La Policía Civil de Minas Gerais, en Brasil, detuvo a Anielly Sousa Silva, de 21 años, acusada de liderar una red de extorsión que operaba en redes sociales. La joven usaba un perfil anónimo para difundir rumores de la comunidad y luego exigía pagos que oscilaban entre 35 y 100 dólares para eliminar las publicaciones.
Las autoridades confirmaron que la modalidad generó graves daños entre los habitantes, llegando a exponer a menores de edad, instituciones y familias enteras. Entre los casos documentados figura el de una adolescente que sufrió acoso escolar y depresión tras ser mencionada en uno de los rumores.
Pese a la investigación en curso, Silva continuó publicando contenido difamatorio, lo que llevó a la justicia a ordenar su detención preventiva. Ahora enfrenta cargos por extorsión, delito que contempla penas de hasta 10 años de prisión en Brasil.
Lea aquí: Trump da luz verde a la venta de TikTok en EE. UU. por más de 10.000 millones
Modus operandi para robo en redes sociales
De acuerdo con la investigación, Silva utilizaba una aplicación de mensajería anónima para incitar a los residentes a compartir información sin verificar sobre vecinos, conocidos e instituciones. Los rumores trataban principalmente sobre infidelidades, embarazos, orientación sexual o presuntos actos de violencia.
Los datos eran publicados sin comprobación alguna, y en muchos casos incluían nombres completos de los afectados. Una vez expuestos, Silva contactaba a las víctimas para exigirles dinero a cambio de borrar la publicación.
En audios incorporados al proceso, la joven afirmaba que las personas pagaban “si el contenido era verídico” y, en caso contrario, no podía hacer nada para retirar lo publicado. La actividad representaba una fuente secundaria de ingresos junto a su empleo en un centro comercial.
Conozca: Polémica por video de canción de Pokémon sobre deportaciones en Estados Unidos
Consecuencias e impacto legal sobre información falsa en redes
Las publicaciones alcanzaron más de un millón de visualizaciones, afectando la reputación y estabilidad emocional de varias personas en una ciudad de apenas 26.000 habitantes. Incluso, una institución benéfica local perdió apoyo económico tras una acusación falsa contra una trabajadora.
Tras su captura, el perfil anónimo fue eliminado y la Policía continúa recabando denuncias para establecer la magnitud de los daños. La defensa legal de la joven aún no se ha pronunciado sobre el caso.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .
