La demora en una solución definitiva generó malestar entre los campesinos de la vereda El Tarrita, quienes desde ayer coordinan el bloqueo de la arteria vial para llamar la atención del Gobierno nacional con el fin de presionar la asignación de recursos y las soluciones prometidas, entre estas, el reasentamiento del pueblo, así lo dio a conocer el colectivo de abogados, Álvaro José Ibáñez Sierra que representa a la comunidad. 
 
Trascendió a este medio que la hora cero fue postergada ante el taponamiento de la carretera Ocaña- Cúcuta a la altura de Urimaco, en El Zulia, por  volqueteros quienes reclaman mejores condiciones para el transporte del carbón.
 
“Están cansados de tantas promesas y visitas de subalternos de las entidades gubernamentales sin decisión de mando, donde la situación económica obligó a retornar a las ruinas de las viviendas averiadas para obtener el sustento diario en el corredor vial”, aseguró el profesional del derecho.

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Ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander fue instaurada una demanda por 67.000 millones de pesos para reparar a las 145 familias víctimas del desastre natural. 

Una desalentadora respuesta

“Plata no hay”, así de sencilla fue la respuesta de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres al personero de Ábrego, José Antonio Rodríguez Gómez, quien busca estrategias encaminadas al reasentamiento humano de los damnificados de la avenida torrencial, ocurrida hace dos años en la carretera Ocaña-Cúcuta.
 
Los escándalos de corrupción retrasaron los mecanismos para sofocar la crisis humanitaria a tal punto que las carpetas de los estudios iniciales para la adquisición de predios se extraviaron y el proceso debe empezar de nuevo.
 
Asegura que las personas delegadas por la Unidad no están facultadas para esgrimir una pronta solución. “Vienen recopilan información, toman evidencias y se marchan a la capital”, dijo Rodríguez. 
 
“El sol no se puede tapar con un dedo. No estoy de acuerdo que se engañe a la gente de esa manera, se han observado varias fincas y de una, ninguna reúne los requisitos mínimos de seguridad para remediar el problema y avanzar en proyectos productivos”, anota el funcionario del Ministerio Público.

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Rodríguez dejó en manos de la oficina de conflictividad de la Defensoría Nacional del Pueblo un oficio para que dirima esa situación ya que el Estado no puede evadir una responsabilidad aduciendo la falta de disponibilidad presupuestal para esos imprevistos.

Los tropiezos legales 

El presidente de la Junta de Acción Comunal de El Tarrita, Álvaro Jácome Rangel, aseguró que se han presentado dificultades a la hora de adquirir el predio y solventar la situación.
 
“Los trámites son muy engorrosos, hemos visto 6 fincas y únicamente una clasifica dentro los parámetros exigidos por la entidad. Factores como deslizamientos de tierra, inundaciones y falsa tradición impiden la compra para estructurar proyectos productivos agropecuarios. Se han visto franjas en El Rodeo, El Laguito, La Estancia y La Nueve, pero solo una hacienda disponible en El Campanario de 40 hectáreas es viable, sin embargo, se requieren 100 hectáreas para albergar a las 86 familias viabilizadas”, agregó el vocero comunal.

En junio está pendiente la visita de expertos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para definir esa compra y deben buscar otros terrenos para completar el ejercicio.  “Los asesores jurídicos son muy cuidadosos a la hora de tomar una determinación ya que deben existir las condiciones, la voluntad de venta del propietario, el visto bueno de los beneficiarios y los predios aptos para mantener la vocación agrícola de la zona”, recalcó.
 
La historia continúa igual donde los damnificados en medio del desespero asumen los riesgos y regresado a la zona afectada para obtener el sustento diario de la dinámica de la vía. “Unos trabajan como jornaleros, otros toman a medias unos cultivos y un 40 por ciento ha regresado al sitio desarrollando actividades informales con venta de productos a pasajeros y conductores”, reiteró el vocero comunal quien confía en una pronta solución antes de tomar las vías de hecho.

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“Se verifican los documentos para determinar las sanas posesiones y enmendar los vicios de legalidad para la trazabilidad de los predios, pues algunas víctimas permanecían bajo la modalidad de arrendamiento o cuentan con una propiedad en otro lugar y fueron excluidos de la reparación”, puntualizó el abogado defensor, Álvaro Ibáñez.

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