Luego de estar durante 30 años en comodato en un espacio cedido por la Empresa Social del Estado, del Hospital Emiro Quintero Cañizares, la Unidad básica del Instituto de Medicina legal y ciencias forenses trasladará las oficinas hacia la Ciudadela norte del municipio de Ocaña. 

Las directivas del centro asistencial, desde el año pasado, solicitaron la entrega de la estructura para la ampliación de urgencias del centro de salud y levantar la torre con la finalidad de fortalecer el portafolio del tercer nivel de complejidad. 

El ultimátum iba hasta enero, sin embargo, se prorrogó por los efectos del conflicto armado registrados en la zona del Catatumbo, y cuyo plazo expiró el pasado 31 de marzo, obligando a pasar la parte administrativa de la unidad forense al puesto de salud de la Ciudadela Norte, donde solamente se atenderán los casos de reconocimientos médico legales. 

La preocupación radica en los procedimientos de las necropsias, cuyos cadáveres deben trasladarse hacia Cúcuta o Bucaramanga encareciendo los costos por los servicios exequiales, manifiesta el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, quien instauró una acción de tutela para defender a los familiares de los fallecidos. 

Los representantes de las funerarias adelantaron una jornada de protesta en solidaridad con estas familias, ya que viven una cruzada para concretar todo el proceso funerario de sus seres queridos fallecidos. “La gente clama un tratamiento justo con estudios y diseños de una morgue que reúna las exigencias de ley en una zona tan convulsionada como el Catatumbo, donde Ocaña es el epicentro de esos procesos”, dice el vocero de la funeraria Capillas del Rosario, Elkin Salazar. 

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El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, precisó que se adelantó la gestión ante la Sociedad de Activos Especiales, SAE, para la entrega de un inmueble en el barrio Buenos Aires, pero se deben seguir unos trámites legales y ponerse al día con el pago de servicios públicos e impuestos. Además, se coordina con una funeraria el préstamo de la morgue, mientras se adecúa un cuarto frío con mesones y neveras para la preparación de los cadáveres.

Desidia de la clase dirigente

Irónicamente Sardinata cuenta con modernas instalaciones, pero carece de funcionarios y en Ocaña ocurre lo contrario no hay infraestructura física y los empleados temen un traslado para continuar con la estabilidad laboral. 

Durante muchos años se advierte sobre la necesidad de adecuar una buena morgue con los cuartos fríos útiles en la conservación de los cadáveres, las licencias para el saneamiento básico ambiental, sin embargo, la clase dirigente de la región y el Instituto de Medicina Legal nunca gestionaron los recursos, señala el vocero cívico, Luis Albeiro Páez. 

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“Se durmieron sobre los laureles, y ahora que el ministro de Salud, anuncia 90.000 millones de pesos para la ampliación del hospital, no existe un lugar adecuado para la preparación de nuestros muertos, cuyos familiares viven un calvario en otras partes para acceder a la necropsia”, agrega. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses está adscrito a la Fiscalía General de la Nación desde donde se deben asignar los recursos para la prestación de esos servicios.

Tutela para que descansen en paz

Frente a esta realidad el personero, Jorge Armando Bohórquez, instauró ante el Juzgado municipal de la ciudad una acción de tutela en contra de la alcaldía de Ocaña, el hospital Emiro Quintero Cañizares, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Fiscalía General de la Nación, ministerio de Justicia, gobernación de Norte de Santander y unidad nacional de víctimas con el fin de que se amparen los derechos fundamentales de dignidad humana, acceso a la administración de justicia, el derecho a la verdad, justicia y reparación integral. 

En la exposición de motivos manifiesta que hace más de 25 años, el hospital Emiro Quintero Cañizares suscribió un contrato de comodato con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, permitiéndole ocupar un espacio dentro de sus instalaciones para el adecuado funcionamiento de sus servicios en el municipio. 

