Hace unos años, sostuve una conversación con el entonces Ministro de Ambiente, el chocoano Luis Gilberto Murillo, acerca de una visita que realicé a su departamento, donde fui testigo de la crisis sanitaria del hospital San Francisco de Asís de Quibdó. La situación era desoladora: pacientes en colchonetas en el suelo, camas oxidadas, goteras, ratones en la sala de urgencias y falta de protocolos de salubridad. Expresé mi tristeza y preocupación, sugiriendo que solicitara los recursos necesarios al Presidente Santos para la reconstrucción del hospital, porque él debía, además de ser la cabeza de la cartera de ambiente, el ministro del Chocó. La respuesta me dejó atónita: Murillo afirmó que los temas de salud no eran de su competencia y que debía hablar con el Ministro de Salud. Experimenté una profunda decepción.

Luis Gilberto Murillo, hoy Canciller encargado, a pesar de una sombra que lo persigue por cuenta de la condena por peculado que recibió en 1997 y que le costó la anulación de su elección como gobernador del Chocó en 2013, había logrado reinventarse en la política como un hombre ponderado y de centro. Sin embargo, para quienes lo conocíamos realmente, era evidente que solo era cuestión de tiempo para que revelara su verdadera naturaleza.

Hoy en día, se ha convertido en un subalterno obsecuente que obedece las órdenes sin cuestionarlas, incluso si van en contra de la ley. Sus lamentables acciones han empañado su gestión en la Cancillería y han tenido un impacto negativo en el país.

A pesar de su relativo exitoso paso por la diplomacia en Washington, esta semana, cuando el Departamento de Estado se pronunció sobre la cuestionable financiación de la campaña de Petro y el papel de su hijo Nicolás y de su hermano Juan Fernando, Murillo salió precipitadamente a enfrentar al gobierno estadounidense. Sin embargo, su solicitud destemplada de respeto no fue bien recibida en la Casa Blanca.

Su defensa de las elecciones en Venezuela, a pesar de las evidencias de irregularidades señaladas incluso por países aliados, mostró su complicidad y la del gobierno con el régimen dictatorial de Maduro.

La gota que colmó el vaso se dio esta semana. Después de que el canciller suspendido Leyva manipulara la licitación de pasaportes a su antojo, infringiendo la ley de contratos y siendo merecidamente suspendido, algunos tenían la esperanza de que Murillo actuara de manera diferente. Sin embargo, como suele ocurrir en este gobierno, el remedio resultó peor que la enfermedad. Sin mostrar vergüenza alguna, Murillo anunció en la Cámara de Representantes el 'nuevo modelo' de expedición de pasaportes, donde la Imprenta Nacional, bajo el pretexto de 'rescatar lo público', será la encargada de elaborar y personalizar los pasaportes.

La imprenta carece tanto de la idoneidad como de la experiencia necesaria en la impresión de documentos de seguridad, y mucho menos de pasaportes. Se trata de una entidad estatal paquidérmica que agoniza y subsiste a través de diversos 'negocios' que realiza mediante cuestionables convenios interadministrativos, en los cuales es elegida a dedo por otras entidades del Estado. Ni siquiera es capaz de competir en la impresión de documentos policromáticos.

Entonces, ¿cómo piensan llevar a cabo esta tarea? La Cancillería la contratará mediante un convenio o contrato interadministrativo, lo cual será de entrada violatorio de la moralidad administrativa. Esto se debe a que, según lo estipula la ley y ha señalado el Consejo de Estado, la regla general de selección de contratistas es la licitación pública. Sin embargo, al utilizar el manual de contratación de la Imprenta, que no se ajusta a la Ley 80, se hará un contorsionismo legal para eludir esta normativa (conejo a la ley). Esto resultará en la vinculación de unos supuestos aliados estratégicos escogidos a conveniencia, con quienes se subcontratará absolutamente todo, ya que como mencioné anteriormente, carece tanto de la idoneidad como de la experiencia para llevar a cabo esta tarea, así como de la capacidad técnica. El desenlace ya lo conocemos: demandas, condenas contra el Estado, destituciones y otros problemas, que serán pagados por los contribuyentes. Pero mientras esto sucede, Petro, con la complicidad de Murillo, logra salirse con la suya.

El discurso de Petro sobre la libre competencia y la no adjudicación a un solo proponente resultó ser completamente falso. Esto fue simplemente una estrategia para permitir que los amigos del gobierno obtengan contratos sin tener que competir en licitaciones públicas.

Para lograr esto, fue necesario desacreditar a Thomas Greg &Sons, una empresa que genera 4000 empleos directos en Colombia y que cumple de manera exitosa su objetivo. Es una multinacional con presencia en 11 países, y se encuentra entre los cinco principales impresores de documentos de seguridad a nivel mundial.

La incompetencia y mentalidad estrecha de este gobierno los deja ciegos ante la importancia de los pasaportes de alta calidad. No comprenden que estos documentos no solo previenen la falsificación y protegen nuestra identidad, sino que también garantizan la exención de visas en varios países y aseguran un trato adecuado en los aeropuertos.

La realidad es que la aspiración de Murillo a la presidencia quedó frustrada incluso antes de comenzar.