La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, hizo una grave denuncia en las últimas horas que compromete al Gobierno Nacional, por un aparente uso indiscriminado de los recursos públicos.
La congresista, quien es una de las más duras críticas del presidente Gustavo Petro, asegura que minutos antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, el pasado sábado 8 de noviembre, el Ejecutivo suscribió contratos y convenios interadministrativos por la suma de $1.5 billones.
“El Gobierno Nacional se dedicó a vaciar los recursos públicos como si fueran la caja menor de una campaña electoral. Entre el 7 y el 8 de noviembre, solo en 24 horas, el gobierno suscribió $1.5 billones en contratos y convenios interadministrativos. Y si miramos los ocho primeros días de noviembre, a nivel nacional, fueron alrededor de $9 billones”, manifestó Miranda en diálogo con La Opinión.
De acuerdo con la investigación adelantada por la representante, esta cifra representa un incremento del 779% en contratación, frente al mismo periodo de octubre, razón por la cual encendió las alertas, teniendo en cuenta el proceso electoral que está en marcha.
“Esto no es casualidad, es un pico artificial, dirigido y calculado justo antes de que las reglas de la Ley de Garantías empezaran a impedir el uso político del Estado, de los recursos públicos. Los convenios interadministrativos, que deberían ser la excepción, se han convertido en la puerta de atrás para eludir la ley 80”, cuestiona.
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Miranda insiste en que este tipo de mecanismos se vuelven atractivos, porque permiten contratar sin citación, sin competencia, sin pluralidad de oferentes y sin transparencia, “porque de facto se evita cualquier selección objetiva”.
Por eso, dice que cuando se usan de manera masiva, como lo hizo el Gobierno Nacional, en un solo día y faltando poco tiempo para que las restricciones que establece la Ley de Garantías empezaran a regir, “dejan de ser una herramienta administrativa y pasan ser una maniobra para direccionar los recursos públicos”.
La representante de la Alianza Verde detalló que el total de contratos que se suscribieron durante las 24 horas anteriores a que entrara en vigor la Ley de Garantías fue 698 en 137 entidades.
Entre tanto, en los primeros ocho días de noviembre fueron 4.915 los contratos y convenios interadministrativos suscritos, en 731 entidades por un valor de $9.41 billones.
Pide investigar
La representante Katherine Miranda, le dijo a La Opinión que hace unos días, junto con otro de sus compañeros de corporación le enviaron una carta a la Contraloría General de la República, alertando, justamente sobre esta modalidad que iba a usar el Gobierno Nacional.
“Advertimos que se estaban acelerando ese tipo de contratos, a través de estas figuras y hoy vemos que no fue una sospecha, era un modus operandi que estalló justo 24 horas antes de la Ley de Garantías”, reiteró.
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En ese sentido, la congresista verde hizo un llamado urgente a los órganos de control, como la Contraloría, para que abran de inmediato procesos de vigilancia fiscal, con el fin de hacer seguimiento al destino y los beneficiarios con la ejecución de dichos recursos; y a la Procuraduría, para que investigue las eventuales responsabilidades disciplinares de quienes autorizaron y tramitaron “esta gran avalancha de convenios sin control”.
A la Fiscalía, entre tanto, le pedirán que determine si hubo posibles delitos contra la administración pública.
“Los recursos del Estado no pueden convertirse en plataformas de financiamiento político ni del gobierno ni del Pacto Histórico ni de ninguna fuerza electoral que pretenda usar la plata de los colombianos para hacer campaña. Lo que pasó en estas 24 horas no es administración pública, es un atentado a la transparencia, es un abuso de poder contractual del Estado y es una conducta que erosiona la democracia”, advirtió Miranda.
Y ratificó su postura de seguir denunciando, vigilando y exigiendo control, pues reiteró que “Colombia no puede permitir que la contratación pública termine capturada por intereses electorales”.
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