“No obstante, en la actualidad, y con la aparente intención de ampliar su infraestructura y fortalecer su capacidad de atención, la E.S.E. ha solicitado al instituto la restitución del inmueble cedido. Este hecho no generaría mayor problema si no fuera porque Ocaña ha desempeñado un papel fundamental como centro de apoyo institucional y humanitario en el Catatumbo, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en Colombia”, indica.

Bohórquez precisa que la ciudad se ha consolidado como un punto estratégico de atención y acompañamiento para las comunidades de esta región, ofreciendo servicios de salud, educación, justicia y protección, y sirviendo de base para el trabajo de organizaciones sociales, instituciones estatales y organismos de cooperación internacional que buscan fortalecer el tejido social y promover la paz en el territorio. 

En ese sentido, el hecho de que el Instituto Nacional de Medicina Legal no cuente con una infraestructura adecuada dentro del municipio de Ocaña para realizar las labores de necropsia y demás acciones de tanatología dejaría sin atención casos urgentes como la identificación de cadáveres y la determinación de causas de muerte, especialmente en contextos de violencia, accidentes o muertes sospechosas. 

El personero explicó que estos servicios no solo son esenciales para el esclarecimiento de los hechos desde el punto de vista judicial, sino que permiten salvaguardar derechos fundamentales como el acceso a la verdad, la justicia y reparación integral. Indicó que la existencia de una morgue en el municipio es fundamental para garantizar la adecuada gestión de los cuerpos sin vida, permitiendo realizar procedimientos técnicos que son esenciales para las investigaciones judiciales. 

La ausencia de este servicio en la zona no solo retrasa el esclarecimiento de hechos violentos o muertes sospechosas, sino que también pone en riesgo la integridad de las pruebas recolectadas y la correcta documentación de los casos.

Además, dicha situación no solo afectaría la eficiencia en los procesos judiciales, sino que también podría traducirse en mayores cargas económicas y emocionales para las familias de las víctimas, quienes tendrían que desplazarse a otros municipios e incluso departamentos para realizar trámites relacionados con el reconocimiento de cuerpos y la obtención de dictámenes periciales, indispensables para acceder a historias clínicas clave dentro de los procesos investigativos Bohórquez enfatizó que esta situación representa una revictimización de las personas afectadas por la violencia o por eventos trágicos, al dificultarles el acceso a servicios forenses oportunos y dignos.

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Explicando que el Instituto Nacional de Medicina Legal desempeña, además, un rol vital en la articulación institucional frente a emergencias, catástrofes o eventos masivos que puedan implicar pérdida de vidas humanas. “Sus labores en el territorio garantizan una respuesta inmediata, profesional y respetuosa de los derechos humanos, minimizando los impactos emocionales y asegurando la dignidad de las personas fallecidas y sus familiares”.

Buscar alternativas

El personero Jorge Armando Bohórquez destacó que resulta imperativo considerar alternativas que permitan garantizar la el funcionamiento de la morgue en el municipio, ya sea a través de la asignación de un nuevo espacio físico dentro de Ocaña, o mediante la gestión interinstitucional que permita conjugar los intereses de la E.S.E. con la necesidad de mantener la presencia de este servicio forense esencial. 

“La ausencia de una sede en el territorio no solo representa un retroceso en materia de acceso a la justicia, sino que debilita la respuesta institucional frente a los desafíos humanitarios y de seguridad que aún persisten en la región del Catatumbo, la cual, cabe resaltar, se encuentra actualmente bajo una declaratoria de Conmoción Interior”, manifiesta. 

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Dada la situación de conflicto armado que se ha venido intensificando en los últimos meses en el territorio, y ante el evidente aumento de hechos violentos que han afectado gravemente la seguridad y la tranquilidad de Ocaña, solicitó al alcalde adelantar los trámites necesarios para suscribir un convenio con una funeraria o cementerio habilitado, que permita la realización de los procedimientos forenses. “La presencia de este servicio resulta crucial para garantizar una atención forense oportuna, eficaz y cercana a las víctimas directas e indirectas del conflicto”, sostuvo.

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