Una nueva etapa en la disputa territorial entre los departamentos de Norte de Santander y Cesar ha encendido una luz de esperanza para cientos de familias campesinas que habitan en los sectores rurales del municipio de Ocaña. La reciente socialización del expediente limítrofe por parte de la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes abrió el espacio para que las voces del territorio fueran escuchadas.
En una audiencia pública convocada de manera virtual por dicha comisión, presidida por los representantes Carolina Giraldo Botero y Eduard Alexis Triana Rincón, se abordó el expediente radicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) el 10 de mayo de 2023, el cual ha generado fuerte controversia tras la reasignación de predios que tradicionalmente pertenecían a Norte de Santander.
Más de 90 kilómetros en juego
El corazón del conflicto se encuentra en la transferencia de 91,98 kilómetros cuadrados —casi 10.000 hectáreas— hacia el departamento del Cesar. Esta zona comprende 374 predios distribuidos en 13 asentamientos rurales, donde residen cerca de mil campesinos que históricamente han recibido servicios esenciales como salud, educación e infraestructura por parte de la administración ocañera.
Durante la audiencia, José Ricardo Guevara, delegado del IGAC, presentó la justificación técnica y jurídica del traslado de las cartas catastrales, fundamentada en criterios de ordenamiento territorial y tradición catastral. Sin embargo, su intervención generó inconformidad en las comunidades afectadas, que denuncian haber sido excluidas del proceso.
Reclamos desde el arraigo y la historia
La representación jurídica del departamento de Norte de Santander, liderada por el secretario jurídico Jhonny José Sánchez Carrascal, fue enfática en cuestionar la legitimidad del traslado, destacando el profundo arraigo histórico, cultural y administrativo de los campesinos con la ciudad de Ocaña.
“El municipio de Ocaña cuenta con registros cartográficos anteriores incluso a la creación del departamento del Cesar en 1967. No se puede ignorar una tradición de más de medio siglo por decisiones administrativas desconectadas del territorio”, declaró Sánchez Carrascal.
Por su parte, la secretaria de Planeación de Norte de Santander, Marcela Angulo, respaldó la postura con mapas y documentos que evidencian la inversión estatal en las zonas afectadas, incluyendo programas sociales, infraestructura vial y sedes educativas.
La preocupación también alcanzó el plano de los derechos humanos. El personero municipal de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, denunció que esta redistribución territorial afecta gravemente a más de mil familias, muchas de ellas víctimas del conflicto armado.
“Se están vulnerando derechos fundamentales. No puede pasarse por alto que estas comunidades están en procesos de reparación y que una decisión inconsulta interrumpe esa recuperación”, sostuvo Bohórquez.
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El impacto también ha sido denunciado por líderes comunitarios como Héctor Jorge Navarro Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nuevo Amanecer, quien relató el desconcierto de los campesinos ante los cambios abruptos. “Nos acostamos en Norte de Santander y amanecimos en el Cesar. Mi abuelo compró esta finca en 1947. Hoy pagamos impuestos impagables por servicios que seguimos recibiendo desde Ocaña”, afirmó.
Llamado a la concertación
Ante el clima de tensión, el alcalde de Ocaña propuso establecer mesas de concertación con los mandatarios del sur del Cesar, a fin de evitar nuevos traumas sociales en la región. En su intervención, destacó que veredas como San Pedro, Los Curos, El Poleo, El Cauca, Yerbabuena, Cristo Rey y Pueblo Viejo, entre otras, han estado bajo la cobertura institucional de Ocaña por décadas.
El mandatario local también señaló que la decisión tomada por el IGAC en 2011 de reasignar una serie de predios se basó en análisis incompletos y sin presencia territorial real, lo que ha generado una ruptura de la lógica geográfica y administrativa.
“Pedimos la conformación de una comisión integrada por representantes de ambos departamentos para que se pueda llegar a acuerdos concretos y que el Congreso actúe con celeridad. No se puede tomar una decisión definitiva sin un análisis profundo del territorio”, sentenció.
La controversia
El origen del litigio se remonta al año 2006, cuando comenzaron las primeras disputas sobre los linderos interdepartamentales. En 2011, el IGAC trasladó las cartas catastrales de forma unilateral, desatando una serie de reclamos jurídicos. Fue apenas en 2018 cuando el Tribunal Administrativo de Norte de Santander falló a favor del departamento, señalando irregularidades en el proceso.
A pesar del fallo, el conflicto sigue latente y se ha convertido en una lucha por la identidad, los derechos adquiridos y la dignidad de comunidades que claman por estabilidad administrativa.
Como lo resumió el líder comunal Héctor Navarro: “Es triste que decisiones tomadas desde los escritorios desconozcan una historia viva que se respira en cada parcela. No es solo un tema de linderos, es nuestra vida la que está en juego”.
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La Comisión Especial del Congreso ahora tiene en sus manos la responsabilidad de emitir un concepto que podría marcar un antes y un después en el destino de estas comunidades rurales, que solo piden ser escuchadas, respetadas y tenidas en cuenta en las decisiones que les cambian la vida.
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