En Norte de Santander, 591 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de explotación sexual con fines comerciales en la última década, un delito que no solo vulnera sus derechos, sino que evidencia fallas estructurales en la prevención y judicialización y que afecta el desarrollo productivo del territorio.
La cifra fue revelada por la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Piedad Urdinola, en el informe Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (Escnna), que describió como “una violación grave y sistémica de los derechos de la infancia”.
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“La Escnna es toda actividad sexual en la que todo menor de 18 años participa, a cambio de una retribución en dinero, en especies -que son bienes- u otros ofrecimientos para él, los explotadores o un tercero. Incluye la producción, distribución y consumo de material pornográfico, proxenetismo, trata, turismo sexual y modalidad digitales de explotación con menores”, dijo Urdinola.
La región se ubicó en el décimo lugar de la tabla de 32 departamentos y Bogotá D.C., con 172 víctimas hasta los 13 años, 328 niños de 14 a 17 años y 91 víctimas sin datos de edad.
La directora ejecutiva de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, Alejandra Vera, señaló a La Opinión que el informe del DANE evidencia un delito estructural y complejo que no puede ser reducido únicamente a su manifestación final.
“Desde el marco del Código Penal Colombiano, la trata de personas con fines de explotación sexual (art. 188A) es un delito autónomo, cuya configuración incluye fases de captación, traslado, acogida y explotación, por lo que su fragmentación en conductas aisladas —como la explotación sexual comercial, la inducción a la prostitución (art. 213), la pornografía con menores (art. 218) o el constreñimiento— constituye una distorsión jurídica que impacta gravemente el acceso a la justicia”, expresó la abogada.
La experta manifestó que esta práctica institucional de registrar únicamente el “fin” y no el delito integral invisibiliza las redes criminales, limita la investigación penal y reduce la respuesta estatal a hechos aislados.
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Eso se traduce en baja judicialización, ausencia de sanción efectiva y fallas estructurales en la reparación integral de las víctimas.
Renta ilícita vs. economía legal
Más allá del impacto social, el fenómeno también tiene efectos económicos profundos. “La renta ilícita derivada de estas economías criminales no solo perpetúa la explotación, sino que financia otras conductas delictivas como el narcotráfico, el lavado de activos y el reclutamiento forzado, consolidando estructuras de criminalidad organizada”, apuntó Alejandra Vera.
La abogada subrayó que, en consecuencia, la explotación conlleva daños físicos, psicológicos y sociales profundos, ruptura de proyectos de vida y revictimización institucional, cuando no se reconoce la totalidad del delito.
El economista e investigador Christian Méndez no solo concordó con Vera en que este fenómeno viola los derechos humanos de los menores, también en que “estas rentas criminales, dentro de esa economía subterránea, dinamizan ese delito y mueven un dinero que no trae productividad a la economía –legal- del territorio”.
“Esto no ayuda a transformar el aparato productivo de Norte de Santander, que tanto se necesita. Además, este grave delito impacta el capital humano, porque limita a las víctimas ir a la escuela, la universidad, lo cual tampoco tiene efectos positivos en el desarrollo productivo”, añadió.
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El líder del Centro de Investigación para el Análisis de Datos Económicos y Sectoriales de la Universidad Politécnico Grancolombiano, Jaime Edison Rojas, aseguró que ese delito distorsiona la estructura productiva de las regiones y le quita espacio a actividades económicas, incluyendo aquellas que pueden contrarrestar los efectos negativos de la explotación sexual.
“Genera altas rentas y eso hace que las organizaciones criminales estén interesadas en proteger la actividad y sostener la participación obligada de los menores, sin importar los costos externos”, enfatizó Rojas.
El investigador indicó que el fenómeno genera la percepción en las personas vulnerables de que allí puede encontrar la oportunidad de conseguir los ingresos que necesitan para sobrevivir, lo que lleva a un círculo vicioso.
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Informe no revela la magnitud
Frente a la cifra de casos en Norte de Santander, Alejandra Vera aseguró no se refleja la verdadera magnitud del delito, sino un problema estructural de subregistro y de inadecuada tipificación jurídica, porque la mayoría de estos hechos no se investiga como trata de personas con fines de explotación sexual —delito autónomo—, sino únicamente como explotación sexual comercial, lo que genera un vacío jurídico profundo en materia de investigación, sanción y reparación integral de las víctimas.
La directora de la Corporación de la Mujer Denuncia y Muévete destacó que, para 2025, apenas 32 casos fueron activados formalmente como trata con fines de explotación sexual, evidenciando un subregistro crítico, incluso en territorios de alta incidencia como Antioquia, Bogotá o Cartagena.
Las fuentes consultadas hicieron un llamado a las autoridades a fortalecer la prevención y a aplicar la normativa, así como atender los territorios con estrategias que permitan a las comunidades contar con empleo digno y oportunidades de crecimiento.
El dato
El DANE destacó que, entre 2015 y 2025, hubo 22.697 víctimas en el país, 81% de ellas femeninas, y 18.883 indiciados por delitos asociados a ese fenómeno, 72,7% de ellos hombres.
La tasa nacional fue de 14.6 víctimas por cada 100.000 menores, con mayor prevalencia de explotación sexual en adolescente de 14 a 17 años.
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