La elección del exdefensor del Pueblo Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional con 62 votos en el Senado no solo desató una crisis política que podría provocar la salida de tres ministros y obligar a rehacer la coalición de Gobierno, sino que reconfiguró el equilibrio de fuerzas en el alto tribunal, sembrando serias dudas sobre el futuro de reformas cruciales como la pensional y marcando un complejo panorama judicial para el presidente, Gustavo Petro, en los últimos meses de su mandato.
La tarde del 3 de septiembre de 2025 fue el clímax de una tensa disputa política. Durante más de seis horas, en una sesión compleja y cerrada a ministros, se libró la batalla final. El Ejecutivo había apostado todo su capital político por la magistrada María Patricia Balanta, una jurista de carrera a quien la oposición etiquetó como la ficha del jefe de Estado para "tomarse la Corte".
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras advirtió al Senado que tenía una de "las mayores responsabilidades en su historia", la precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila alertó que la elección de Balanta podría "poner en riesgo las elecciones del 2026", y el concejal Daniel Briceño sentenció que con ella, "Petro se quedará con seis magistrados".
La narrativa caló más que la propia trayectoria de Balanta, quien en su intervención se vio forzada a desmarcarse: "Me presento sin alianzas con el partido del Gobierno". La respuesta del presidente Petro desde Japón, al conocer el resultado de 62 a 41, fue visceral y reveladora: "Excluyeron la mujer y la negra, bajo el infundio de que era mía y me tomaba la Corte. Mentirosos y sucios. Quieren devolver la justicia al duquismo, al cartel de la toga y al clientelismo corrupto".
La purga fue inmediata. Rodaron las cabezas de los ministros de TIC, Julián Molina (La U); Trabajo, Antonio Sanguino (Alianza Verde); y Comercio, Marcela Morales Rojas (Liberal), a quienes se les había advertido horas antes que sus cargos dependían del resultado, aunque su salida aún no se ha oficializado. La orden se extendió a la burocracia en entidades como Servicios Postales Nacionales 4-72, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y Positiva, fortines de los partidos ahora señalados de traición por no aportar los votos necesarios para superar a Camargo, quedándose en los 41 apoyos que finalmente obtuvo Balanta
La elección de Camargo fue impulsada por un sector de la política tradicional y la oposición que, como lo expresó Vargas Lleras, veía en su figura la forma de evitar "desde la modificación del calendario electoral hasta la vulneración de nuestro régimen democrático".
El nuevo equilibrio de fuerzas
Con la llegada de Camargo, quien reemplaza a José Fernando Reyes, la Sala Plena no tendrá más cambios hasta 2028. Aunque la percepción inicial es de una derrota para el Gobierno, el mapa de poder es más complejo.
El presidente Petro cuenta con dos magistrados de su círculo cercano: Vladimir Fernández, su exsecretario jurídico, y Héctor Carvajal, su exabogado personal. A ellos se suma en ocasiones Juan Carlos Cortés, de línea liberal progresista, quien ha acompañado tesis del Ejecutivo, aunque también votó por devolver la reforma pensional al Congreso.
En la orilla opuesta, se consolida un bloque conservador y crítico con el Gobierno, integrado por el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, la magistrada Paola Meneses y, ahora, Carlos Camargo. Se considera que Lina Marcela Escobar también se alinea frecuentemente con este grupo.
En una posición más intermedia se ubican Natalia Ángel y Miguel Polo Rosero. Pese a ser tildados de "petristas" por la oposición, sus votos han sido mixtos. Ángel fue ponente del fallo que tumbó la "expropiación exprés" del Plan Nacional de Desarrollo, y Polo ha sido riguroso desde la sala de seguimiento en salud, exigiendo al Gobierno el recálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, matiza el impacto real de esta reconfiguración. "Yo no creo que la sola llegada del doctor Camargo haya sentenciado la reforma pensional, ni mucho menos. La realidad es que hoy en día el Gobierno cuenta con una mayoría; de nueve magistrados, tiene cinco", explicó a Colprensa.
Sin embargo, Bernate apunta a una crisis más profunda que la coyuntural: el deterioro del prestigio del tribunal. "Cuando nosotros estudiamos Derecho nos sabíamos de memoria los nueve nombres de los magistrados. Hoy en día haga el ejercicio en cualquier seminario, se saben tres o cuatro. Me preocupa mucho que cuando llegan allí demuestran no ser idóneos para este cargo", lamentó, señalando que la Corte corre el riesgo de ser vista más como "un jugador en la agenda política" que como un cuerpo de juristas insignes.
Según su análisis, en la "férrea oposición" solo estarían Ibáñez, Meneses y Camargo. "De resto, pues es una Corte Constitucional que ha sido bastante afín a las tesis del Gobierno, de manera que no creo que eso cambie muchísimo", añadió.
