Luego de la aprobación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó un nuevo régimen penal juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Esta iniciativa fue aprobada por 149 votos a favor, frente a 100 en contra, por lo que ahora pasará al Senado para convertirse en Ley.
Este nuevo régimen penal juvenil establece un sistema integral para tratar delitos cometidos por adolescentes. Al respecto, el presidente argentino celebró la aprobación parcial de la Ley y felicitó a los diputados que “dieron una respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad”.
También mencionó que “el Gobierno Nacional confía en que el Senado de la Nación trate esta reforma con la urgencia que la situación exige, para que el fin de la impunidad sea una realidad”, referenciando en último paso que deberá tramitar este proyecto para empezar a ser efectivo.
A través de su cuenta de X, Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros y mano derecha de Milei, aseguró que con esta aprobación el país está “un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto”.
La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, defendió el proyecto de ley al afirmar que antes de presentarla consultó a más de 30 especialistas, entre ellos “neurólogos, médicos especialistas en salud mental, especialistas en desarrollo cognitivo”.
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Voces en contra de la iniciativa de Milei
Los expertos, añadió, explicaron que “a partir de los 12, 13 o 14 años aproximadamente un menor tiene absoluto conocimiento de que está cometiendo un hecho ilícito frente a la ley” porque cuenta con “discernimiento y voluntad”.
Entre los que votaron en contra, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman subrayó que “siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora”, y que la iniciativa busca “la persecución penal de los pibes (niños)”.
Las penas privativas de libertad, según el proyecto oficialista, no podrán superar los 15 años y se propone cumplirlas en el domicilio, un centro de menores o en una sección separada de un establecimiento penitenciario.
La propuesta original promovida por el Gobierno argentino fijaba el inicio la edad mínima de punibilidad en 13 años, pero la elevó a 14 ante las críticas.
La Unión Cívica Radical (UCR, centro derecha) apoyó la Reforma Penal Juvenil porque, a su juicio, busca “garantizar justicia para las víctimas y fomentar la responsabilidad adolescente de sus actos”.
De obtener luz verde en el Senado, la iniciativa marcará otro triunfo legislativo para el Gobierno del presidente Milei, que inició la segunda parte de su mandato fortalecido en el Congreso tras resultar ganador de las elecciones legislativas de octubre.
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