Los vientos de reconciliación que soplaron el lunes, tras la reunión convocada por la Iglesia católica con los representantes de las altas instancias del Estado para desescalar la confrontación política que existe hoy en el país, no lograron apaciguar la tormenta y la tensión escaló nuevamente ayer, por cuenta del futuro de la Consulta Popular.

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Como el registrador nacional, Hernán Penagos, anunció muy temprano que hasta que las altas cortes no diriman la controversia jurídica que existe en torno a la convocatoria del mecanismo de participación, la entidad no podría empezar con los preparativos para su realización, el Gobierno señaló inmediatamente a la organización electoral de estar tomando partido y habló, incluso, de “sedición”.

“A diferencia de otros gobiernos, en este, solo por ser de origen diferente, se ha decidido por funcionarios que no comulgan con las órdenes del voto popular del año 2022 y que no son siquiera de elección popular, vaciar de poder la Presidencia e ilegitimarla con falsedades, para generar un golpe institucional”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

Para el jefe de Estado, el decreto que firmó la semana pasada convocando el 7 de agosto a la votación de la Consulta, goza de presunción de legalidad y, por lo tanto, es obligatoria su aplicación.

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No obstante, según la explicación que entregó ayer la Registraduría para dejar en suspenso esa decisión del mandatario, hay una clara y evidente discusión jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo que hace pertinente dejar en manos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado la decisión sobre si se continúa o no con los trámites de la misma.

“Estamos ante una controversia jurídica que no tiene antecedentes en la historia moderna de Colombia. (…) Un problema jurídico de talla mayor y la pregunta es si se cumplieron o no los requisitos del artículo 104 de la Constitución para convocar una Consulta Popular de origen gubernamental”, expresó Penagos.

En ese sentido, dijo que para dirimir este complejo escenario, la Registraduría decidió proceder con varias acciones, a fin de que sean las altas cortes las que indiquen el camino que se debe seguir en este caso que no tiene precedentes en Colombia:

-Solicitar un concepto ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

-Remitir copia de la solicitud elevada por el presidente ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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-Remitir copia de la solicitud  ante la Procuraduría General de la Nación.

-Solicitar a las altas cortes que se pronuncien ágil y oportunamente sobre las diferentes demandas interpuestas en contra del decreto que convoca la Consulta.

“Es deber de los servidores públicos respetar el principio de la separación de poderes. Lo prudente es esperar una decisión de las altas cortes. Los jueces deben ser los que, en últimas, le digan a la Registraduría si se avanza o no con la Consulta Popular y le den luz constitucional al país”, insistió el registrador.

Voces a favor y en contra

El anuncio hecho por el registrador nacional, Hernán Penagos, de no empezar, por ahora, con la organización de la Consulta convocada por el Gobierno, abrió el debate sobre la conveniencia de esa decisión.

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Una de las que respaldó esa postura fue la Misión de Observación Electoral (MOE), que, a través de un comunicado, calificó como pertinente, pero también acertada y prudente la actuación de la Registraduría.

“La decisión de la Registraduría resulta pertinente, considerando que actualmente en torno a la Consulta se encuentran en trámite 44 acciones de nulidad, 97 acciones de tutela en el Consejo de Estado, así como 11 demandas radicadas ante la Corte Constitucional”, consideró Alejandra Barrios, directora de la MOE.

Para la veeduría, es importante canalizar estas tensiones por medio de los mecanismos constitucionales, a fin de reafirmar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

Sin embargo, eso no es lo que piensa el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien cuestionó lo dicho por el registrador, al considerar que el titular de la organización electoral está equivocado, pues “no está acatando el decreto”.

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“Ese decreto es para convocar. Él es un operador logístico, por así decirlo. No tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que ya hizo el Gobierno”, señaló el ministro Benedetti, y dejó claro que la función del registrador no es cuestionar las decisiones del Ejecutivo, sino hacerlas efectivas conforme a lo establecido por la ley.

El expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, por su parte, recordó el artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para señalar que: “Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

Y planteó que sería un mal antecedente para el país, si cada funcionario pudiera aplazar el cumplimiento de un decreto, o de otro acto administrativo, “hasta que haya decisión judicial que lo declare válido”.

No alcanzan los tiempos

Aunque la principal razón que esgrimió el registrador Hernán Penagos para congelar la organización de la Consulta Popular es jurídica, el funcionario señaló que existen, además, otros elementos que también condicionan la pronta realización del mecanismo.

Según Penagos, los 53  días que restan, desde ayer, para votar la Consulta no son suficientes para cumplir con toda la logística y el proceso que implica una votación de esta magnitud.

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Mínimo, la Registraduría requiere alrededor de tres meses, como lo determina la Constitución y la ley, para sacar adelante una consulta de este nivel, de manera íntegra e impecable”, dijo.

Así mismo, recordó el alto costo de poner en marcha la solicitud del presidente Gustavo Petro ($750.000 millones), y los riesgos de tomar una decisión a la ligera.

“Es una inversión muy alta que, en el momento en que se comprometa, debemos tener la suficiente claridad de que se puede llevar a cabo”, planteó.

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