La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda que busca declarar la nulidad de la elección del exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, tras considerar que existen méritos para evaluar si su nombramiento vulneró la normativa sobre equidad de género y si el proceso estuvo viciado por conflictos de interés.

La acción judicial, una de las ocho que ya fueron radicadas ante el alto tribunal, argumenta que con la llegada de Camargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional quedó conformada con una "sobrerrepresentación" masculina del 66 % frente a un 33 % de mujeres, lo que infringe la ley de cuotas. En la decisión de admisión, el despacho señaló que se procede por "la observancia de los requisitos formales".

Como parte del trámite, el Consejo de Estado ordenó notificar al electo magistrado, al Senado de la República que realizó la elección, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de que se pronuncien sobre los hechos y argumentos expuestos por los demandantes.

Uno de los procesos admitidos le correspondió por sorteo al magistrado de la Sección Quinta, Omar Joaquín Barreto, quien solicitó declararse impedido para conocer el caso al reconocer una "estrecha amistad" de más de dos décadas con Camargo, una relación conocida en sus círculos sociales y laborales. Dicha sección del tribunal estudia ahora si acepta o no el impedimento.

Las demandas también detallan un presunto patrón en la carrera pública de Camargo, en la que, según los accionantes, aseguró sus últimos tres cargos con la misma fórmula: garantizar apoyos a través de beneficios y puestos, lograr la elección y dejar el cargo antes de terminar el periodo para poder aspirar al siguiente sin incurrir en inhabilidades.

En ese sentido, los textos señalan que durante su gestión como Defensor del Pueblo, Camargo nombró a esposas, hijos, hermanos y nueras de nueve de los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo ternaron, lo que corresponde al 41 % de esa alta corte.

Adicionalmente, se le acusa de haber otorgado contratos a familiares de senadores que respaldaron su elección. Uno de los casos mencionados es el de la senadora conservadora Esperanza Andrade, a cuya familia se le habrían entregado contratos por 200 millones de pesos, y quien posteriormente votó a favor de Camargo.

Los demandantes sostienen que más de diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia estaban impedidos para votar en la conformación de la terna de la que resultó electo Camargo.

Uno de los documentos presentados ante el tribunal concluyó que "la Corte Suprema impidió que la sociedad, los medios de comunicación y el propio Senado de la República realizaran un escrutinio público informado sobre la idoneidad y legitimidad de la terna".

Según esta tesis, el Senado procedió a votar bajo la presunción de que el proceso de postulación fue regular, cuando en realidad, afirman, "era el producto de un proceso viciado". La terna de la que fue elegido Camargo para el periodo 2025-2033 la completaban los juristas Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar.

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