La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) coordina con la empresa Electrificadora de Santander, el plan de compensación forestal del cerro de Jurisdicciones donde nace el río Algodonal, tributario del río Catatumbo.
A cada familia se le entrega un incentivo para cuidar el páramo en aras de mantener las fuentes hídricas. Edwin Enrique Torrado, director territorial de Corponor en Ocaña, resaltó la iniciativa suscrita en el municipio de Ábrego para beneficiar a un sector de la vereda La María del páramo de Jurisdicciones, que se convierte en la despensa de agua para la provincia de Ocaña y algunas zonas del Catatumbo.
Precisó que se firmó un acuerdo para el pago por servicios ambientales producto de una compensación impuesta a la Empresa Electrificadora de Santander, por la línea de energía que se construye desde el 2020 entre Ocaña y San Alberto.
El pago por servicios ambientales entrega auxilios económicos a 18 familias, a las cuales se les aporta un millón 200 mil pesos por 36 meses, un aproximado de más de 40 millones de pesos por cada uno de los núcleos, lo que representa un desembolso de $740 millones en ese lapso por el cuidado de esa reserva forestal.
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“Cada familia se compromete a conservar y proteger alrededor de seis hectáreas a no tocarlas, ni explotarlas y obviamente los ingresos permitirán subsistir en la zona rural sin afectar a la naturaleza”, agregó el funcionario. La corporación como autoridad ambiental hará seguimiento y auditoría al cumplimiento de las metas encaminadas a proteger las cuencas hidrográficas de la parte alta del río Algodonal.
La ganadería
Uno de los litigios que está encaminado a la ganadería extensiva y se viene dialogando para conciliar los cuidados del medio ambiente. “Con ellos se mantiene conversaciones permanentes para no entrar en choque de acuerdo a las necesidades básicas.
No es restringir a la fuerza, sino encontrar soluciones tanto para ellos que han vivido todo el tiempo allá, como para la corporación como protectora del medio ambiente. Hay una mesa de trabajo proyectada con la participación del ministerio, comunidad y Corponor para adoptar estrategias viables”, recalcó Torrado.
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El proyecto de pagos por servicios ambientales es un granito de arena para lograr aspectos positivos donde la gente cuide los entornos para garantizar las fuentes de origen del preciado líquido, puntualizó.
Un estímulo al campesino
El ingeniero agrónomo y exfuncionario de la antigua Inderena, Álvaro Lobo Amaya, destacó la responsabilidad social de las empresas electrificadoras.
En la vereda La María de Ábrego, Corponor suscribe el convenio con la Empresa Electrificadora de Santander para implementar el incentivo económico de pago por servicios ambientales, como estímulo a las personas o comunidades que conservan y restauran ecosistemas en este caso del cerro de Jurisdicciones que hace parte del páramo de Santurbán.
“Desde hace más de 40 años en el Inderena, autoridad ambiental de la época, con Bautista Vargas, como inspector de bosques, se avanzó en esa tarea con acercamientos a la comunidad de ese ecosistema de alta montaña para la protección de esa área de interés forestal, social, económica y cultural para la subregión del Catatumbo”, indica el profesional.
Este acuerdo nace de un proceso de licenciamiento o autorización para el proyecto del tendido de una línea de transmisión eléctrica entre los municipios de Ábrego, Ocaña y San Alberto, donde Corponor como autoridad ambiental regional impone en la resolución una medida de compensación por las afectaciones que genera la iniciativa, reseñó.
Los recursos por el pago de servicios ambientales lo desembolsan la misma electrificadora en el marco de la obligación de registro complacido. Allí comienza el complejo del páramo de Santurbán y de nuevo hace presencia la autoridad ambiental no para restringir las actividades, sino para acercar el Estado a las comunidades asentadas en esas áreas estratégicas para la producción de agua que beneficia a los municipios ribereños de los Santanderes.
“Es un reconocimiento a la comunidad para proteger las hectáreas del ecosistema de páramo en articulación con los entes territoriales. Es importante la presencia de las entidades ambientales con proyectos sostenibles y acciones de conservación de la mano con la comunidad”, dijo Lobo Amaya.
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Hay que recordar que el proceso de delimitación del páramo de Santurbán que adelanta el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en virtud de la sentencia T361 de 2017, dio un plazo perentorio de un año, pero sin cumplimiento. Razón por la cual el Tribunal Administrativo de Santander abrió, el pasado 4 de febrero, una investigación por desacato a una orden judicial a la ex ministra Susana Muhamad.
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