Comentaba en una charla que tuvimos con Mauricio Reina (disponible en https://www.youtube.com/live/4nG8_PQG87w?feature=share) que el actual Gobierno se sostiene sobre un trípode inestable, al que le cojean todas las patas.

En las últimas décadas, la gobernabilidad en Colombia ha estado apoyada en tres pilares: los partidos políticos, el sector empresarial (con influencia en los medios) y la opinión pública. Petro pensó que la mezcla de respaldo popular y los acuerdos clientelistas con los partidos políticos le permitirían gobernar, manteniendo su discurso anti-empresa. Ese modelo está haciendo agua.

A juzgar por lo que pasó con la reforma laboral –que es síntoma de un problema más que su causa–, la institucionalidad política no será una fuente de apoyo para las iniciativas del presidente Petro. La principal razón es la poca voluntad de flexibilizar sus posiciones y construir consensos, que implosionó el gabinete y llevó a la ruptura de la coalición en el Congreso. Recomponerla, como quiere el ministro del Interior, será casi que imposible. Hoy por hoy estar en la oposición da más votos que estar con el gobierno.

A esto hay que sumarle el permanente choque con el sector privado, basado en una visión arcaica del mundo en la que el Estado lo puede todo.

Con dos de los tres pilares tambaleándose, el Gobierno ha apelado al poder de la calle. La constante convocatoria a marchas y el reciente anuncio de gobernar desde las regiones –incluso con facultades extraordinarias– para obtener respaldo popular, no son otra cosa que intentos para recuperar gobernabilidad. Pero aquí, también ha tenido problemas: las movilizaciones impulsadas por la oposición han sido más exitosas que las del propio Gobierno. Los errores en materia política, de estrategia y de comunicación, sumados a la falta de resultados concretos son suficiente motivación para salir a protestar.

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Con la institucionalidad y la calle en contra, ¿cómo piensa Petro edificar el trípode de la gobernabilidad? No es casualidad que en este contexto se haya anunciado de manera improvisada el cese al fuego con el Eln. El inicio de una negociación con las pandillas en Medellín va en la misma dirección. Es muy posible que el Presidente, utilizando el atractivo ropaje de la paz, esté a la búsqueda de aliados para ejercer un mayor control territorial en algunas zonas –urbanas y rurales– del país.

Pero, ¿cómo puede la política de Paz Total generar gobernabilidad? Subsidiar a las organizaciones ilegales, incluyendo la contratación de 100 mil jóvenes de las bandas delincuenciales a un costo de un billón de pesos, podría ser la antesala de un nuevo régimen, donde la falta de apoyo por parte de las instituciones, los empresarios y la opinión, se reemplaza por el control y la intimidación que generan este tipo de organizaciones.

No sería la primera vez en la historia de Colombia que se utilicen estos pactos con grupos al margen de la ley para ganar gobernabilidad. Aunque con un impacto más regional que nacional, las alianzas entre los paramilitares y sectores de la clase política tenían como propósito influir en los resultados electorales e, indirectamente, en el manejo del Estado. En un caso muy diferente, las negociaciones en el Caguán con las Farc inicialmente generaron apoyo político para impulsar la agenda del Gobierno, pero rápidamente se convirtieron en un pasivo dado el deterioro en las condiciones de seguridad.

La historia podría repetirse. Cuando el Presidente afirmó que en mayo de 2025 se alcanzaría la paz, fue la propia dirigencia de esta organización la que se encargó de desmentirlo, añadiendo que no pensaba dejar de secuestrar y extorsionar. Lo que viene es una etapa de proselitismo, con banderas que el propio Gobierno comparte y sin enfrentamientos con la fuerza pública.

La búsqueda de la paz no puede ser una excusa para que las ideas del gobierno, que no han logrado el apoyo de las instituciones, traten de imponerse con respaldo de organizaciones armadas que desafortunadamente son un factor de poder real en nuestro país. Si la intención es realmente la paz y no otra, el Gobierno debe despejar cualquier duda y exigirle a los grupos ilegales negociaciones sobre agendas y plazo concretos, con entrega de armas como requisito.

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