En octubre pasado –en las mieles de la gobernabilidad y la favorabilidad–, el aún incipiente gobierno de Gustavo Petro sorprendió con un anuncio que fue aplaudido por varios sectores, incluso de oposición: suprimió 8 de las 12 consejerías que recibió al iniciar su mandato. El ahorro, según sus cálculos, superaría los $106.000 millones entre 2022 y 2023.

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Sin embargo, la mentada austeridad que no deja de pregonar el “gobierno del cambio” –incluso desde campaña– hoy queda tajantemente en entredicho con la nueva burocracia que se creó con el Ministerio de la Igualdad de la vicepresidenta Francia Márquez.

Es tal el descontento y el escepticismo alrededor de la nueva cartera que voces tan autorizadas como la del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, retumbaron para hacer un llamado de alerta. No es para menos, porque el Ministerio de la Igualdad no es tan equitativo como suena: si bien usualmente las estructuras de los ministerios están constituidas por entre 2 y 3 viceministerios, y entre 6 y 8 direcciones, la nueva cartera de la vicepresidenta plantea la creación de 5 viceministerios, 20 direcciones técnicas y 32 direcciones departamentales.

“La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no 5, sino máximo 2 viceministros, como en otros ministerios; no 20 direcciones generales sino unas 5; y ningún delegado en los departamentos”, advirtió Ocampo, quien incluso fue más allá e instó a reducir los ministerios que existen hoy en la Rama Ejecutiva, buscando que solo haya un viceministerio.

El llamado de Ocampo tiene aún mayor asidero si se tiene en cuenta que, sumado a los viceministerios y las direcciones, en el Ministerio –que manejaría un presupuesto que podría ascender a casi medio billón de pesos–, se contempla la creación de 744 nuevos puestos de trabajo. Por si fuera poco, el Ministerio de la Igualdad será la cabeza del “Sector Administrativo de Igualdad y Equidad”, integrado por Bienestar Familiar, el Instituto para Sordos y el Instituto para Ciegos.

Al revisar en detalle se desprende además que solo en el despacho de la nueva ministra –quien no tendrá doble sueldo, sino que seguirá recibiendo los $32 millones que ostenta como vicepresidenta– habrá 8 asesores (cada uno con salario de $9’360.000), 2 secretarios de despacho ($2’735.000) y 2 conductores ($2’302.000). Es decir, alrededor de $87 millones cada mes.

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En los 5 viceministerios –con su titular, asesores, auxiliares, secretarios y conductores–, el monto mensual sería de $152 millones. A esto se suma la planta global, con sus secretarios, profesionales y auxiliares, que demandaría recursos por el orden de $3.519 millones, según los cálculos de Caracol Radio.

En total, cada mes, el Ministerio de la Igualdad tendría un costo que superaría los $3.758 millones. Eso sin tener en cuenta las primas, bonos, vacaciones y demás beneficios para los trabajadores del nuevo despacho.

Semejante burocracia fue criticada también por dirigentes afines al petrismo. El exsecretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez –quien también ocupó varios viceministerios– calificó la nueva cartera como un “ministerio Leviatán”, en referencia a la serpiente maligna y destructiva de la mitología hebrea que contaba con varias cabezas.

“Ningún Ministerio, ni siquiera las carteras más importantes, tiene ese número de viceministerios. El Estado colombiano ha funcionado bien con la estructura existente. Tener más viceministerios no necesariamente redunda en mejor administración pública y mejores resultados sociales y políticos”, dijo Gómez en diálogo con este diario.

Inclusive, el exviceministro alertó por otro riesgo: que el Ministerio de la Igualdad termine generando una presión burocrática sobre todos los ministerios, lo que se traduce en que varios –sedientos de burocracia– busquen cómo “reestructurarse y crecer sin necesidades”.

Desde la oposición, por supuesto arreciaron las críticas contra la burocracia contemplada en el nuevo Ministerio: “Me opuse a la creación de ese ministerio por el enorme gasto que supone y por su trámite inconstitucional, que nunca obedeció a los criterios de gasto eficiente e impacto fiscal”, reclamó la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático).

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A su turno, el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo alegó que desde la nueva cartera “se hará la gerencia de los 100.000 jóvenes que hoy delinquen en las bandas urbanas y que pasan a sueldo del Estado”.

Por todos estos hechos, la Corte Constitucional admitió en marzo pasado una demanda contra la nueva cartera, alertando que supuestamente desconocía el impacto fiscal, sumado a vicios de trámite. Aunque la nueva ministra prometió durante su posesión que se atenderán “las necesidades del presente, pero también las carencias del futuro”, habrá que ver qué tan raspada quede la olla y si el Ministerio superará el examen judicial.

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