Durante por lo menos tres años, Gerardo Álvarez Peña, alias el Brujo, habría sido uno de los principales responsables de infundir terror entre los habitantes del Catatumbo, llegando a convertirse en cabecilla de milicias urbanas del Frente 33 de la disidencia de las Farc en ese periodo.

Durante ese lapso, el hombre habría ordenado y comandado diferentes ataques contra la comunidad, labores de observación contra la Fuerza Pública y confrontaciones con la organización rival: el Eln.

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Sin embargo, el primer crimen por el que fue judicializado, poco después de ser capturado por las autoridades, es por ser señalado como el responsable directo de ordenar la muerte de un firmante de paz, Juan Antonio Castro Carrillo.

Este hecho, ocurrido en 2022, fue clave para la investigación contra el Brujo y pieza central para su detención e imputación de cargos por parte de un fiscal de la Unidad Especial de Investigación, por los delitos de concierto para delinquir, homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego, todas las conductas agravadas.

A pesar de no aceptar los cargos, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en prisión mientras avanza la investigación en su contra, con el fin de establecer una posible participación en otros hechos delictivos.

Así actuaba

En medio de la audiencia de imputación de cargos, la fiscal del caso reveló más detalles sobre el accionar del hombre, acusado de concertarse con el Frente 33 para cometer delitos en Tibú, como forma de mantener el control territorial de esta guerrilla en el sector.

El papel de Álvarez Peña era tan relevante y generaba tanto respeto que tenía la capacidad de emitir órdenes directas que debían ser acatadas de inmediato por sus subordinados. Por esta razón, habría ordenado el asesinato de Castro, al considerarlo “enemigo del grupo armado por dejarlo para ser parte de la construcción de paz en 2016”, según explicó la fiscal.

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La orden se hizo efectiva en la noche del domingo 23 de octubre de ese año, en el barrio La Esperanza, en el casco urbano de Tibú. Hasta allí llegaron dos hombres a la vivienda de Castro y lo ubicaron en la parte externa para posteriormente dispararle en repetidas ocasiones.

La víctima corrió hacia el interior de su casa, pero uno de los atacantes, conocido con el alias de Chacal, disparó hasta vaciar el cargador de su arma, logrando impactarlo en el abdomen y dejándolo en delicado estado de salud, lo que posteriormente requirió intervención médica.

Los pistoleros escaparon como llegaron, en una motocicleta, mientras que la víctima logró avisar a sus allegados de lo sucedido mediante una nota de voz. Una misión médica arribó al lugar de los hechos y trasladó al hombre al hospital de Tibú, donde fue estabilizado. Posteriormente, fue remitido a Cúcuta en un helicóptero a un centro asistencial de mayor nivel, donde requirió intervención quirúrgica para lograr su recuperación.

Complicado contexto

La captura de el Brujo se da en medio del proceso judicial contra los tres principales cabecillas del Frente 33: alias Andrey Avendaño, Richard Suárez y Jhon Mechas, por su presunta participación en al menos 49 asesinatos, en una imputación de cargos realizada por medios virtuales mientras los señalados se conectaban desde la selva.

Poco después, la Fiscalía solicitó a la Presidencia retirar los beneficios de voceros de paz a varios integrantes de esta organización, pues “habrían continuado las actividades criminales, pese a su participación en el proceso de ‘paz total’”. Por ello, el ente acusador pidió reactivar las órdenes de captura en su contra.

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