza, el pueblo tendrá la última palabra, porque es el poder soberano, el verdadero dueño del poder”, escribió en X.

No obstante, horas después se conoció que ya existe un acuerdo entre los conciliadores para acoger el texto del Senado, por cuanto mejora algunos de los aspectos que contempla la reforma y, esto, entonces, evitará el escenario al que le teme el jefe de Estado, que es un eventual hundimiento del proyecto, teniendo en cuenta que restan solo dos días para el cierre de la presente legislatura.

Respaldo a la suspensión

Al igual que la decisión adoptada por la Registraduría Nacional frente al futuro de la Consulta Popular, la suspensión que ordenó el Consejo de Estado del decretazo presidencial también recibió una amplia acogida entre los distintos sectores del país.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente del Senado, Efraín Cepeda, uno de los demandantes, quien consideró que la medida cautelar lo que busca es proteger el Estado de Derecho y evitar un daño irreparable.

“Este auto resalta la importancia de la separación de poderes y el rol de los mecanismos de pesos y contrapesos en el sistema democrático”, dijo.

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El mismo registrador nacional, Hernán Penagos, también se refirió al pronunciamiento del alto tribunal y señaló que lo que está haciendo esta entidad, es “actuar con mucho sentido jurídico porque, sin duda, existía una controversia que requería una posición jurídica muy clara”.

“Lo correcto siempre ha sido esperar a que las cortes decidan y, en este caso, el Consejo de Estado tomó la decisión que ordena suspender el decreto que convoca a Consulta. Esto traza una ruta jurídica muy clara del futuro de esa convocatoria”, planteó.

La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, entre tanto, consideró que con el decreto del presidente “pasó lo obvio”.

“El presidente le hizo caso a Montealegre y usurparon funciones exclusivas de la justicia. Más advertido imposible”, expresó.

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En los próximos días se espera que haya un pronunciamiento de fondo en el Consejo de Estado sobre la acción de nulidad.

Listos los conciliadores

Contrario a los temores que advertían tanto el presidente Gustavo Petro, como el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre la suerte que pudiera correr la conciliación que le resta a la reforma laboral para que pueda ser una realidad, ayer se conocieron no solo los nombres de quienes asumirán esa misión, sino el acuerdo que existe para que ese trámite se dé sin mayores tensiones.

En la Cámara, la mesa directiva delegó a los representantes María Fernanda Carrascal  (Pacto Histórico) y Juan Camilo Londoño (de la Alianza Verde), quienes son muy cercanos al Gobierno nacional. Entre tanto, en el Senado, la delegación para conciliar recayó en el conservador Sammy Merheg y el integrante de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez.

Aunque este escenario anticipaba una verdadera puja política que podría complicar el futuro de la reforma que finalmente vio la luz en su último debate, todo indica que la decisión de acoger el texto del Senado le bajará la presión a un eventual hundimiento.

“Teniendo en cuenta este resultado, junto al hecho de que algunos artículos, incluso, mejoraron, como conciliadores designados por la mesa directiva de la Cámara de Representantes hemos decidido acogernos al texto aprobado por el Senado de la República”, manifestó Carrascal.

Por su parte, el senador Jiménez indicó que junto con Merheg aceptaron el reto de ser conciliadores, con la condición de que se aprobara el texto total como salió del Senado.

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