Un grupo de ciudadanos, encabezado por el exministro de Defensa Diego Molano presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra el Decreto 1190 de 2025 para pedir que se suspenda de inmediato la creación de un comité especial destinado a revisar los hechos del estallido social, pues consideran que el Gobierno Nacional se extralimitó en sus funciones y pretende suplantar a la Fiscalía General de la Nación y a la Justicia Penal Militar en su deber de investigar a los uniformados.

El recurso legal interpuesto por el exfuncionario, quien estuvo acompañado por integrantes de la reserva activa de las Fuerzas Militares y estudiantes universitarios, calificó la normativa de ilegal y peligrosa para la institucionalidad del país. Los demandantes argumentaron que la facultad de investigar delitos y juzgar conductas es una tarea exclusiva de los jueces y entes de control, por lo que el Gobierno no tiene competencia para crear organismos que asuman ese rol.

Según explicaron en el documento radicado ante el alto tribunal, la administración central intenta recrear una especie de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con facultades que van en contra de la Constitución.

El propósito de este nuevo ente, según los denunciantes, es “investigar a los soldados y policías que protegieron a los colombianos durante las protestas entre 2019 y 2021”. Por esta razón, solicitaron a los magistrados del Consejo de Estado que decreten una medida cautelar de urgencia que ordene la suspensión provisional del decreto mientras se estudia el fondo del asunto, para evitar que el comité empiece a operar bajo lo que consideran un marco jurídico inválido.

Uno de los puntos centrales de la demanda se enfoca en la separación de poderes. El grupo liderado por Molano señaló que la persecución de delitos y la imposición de sanciones son competencias que la ley reserva estrictamente a la Fiscalía, la Procuraduría y los jueces de la República. Al respecto, indicaron que al crear un comité con atribuciones de investigación, el Ejecutivo rompe el equilibrio democrático y desconoce el diseño del Estado colombiano.

Además de los problemas de competencia, los demandantes alertaron sobre graves riesgos para los derechos fundamentales de los ciudadanos y los uniformados. Denunciaron que el decreto obliga a las entidades públicas a entregar información sensible al comité sin ningún tipo de restricción. A juicio de los accionantes, esto constituye un ataque directo a la intimidad, al hábeas data y al debido proceso, ya que la norma expone datos personales tanto de civiles como de miembros de la Fuerza Pública sin garantizarles su derecho a la defensa.

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El texto de la demanda también subrayó que se está desconociendo la presunción de inocencia. Los firmantes explicaron que el mecanismo propuesto por el Gobierno se salta etapas básicas del derecho procesal, como la posibilidad de que las personas señaladas puedan defenderse y contradecir las pruebas en su contra antes de ser juzgadas públicamente o sancionadas administrativamente.

Los argumentos presentados no se limitaron a lo técnico, sino que abordaron las posibles intenciones políticas detrás de la medida. Molano y los reservistas afirmaron que este decreto es una oscura estrategia para afectar la credibilidad de los soldados y policías. Según su postura, al crear un comité paralelo que estaría controlado por personas afines a la corriente política del presidente, se busca interferir en los procesos judiciales que ya están en curso y manchar el buen nombre de los uniformados ante la sociedad.

En el documento añadieron que esta maniobra pretende manipular la opinión pública con fines electorales e ignora fallos judiciales previos que probaron la existencia de grupos armados ilegales infiltrados en las manifestaciones violentas. Para los demandantes, el decreto omite esa realidad y centra la atención únicamente en el actuar de la autoridad legítima.

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Frente a estas acusaciones, la postura del Gobierno se basó en las facultades presidenciales. El Ejecutivo argumentó que el Jefe de Estado, en su calidad de comandante supremo de la Fuerza Pública y responsable de mantener el orden público, tiene el deber constitucional de adoptar medidas efectivas para entender el contexto de lo sucedido. El Gobierno señaló que su objetivo es esclarecer las violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales ocurridas entre 2019 y 2021.

La Casa de Nariño sustentó la creación de este comité en la necesidad de cumplir con una orden específica de la justicia. Se refirieron a la sentencia STC7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia, emitida el 22 de septiembre de 2020, la cual exigió acciones para evitar que se repitan los hechos de uso excesivo de la fuerza evidenciados durante las movilizaciones. Según la administración, este mecanismo es una respuesta institucional a dicho fallo y busca garantizar la no repetición.

A pesar de la polémica jurídica y la demanda en curso, la implementación del decreto sigue su marcha. El Ministerio del Interior abrió oficialmente la convocatoria para seleccionar a los miembros que conformarán el Comité de Expertos. La entidad invitó a las organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas a presentar sus postulaciones para integrar este grupo de trabajo.

La cartera política explicó que para la conformación del comité se estableció un mecanismo autónomo. Según la convocatoria, las personas aspirantes serán postuladas por organizaciones de la sociedad civil que tengan una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, la memoria y la lucha contra la impunidad. El Gobierno aseguró que el proceso propenderá por una composición equitativa de género, diversidad social, pluralismo e interdisciplinariedad, buscando dar legitimidad a las conclusiones que de allí emanen, mientras se espera la decisión final del Consejo de Estado sobre la viabilidad jurídica del decreto.

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