La suspensión provisional por parte del Consejo de Estado del Decreto 1469 de 2025 que estableció el salario mínimo vital en Colombia fue tema de discusión nacional, ayer, y el Gran Debate Presidencial de las Regiones, adelantado en Barranquilla, no fue la excepción.

El encuentro, organizado por Acento Colombia, Canal 1 y La Opinión, con el respaldo editorial de Q’Hubo Cúcuta, sirvió de tribuna para que ocho de los precandidatos presidenciales de la Gran Consulta por Colombia fijaran sus posturas sobre la medida.

Y es que el alto tribunal otorgó un plazo de ocho días al Gobierno nacional para expedir y publicar un nuevo decreto que se ajuste a los parámetros establecidos por la ley.

Cabe recordar que se incrementó el salario mínimo en 23% y para 2026 pasó de $1.423.500 a $1.750.905, sin el auxilio de transporte, pero con la inclusión del mismo terminó quedando en $2’000.000. En el debate, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, expresó su desacuerdo con la suspensión del alza y aseguró que el ajuste salarial debemantenerse. Según el dirigente, el incremento es irreversible y propuso la construcción de un acuerdo político que garantice su sostenibilidad.

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“El país debe defender el incremento salarial y asegurarles a los 2.1 millones de colombianos que lo reciben su permanencia, pero también debemos comprometernos a hacerlo viable, reduciendo impuestos para los empresarios”, señaló.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia afirmó que el aumento del salario es positivo para los trabajadores, aunque advirtió que debe acompañarse de medidas que protejan el empleo.

“Para que la economía funcione, también es necesario que a los empresarios les vaya bien. No podemos permitir que el incremento del salario obligue a despedir trabajadores”, indicó.

Asimismo, pidió al gobierno de Gustavo Petro expedir un nuevo decreto que cumpla los requisitos legales y anunció que impulsará la reducción de impuestos para el sector productivo a partir del próximo 7 de agosto, de ser electa presidenta.

Entre tanto, el exsenador Juan Manuel Galán hizo énfasis en la necesidad de respetar las decisiones institucionales, advirtiendo que el desconocimiento de estas genera desconfianza y aumenta la polarización política.

“El Gobierno ha generado incertidumbre. La decisión sobre el salario mínimo termina siendo engañosa, porque los micro y pequeños empresarios, que sostienen la economía, están siendo asfixiados por las cargas tributarias”, sostuvo Galán.

Durante su intervención, el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, manifestó respeto por la determinación del Consejo de Estado, al considerar que obliga al Ejecutivo a expedir un nuevo decreto provisional que permita discutir el tema de fondo.

Oviedo destacó que, aunque el aumento salarial es favorable, actualmente solo uno de cada diez colombianos recibe el salario mínimo, por lo que su propuesta busca ampliar ese beneficio. “Nuestro compromiso es que tres de cada diez personas puedan devengarlo”, concluyó.

Aníbal Gaviria enfatizó que la decisión del Gobierno con este incremento puso al Consejo de Estado en una situación sin salida.

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“Era una decisión jurídica y política”, sentenció. Al tiempo que afirmó que los colombianos no pueden atemorizarse ante la demagogia y el populismo, tal como calificó la medida de Petro.

“No lo hizo (el aumento de salario) a principios de su Gobierno, sino ahora con una malicia de demagogia”, indicó. Enrique Peñalosa, exalcalde Bogotá, sostuvo que debe mantenerse el incremento del salario mínimo, pero al mismo tiempo hacer un tratamiento tributario para las medianas y pequeñas empresas del país.

“Lo que necesitamos es que los colombianos ganen más. Por eso se han ido millones de colombianos, pero eso tenemos que lograrlo con más inversión, de manera sostenida. Ese es el secreto de los países a donde han migrado los nuestros”, explicó durante su intervención en el debate presidencial.

La precandidata presidencial, Vicky Dávila aseguró que este tipo de decisiones hay que respetarlas. “Estoy con los trabajadores hay que mantener el aumento del salario mínimo. Con eso no se puede jugar, ya habían hecho sus cuentas”, dijo la periodista.

Pero, al tiempo, sostuvo que apoyaba a los empresarios del país, a los cuales refirió hay que apoyar ‘bajando impuestos, dando incentivos’.

Dávila insistió que lo sucedido con el salario mínimo es culpa del Gobierno por ser “chambón” y por ello los magistrados encontraron fallas. “A los empresarios les pido que paguen la quincena completa, que eso se va a componer”.

El candidato de la consulta presidencial, David Luna, sostuvo que respeta la decisión de los jueces.

“La principal razón por la que a muchos colombianos no les gustaba Maduro es porque no respetaba la decisión de los jueces. La decisión de los jueces se debe respetar para que no haya autoritarismo y no haya gobernante que abusen de sus competencias y poder”, sentenció.

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Luna precisó que los colombianos ya no quieren más las corbatas politiqueras y lo que desean lograr es tener mayor productividad y sostenibilidad.

¿Qué dicen los candidatos independientes?

La candidata presidencial Clara López manifestó su sorpresa y cuestionó la medida. Enfatizó que este tipo de decisiones se adoptan cuando existe una contradicción con la norma, pero consideró que en este caso se estaría politizando la actuación del alto tribunal.

Además, sostuvo que el salario actual aún está lejos de cubrir el costo real de la canasta familiar, que según ella ronda los tres millones de pesos mensuales.

Por su parte, el candidato Mauricio Lizcano calificó la decisión como un error y advirtió que el aumento ya constituye un hecho cumplido, por lo que no se pueden desmejorar las condiciones de los trabajadores después de haber recibido el ajuste.

A su juicio, la suspensión puede generar un problema político y profundizar las diferencias sociales. No obstante, se mostró de acuerdo con reducir impuestos para hacer más competitivas a las empresas.

Entre tanto, Daniel Palacios afirmó que todos los colombianos desean mejores salarios para los trabajadores, pero advirtió que las decisiones económicas no pueden tomarse de manera irresponsable. Consideró que hubo una dosis de populismo en la medida y que el Gobierno sabía que el incremento no sería sostenible en el tiempo.

“El Gobierno sabía que jurídicamente eso no se iba a mantener, y que iba a forzar al Consejo de Estado a tener que tumbarle el decreto”, dijo.

El debate sobre el salario mínimo se mantiene como uno de los temas centrales en la agenda económica y política del país, mientras se espera la expedición de nuevas medidas que garanticen el equilibrio entre la protección laboral y la estabilidad empresarial.

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