En días pasados este diario publicó un detallado reportaje sobre el incremento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en la zona rural de Cúcuta, a escasos sesenta kilómetros de la zona urbana. Son noticias que uno no quisiera leer porque involucra a una población que desde hace varios años ha estado en riesgo permanente, que se ha desplazado para proteger la vida de sus familias, que es víctima de amenazas cuando decide retornar y que no encuentra respuestas para tantos problemas de violencia.

En el reporte se advierte sobre centenares de hombres armados presentes en esta zona del municipio. Se mencionan las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo señalando los riesgos de la población y se reiteran las denuncias hechas por la Fundación Progresar ante las autoridades que no suelen dar respuestas de fondo.

Para dar un contexto geográfico es necesario ayudarse de un mapa y entender que nuestra ciudad es vecina al noroccidente con Puerto Santander, Tibú, Sardinata y El Zulia. Un detalle adicional -y que pocas veces se menciona- es que lo que conocemos como Cúcuta, la zona urbana, es solo una pequeñísima parte de la gran Cúcuta rural.  

Lo que pasa en esa Cúcuta rural debería importarnos porque la presencia de las autoridades en esta zona es prácticamente nula. En los pocos casos donde hay instituciones públicas su figura es meramente simbólica, y las libertades de las personas quedan al arbitrio del que más fuerza y terror ejerza. El Estado se juega su legitimidad a diario en estos lugares.

A estas conclusiones llegó el Informe sobre el Subregistro de Violaciones de Derechos Humanos, realizado por el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y socializado en octubre del año pasado.

Allí se dijo que la población de la Cúcuta rural no tiene confianza para acercarse y denunciar los hechos de violencia ante las autoridades. Se advirtieron desplazamientos y desapariciones forzadas que no figuran en los registros oficiales. Se insistió en los riesgos permanentes a los que la población se somete por vivir en este lugar. Y se estableció la relación entre los principales delitos que allí se cometen: inicialmente se amenaza a las personas que incumplen órdenes o que ejercen liderazgos comunitarios. Si la persona cumple la amenaza, entonces debe desplazarse. Pero si decide permanecer en el lugar, entonces puede ser víctima de homicidio o desaparición. Entre estos extremos se mueve la comunidad.

Es cierto que los problemas de la Cúcuta rural son el reflejo de los grandes problemas del país. Sin embargo, esta no puede ser una razón para la pasividad con la que se asumen estos temas por parte de las autoridades locales. Las instituciones de la región están en el deber de responder las alertas de la población, elevar voces ante el Gobierno nacional que atiendan lo que continúa ocurriendo a escasos kilómetros de la Cúcuta urbana, y evitar que pase otro periodo presidencial en el que se mire con desdén a esta y otras zonas rurales del país.