La paradoja del elegido: clientelismo como defensa institucional
La ironía central de esta elección es que Carlos Camargo, el hombre elegido para salvaguardar la institucionalidad del "asalto" del Gobierno, llegó al cargo bajo una sombra de clientelismo que habría hundido a cualquier otro candidato en otro momento. Como reveló una investigación de La Silla Vacía, desde la Defensoría del Pueblo nombró a familiares de nueve de los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo ternaron.
Su modus operandi se repitió con sus electores: en la plenaria del Senado se negaron los impedimentos de congresistas como el liberal Mauricio Gómez, el uribista Alirio Barreras y los vargaslleristas Didier Lobo y Antonio Zabaraín, todos con familiares nombrados por Camargo en la Defensoría del Pueblo. También se negó el de la conservadora Esperanza Andrade, quien recibió contratos por más de 200 millones de pesos de dicha entidad.
En un giro que evidencia la politización del proceso, el único impedimento de peso aceptado fue el de la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, quien se apartó por ser amiga de una abogada que demandó la terna, mientras los conflictos de interés directos fueron avalados. El propio Camargo, en su discurso ante el Senado, se erigió como el garante de la estabilidad: "Ustedes son el juez que decide si la democracia continúa con firmeza en Colombia".
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Un "muro de contención" agrietado por dentro
Para Hernando Herrera Mercado, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), este episodio debe dejar moralejas claras. "La intervención indebida y regular del Ejecutivo sobre un proceso de elección (...) no tiene presentación alguna y debe ser objeto de censura", afirmó.
Herrera criticó la estrategia presidencial de "estigmatizar funcionarios judiciales", con la cual "sigue perdiendo el Gobierno la posibilidad de recomponer debidamente la relación con las Cortes".
Pese a las presiones, los expertos coinciden en el rol histórico del tribunal como garante de la Carta Política. "La Corte Constitucional es una Corte que es específicamente muro claro de contención frente al atropello jurídico, cuando se pretende sobrepasar vanamente la Constitución o también menospreciar el derecho", afirmó Herrera a esta agencia de noticias, quien confía en que el tribunal mantendrá su independencia "como lo ha hecho en sus 30 años".
En la misma línea, Bernate subrayó que la Corte "debe ser un muro de contención no solo para el Gobierno, sino también para el legislador. Es el guardián de nuestra Constitución y de alguna manera de nuestra democracia".
Sin embargo, el jurista dirigió la atención hacia el origen del problema, al recordar que fue la Corte Suprema de Justicia quien evaluó y ternó a los candidatos. "Si la Corte los ternó es porque los entendió idóneos", indicó, sugiriendo que la responsabilidad es compartida en un sistema de elección que considera defectuoso. "El sistema en sí mismo pues está mal pensado y por eso yo creo que sí es pertinente adelantar una discusión profunda sobre cómo estamos eligiendo a las personas que llegan a la Corte Constitucional", concluyó.
Sugirió "elevar las exigencias, quizás elevar las mayorías para que se exijan consensos", para evitar que la Corte sea un "punto de llegada y no de partida" para juristas que, en algunos casos, "han demostrado que no conocen al país". La responsabilidad, insiste, no es solo del Congreso, sino de quienes ternan, en este caso, una Corte Suprema con evidentes conflictos de interés.
Las pruebas de fuego en la agenda judicial
El nuevo equilibrio de poder será puesto a prueba de inmediato con una agenda de alto voltaje que definirá el legado del Gobierno. El expediente más vigilado es el de la reforma pensional. La Corte ya ordenó al Congreso subsanar vicios de trámite, un anticipo de la rigurosa revisión que le espera. Con un bloque opositor fortalecido, cualquier error en el procedimiento o duda sobre la sostenibilidad fiscal podría ser fatal para la iniciativa.
Asimismo, el tribunal se erige como el principal obstáculo ante cualquier intento del Ejecutivo de usar vías no convencionales para impulsar su agenda. Aunque la Corte se declaró sin competencia frente al decreto de consulta popular —que finalmente fue suspendido por el Consejo de Estado—, la discusión sobre una eventual Asamblea Nacional Constituyente o mecanismos similares inevitablemente terminará en sus manos. El actual mapa de fuerzas hace improbable que una iniciativa de esa magnitud, que roce los límites constitucionales, reciba el aval de la Sala Plena.
La gobernabilidad económica también pende de los fallos de la Corte. Normas cruciales como la ley de financiamiento y el Presupuesto General de la Nación para 2026, que el Gobierno deberá tramitar con una coalición fracturada, enfrentarán un control constitucional estricto. Un revés en estos temas podría desfinanciar los programas sociales y limitar drásticamente el margen de acción del mandatario en su último año.
A estos se suman debates como la legalidad del acuerdo para crear una zona binacional con Venezuela, que ya fue admitido para estudio, y la revisión de los decretos expedidos durante la conmoción interior en el Catatumbo.
En este nuevo escenario, el Gobierno Petro se enfrenta a la certeza de que su legado ya no depende solo de su capacidad de movilización o de negociación política, sino de la interpretación de nueve magistrados en un tribunal donde acaba de perder la batalla más importante.
Dido Polo Monterrosa
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