A pocas horas para finalizar 2025, muchos campesinos de Ocaña, en medio de las dificultades económicas que enfrenta el sector rural, trazan planes para mejorar sus condiciones de vida y hacer realidad los proyectos de sus hijos. Sin embargo, una nueva preocupación se abre paso ante la decisión del Gobierno nacional de adelantar un nuevo avalúo catastral en la zona rural del municipio, medida que ha generado inquietud e incertidumbre entre las comunidades.

El presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del corregimiento Agua de la Virgen, Héctor Jorge Navarro Sánchez, calificó como grave la situación, al considerar que, lejos de representar beneficios, podría profundizar la crisis que atraviesa el sector agropecuario.

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“Algo similar ocurrió con el impuesto de alumbrado público en la zona rural: muchos no contamos con ese servicio y aun así estamos obligados a pagarlo, bajo el argumento de que la ciudad y los centros poblados sí tienen iluminación, mientras nosotros seguimos en penumbras. Lo aplicaron y los concejales no han podido desmontarlo”, afirmó el dirigente comunal.
 

No hay claridad meridiana

El Gobierno nacional, a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), puso en marcha una medida excepcional orientada a reducir el rezago histórico existente entre el valor comercial de los predios y la información registrada en las bases catastrales.

Esta decisión impactará directamente al sector rural de Ocaña, que recibirá una base de datos actualizada con nuevos avalúos prediales para la vigencia 2026. A diferencia de una actualización catastral tradicional, el procedimiento se sustenta en estudios técnicos y tecnológicos por zonas, mediante los cuales el IGAC determinó el valor por hectárea de acuerdo con la capacidad productiva y las condiciones económicas de cada terreno.

Según la Secretaría de Hacienda municipal, este ajuste busca reflejar la realidad actual del campo colombiano y hace parte de una metodología que se implementará en 533 municipios del país.

La titular de esa dependencia en Ocaña, la contadora Yakaira María Galvis Torres, explicó que el municipio ya adelanta un análisis comparativo para medir el impacto financiero que tendrá esta medida sobre los propietarios rurales. Aunque advirtió que el incremento en los avalúos puede ser significativo en términos nominales, envió un mensaje de tranquilidad frente al cobro del impuesto predial.

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“Un predio que este año figure en catastro por 100.000 pesos, el próximo podría aparecer con una base de 5 o 6 millones. Sin embargo, la ley establece límites: el impuesto predial no podrá incrementarse en más del doble de lo que el contribuyente paga actualmente”, precisó la funcionaria.
 

Información predial

Desde la administración municipal se reiteró que este proceso corresponde a una disposición obligatoria del Gobierno nacional, cuyo propósito es cerrar la brecha de información predial, mejorar la planeación territorial y avanzar hacia una mayor equidad en la gestión tributaria, con base en datos acordes con el uso real y las condiciones de las tierras rurales.

La Secretaría de Hacienda anunció que realizará jornadas pedagógicas y mantendrá un seguimiento permanente para que los propietarios conozcan en detalle la aplicación de la norma y los topes de protección establecidos para evitar cobros excesivos.

No obstante, el vocero comunal Héctor Navarro insistió en que, aunque ha solicitado en reiteradas ocasiones la implementación del catastro multipropósito, persisten decisiones que —según él— se adoptan sin suficiente concertación con las comunidades.

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“Lo mismo ocurrió con el diferendo limítrofe entre Cesar y Norte de Santander: de un momento a otro nos cambiaron de jurisdicción sin un avalúo real ni planos claros. Estamos a la deriva, a la espera del deslinde definitivo, pero sí debemos pagar impuestos elevados, sin que se tengan en cuenta los suelos aptos para la agricultura, las reservas forestales o las zonas de alto riesgo”, puntualizó.

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