Los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc siguen dejando heridas en el Catatumbo. Estos combates entre los grupos armados han aumentado las cifras de desplazados hacia diferentes municipios de Norte de Santander y a otros departamentos del país.
En el caso de Ocaña, en los últimos días llegó otro grupo de familias procedentes desde las zonas rurales de Tibú y El Tarra.
Estas personas se suman a las 450 que permanecen desde enero, cuando se recrudecieron los enfrentamientos, en el coliseo cubierto Argelino Durán Quintero.
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La información la suministró el personero de Ocaña, Jorge Bohórquez, quien sostuvo, además, que existe otro número de desplazados que se encuentra alojado en las viviendas de sus seres queridos en los barrios periféricos de la ciudad a la espera de que baje la intensidad de la guerra para acogerse a un plan retorno.
La atención básica primaria
El secretario de Gobierno, Freddy Arengas Romero, explicó que están brindando atención primaria a más de 10.000 desplazados que tienen registrados, pero manifestó que siguen llegando a cuenta gotas.
“Estas personas han contado con todas las garantías, seguimiento de la red de apoyo y acompañamiento de la Unidad para las Víctimas”, agregó.
La petición del cese del combate surge no solo de las autoridades en Ocaña, sino también de la población civil que desea retornar a sus tierras, así como de las comunidades indígenas que viven en el Catatumbo.
“La situación es compleja, de acuerdo a lo manifestado por la misma comunidad sigue latente la confrontación, han llegado campesinos huyendo del conflicto armado que se vive en sus tierras”, reitera.
En Ocaña, así como en Cúcuta y otros municipios de Norte, aún existen los alojamientos temporales y un número considerable de personas temen volver a sus parcelas por posibles represalias de estos grupos armados.
Arengas aclara que la Ley 1448 de 2011 establece medidas de atención, asistencia y reparación para las víctimas del conflicto armado en Colombia, donde los censos, caracterizaciones y declaraciones pasan a un proceso a valoración en la unidad de víctimas que fija un tiempo para incluirlos en el registro único.
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“Aquellas personas que muestren la intención de reubicarse, estas familias podrán acceder a recursos para el traslado hacia los sitios donde se les pueda brindar seguridad. La entrega de 1.7 salarios mínimos se hará efectiva para el sostenimiento. En ese sentido no interviene la entidad territorial”, puntualizó.
Claman una tregua
Integrantes de la Asociación de Personeros del Catatumbo exigen a los grupos armados una tregua mientras se adoptan mecanismos para un acercamiento en aras de lograr la paz en el territorio.
Los recientes enfrentamientos ocurridos en los municipios de Tibú y El Tarra dejan en evidencia que el conflicto armado no ha terminado, al contrario, tiende a empeorarse, indican los personeros de la región que reclaman al Gobierno acciones contundentes para conjurar la crisis humanitaria.
El personero de Ocaña instó al Gobierno nacional a entregar respuestas inmediatas y efectivas para que merme la confrontación armada entre los grupos que se disputan el territorio por los cultivos ilícitos.
“Siguen los enfrentamientos, amenazas, secuestros, retenciones, desplazamiento forzado, homicidios y esas circunstancias eleva el número de víctimas atendidas en Ocaña”, dijo el representante del Ministerio Público, que ve con preocupación cómo expira el tiempo de la Conmoción Interior sin resultados concretos.
“A la fecha de hoy se registran unas 400 declaraciones individuales en marzo, lo que supera las 1.000 personas desplazadas en los últimos meses, aparte de las 10.228 víctimas de los desplazamientos masivos”, precisó.
Hay que recordar, que el pasado martes se reunió la Segunda Comisión Intersectorial para la Región del Catatumbo, y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, anunció que durante el encuentro cada uno de los ministerios socializó las acciones que se implementarán en el territorio con los 2.7 billones de pesos destinados a través del decreto de Conmoción Interior.
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“El 24 de abril deben estar comprometidos todos los recursos, ya sea mediante convenios o por ejecución directa del Gobierno, para garantizar que los proyectos se lleven a cabo y beneficien efectivamente a la población de la región del Catatumbo”, expresó el mandatario regional.
Campesinos asumen el riesgo
La gente está desesperada y algunas familias están optando por regresar a las parcelas arriesgando así su integridad física, afirman los personeros.
“Tenemos información de retornos voluntarios, pero cuando llegan a sus fincas son abordados por los integrantes de los grupos armados que hacen exigencias, y estos desplazados deben trasladarse nuevamente a otras veredas para proteger sus vidas. En el peor de los casos devolverse a Ocaña o hacia otras regiones del país”, explicó Bohórquez.
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El personero pidió una respuesta clara para las personas desplazadas que están en Ocaña, para las que decidieron retornar y para las que se encuentran confinadas.
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