Los damnificados de la avalancha ocurrida en la vereda El Tarrita, comprensión rural de Ábrego, no dan el ‘brazo a torcer’ y ayer decidieron mantener, hasta nueva orden, el cierre temporal de la carretera Ocaña-Cúcuta.
A pesar de las mesas de diálogos, no llegan a los acuerdos definitivos y exigen la presencia del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgos para que asuma el compromiso del reasentamiento humano.
Los campesinos aseguran que ni siquiera han definido la adquisición de predios y muchos han retornado a la zona bajo se propio riesgo a desempeñar actividades comerciales a la orilla de la carretera.
“Aquí estaremos hasta las últimas consecuencias, hemos aguantado mucho por parte de los funcionarios sin voz, ni capacidad de decisión”, afirmó, Wilmar Ortiz, vocero comunal de la Quebrada Paramillo.
Al comienzo, el bloqueo intermitente era de dos horas y habilitaban el paso, ante la falta de entendimiento se aumentó a 4 horas, generando grandes filas de vehículos.
“Damos plazo hasta este viernes para concretar una propuesta viable, de lo contrario cerraremos la arteria de manera permanente para llamar la atención del Gobierno nacional”, señaló la presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Brisas de El Tarra, Torcoroma Peñaranda Vergel, quien expresó el malestar por los dos años largos de espera sin respuesta alguna.
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Recordó la demanda millonaria en contra del Estado interpuesta por 118 familias afectadas debido a la negligencia ante una tragedia anunciada con antelación.
El meollo del asunto
El retraso en los procesos de adquisición de predios aptos para la reubicación de la gente afectada por el desastre natural, la lentitud de los trámites en el desembolso de los arriendos de los damnificados, la demora de una intervención definitiva para mitigar la falla geológica en lo alto de la cordillera y la tardanza de los estudios y diseños de un nuevo trazado de la vía son motivos suficientes para mantener bloqueado el corredor trascendental en la dinámica comercial entre la zona de frontera con la costa norte colombiana.
El alcalde de Ábrego, Huber Darío Sánchez Ortega, censuró la pasividad de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para materializar soluciones definitivas.
Hizo un llamado a la concertación y el diálogo para mitigar las grandes pérdidas en los distintos sectores por los cierres temporales. Como abogado, el mandatario expuso a los manifestantes los requisitos en los procesos de adquisición de predios. Instó al Ministerio de Interior concertar para encontrar salidas jurídicas en la compra de los terrenos.
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Asimismo, precisó sobre el principio de corresponsabilidad donde la gobernación de Norte de Santander y a la Unidad Nacional deben responder por los arriendos hasta cuando haya una solución definitiva con el reasentamiento.
No están abandonados
El personero de Ábrego, Antonio José Rodríguez Gómez, aclaró que los damnificados nunca han estado en abandono total por parte de la institucionalidad como lo expresan en un comunicado.
“Nosotros no hemos dejado de hacer seguimiento, la administración municipal ha estado presta a efectuar lo que corresponde, pero se han presentado dificultades con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en la postulación de 4 lotes, de los cuales 3 no fueron aptos y el cuarto reúne los requisitos, sin embargo, tiene una limitante que no permite avanzar en el proceso”, agregó el funcionario del Ministerio Público que entiende el sinsabor de la comunidad.
Desde la administración municipal se convocó a los habitantes de la región para allegar documentos de otras fincas para buscar una salida a esa crisis humanitaria.
El anuncio lapidario de la Unidad que no existe plata ha generado malestar entre los habitantes de esas veredas, atizando el inconformismo e impulsarlos a las vías de hecho.
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“Si no tenemos un terreno con todas las exigencias de ley, entonces cómo se va a comprar. Hay que hacer las gestiones, así en el momento no existan recursos”, exclama Rodríguez quien solicitó un compás de espera mientras surten efecto los trámites para no generar traumatismos sobre el eje vial.
Todos se tiran la pelota
La ambigüedad de la norma ocasiona retrasos en el desembolso de los arriendos y por ende la reacción de los protestantes.
El defensor afirma que la administración municipal ya desbordó la capacidad para la ayuda primaria y ahora viene la corresponsabilidad entre la gobernación (3 meses) donde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres hará lo mismo. Sin embargo, los engorrosos trámites administrativos atrasan la diligencia y son “sacados a garrotazos de las casas, obligados a anochecer y no amanecer debido a las deudas”.
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Uno de los moradores de la vereda El Tarra, con recursos propios reconstruyó su vivienda porque no hubo esa respuesta inmediata del Estado. “Estamos haciendo la revisión de los casos con las veedurías ciudadanas y en el momento que hallemos esas irregularidades no nos temblará las manos para imponer las sanciones correspondientes.
Un trazado viable
Otro de los puntos en discordia es el trazado de la vía, pues el personero no comparte que se realice por el mismo costado del lecho del río.
“El nivel de afectación no es mitigable, el riesgo es inminente, si únicamente bajó el 5 por ciento de la remoción en masa de lo alto de la cordillera, en 10 o 20 años, no sabemos porque la naturaleza es impredecible, se estaría borrando estos caseríos y perdiendo toda la inversión”, advirtió Rodríguez Gómez.
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El alcalde de esa población Sánchez Ortega dejó en manos de los representantes del Instituto Nacional de Vías para que exponga los avances de los estudios y diseños.
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