En un fallo sin precedentes, el Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y libertad de circulación de Joseba Mikel Grajales Jiménez, directivo del Grupo Keralty, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante la alocución presidencial del 15 de julio de 2025.

El alto tribunal concluyó que el Jefe de Estado vulneró garantías esenciales al señalar públicamente que “el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse”, acusándolo además de financiar campañas políticas de forma irregular, un delito prohibido por la Constitución.

La sentencia ordena al presidente retractarse de manera inmediata y en su próxima alocución nacional de los términos “crimen” y “criminal”, así como de la expresión “debe irse”, al considerar que dichas afirmaciones carecieron de sustento probatorio y constituyeron una afrenta directa contra los derechos del empresario.

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El fallo advierte que el presidente de la República no puede actuar como un simple “opinador”, sino que, por la dignidad de su cargo y el poder de su investidura, sus palabras tienen un peso institucional que exige veracidad, diligencia y apego al principio de legalidad.

El Consejo de Estado recalcó que la libertad de expresión del mandatario no es absoluta y que, en este caso, se violaron principios básicos del Estado de derecho:

    •    No existe decisión judicial ni administrativa que respalde las acusaciones de financiación ilegal de campañas.
    •    La orden de que el directivo “debe irse” vulneró el derecho a la libertad de circulación, pues solo un proceso migratorio legal podría determinar una expulsión.

La providencia, fechada el 19 de septiembre de 2025, fue suscrita por los magistrados William Barrera Muñoz, Adriana Polidura Castillo y Nicolás Yepes Corrales, y, de no ser apelada, será enviada a la Corte Constitucional para eventual revisión.

Este fallo representa un hito en la jurisprudencia colombiana: por primera vez, el Consejo de Estado obliga a un presidente en ejercicio a retractarse públicamente de expresiones hechas en una alocución oficial.

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