En el más reciente informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, Cúcuta y su Área Metropolitana volvieron a figurar en el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo correspondiente a 2025.

En 2024, la ciudad ocupó el puesto 39 con 360 homicidios. Cuando se esperaba que al año siguiente pudiera salir de este grupo, la cifra aumentó y cerró con 424 asesinatos, lo que la hizo descender nuevamente en el escalafón al puesto 28.

Según el ranking, de las 50 ciudades más violentas del mundo, 17 están en México; Colombia aporta ocho ciudades, lo que la ubica como el segundo país con mayor presencia en la lista. Le siguen Ecuador (siete), Brasil (seis), Sudáfrica (seis), Estados Unidos (tres), y Guatemala, Haití y Trinidad y Tobago, con una cada uno.

En el caso de la capital nortesantandereana y su Área Metropolitana, el informe señala que en 2025 se registraron 424 homicidios en una población de 1.018.234 habitantes, lo que equivale a una tasa de 41,64 por cada 100.000 habitantes.

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En medio de este panorama, un reciente ataque armado atribuido al Ejército de Liberación Nacional (Eln), ocurrido en el anillo vial de Cúcuta, dejó un subintendente de la Policía muerto. El uniformado fue atacado con ráfagas de fusil cuando se desplazaba en un vehículo oficial junto a un mayor de la institución, quien resultó gravemente herido.

La preocupación por la inseguridad también quedó reflejada en la más reciente encuesta de percepción ciudadana 2025 del programa Cúcuta Cómo Vamos, que evidenció un aumento en la sensación de inseguridad entre los habitantes, quienes manifestaron temor no solo en la ciudad, sino también en sus propios barrios.

A este escenario se suma la crisis humanitaria que enfrenta el Catatumbo desde hace más de un año, tras el recrudecimiento del conflicto entre el Eln y el frente 33 de las disidencias de las Farc, enfrentamientos que han dejado más de 100.000 personas desplazadas y al menos 120 muertes.

Ante este contexto, La Opinión consultó a los aspirantes a la Cámara de Representantes para conocer qué propuestas plantean frente a las condiciones de seguridad que mantienen a Cúcuta en este listado y qué estrategias sugieren para enfrentar la violencia derivada del conflicto entre guerrillas y estructuras criminales en el departamento. Esto fue lo que respondieron:

Juan Felipe Corzo, Centro Democrático

Plantea que la seguridad requiere mayores recursos y cuestiona la reducción presupuestal al sector Defensa. Propone devolver financiación a las Fuerzas Militares y de Policía, fortalecer la inteligencia y reactivar unidades como la Fuerza de Tarea Vulcano y la Fuerza de Despliegue Rápido.

También plantea invertir en tecnología, como cámaras con reconocimiento facial e inteligencia artificial, y garantizar seguridad jurídica a la Fuerza Pública. Sostiene que el Gobierno Nacional debe asumir un mayor compromiso frente a la crisis que vive el Catatumbo.

Marlon Chacón, Centro Democrático

Propone la creación de un Comando Integral en la frontera que articule presencia militar, inteligencia especializada, judicialización efectiva y cooperación internacional.

Considera que el narcotráfico es el principal motor de la violencia y plantea golpear sus finanzas para evitar que las estructuras criminales se reconfiguren. Afirma que recuperar el control territorial permitirá atraer inversión privada, generar empleo formal y transformar la percepción de inseguridad en Cúcuta.

Julián Amaya, Partido de la U

Plantea una estrategia basada en tres ejes: fortalecer la red de participación cívica, mejorar las capacidades logísticas de la Policía y reconocer el desempeño de la fuerza pública.

Propone reactivar los frentes de seguridad y replicar modelos exitosos como el de la Comuna 2, donde existe mayor articulación entre comunidad y autoridades. Además, insiste en dotar a la Policía de tecnología, movilidad y equipos adecuados para mejorar la prevención y reacción frente al delito.

Carlos Andrés Latorre Araque, Movimiento Agrario Colombiano (Pacol)

Sostiene que la violencia no se resuelve únicamente con más pie de fuerza, sino con inversión social y recuperación económica. Propone cinco líneas de acción: autoridad con inteligencia y tecnología; control de la frontera agrícola; generación de empleo; programas de prevención juvenil con enfoque deportivo; y una alianza con la Fiscalía para combatir la impunidad.

Afirma que la inseguridad está ligada al desempleo y que se requiere planificación para sacar a Cúcuta del listado de ciudades más violentas.

Alexa Gamboa, Partido Liberal

Tras haber sido víctima de la extorsión, centra su propuesta en la defensa del comercio y el emprendimiento. Plantea una agenda legislativa denominada “Seguridad Productiva y Blindaje al Comercio”, enfocada en endurecer las penas contra la extorsión, especialmente la microextorsión digital.

Propone modificar el Código Penal para eliminar beneficios como la casa por cárcel en casos de extorsión a pymes y crear “Cuadrantes de Seguridad Comercial” con presencia permanente del Gaula en zonas críticas. También impulsa incentivos y alivios para pequeños empresarios y programas de fortalecimiento empresarial juvenil.

Miguel Francisco Uribe, Mira – Dignidad y Compromiso

Enfoca su propuesta en fortalecer el respaldo logístico y tecnológico a la fuerza pública. Plantea implementar sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial, inteligencia artificial para rastrear economías criminales y crear grupos de reacción inmediata disponibles las 24 horas.

También propone reforzar el control fronterizo mediante una franja de seguridad que impida el tránsito de estructuras criminales. Insiste en la necesidad de combatir la financiación ilegal en la política y garantizar un gobierno firme frente a los grupos armados.

José Luis Duarte, Partido Conservador

Propone una estrategia que combine seguridad y oportunidades económicas. Plantea incentivos para el primer empleo rural y turístico, con el argumento de que el trabajo digno es la mejor política de prevención del delito.

Solicita un tratamiento diferencial para Norte de Santander, dadas las condiciones del Catatumbo y la dinámica fronteriza. Propone fortalecer la inteligencia, la contrainteligencia y las capacidades investigativas, junto con una mayor inversión social y presencia institucional efectiva en el territorio.

Diana Riveros, Partido de la U

Plantea para Cúcuta la implementación de un Sistema de Microterritorios Seguros, articulado entre el Gobierno Nacional, la administración municipal y la Fuerza Pública. Impulsará el marco normativo y presupuestal para que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa prioricen a Cúcuta como ciudad piloto en un modelo de focalización territorial contra el delito. ¿En qué consiste? En dividir la ciudad en microzonas de alta concentración de homicidios, extorsión y hurto, identificadas con análisis georreferenciado, y asignar en cada una equipos policiales estables con metas públicas de reducción del delito, tiempos de respuesta definidos y evaluación periódica. La lógica es clara: concentrar recursos donde el delito realmente ocurre y establecer responsables visibles por sector.

Promoverá también una agenda legislativa para fortalecer la coordinación entre Policía, Fiscalía y autoridades territoriales en la lucha contra la extorsión y las economías ilegales en zona de frontera. 

Eimy Yulieth Suárez González, Cambio Radical

Habrá seguridad fortaleciendo la capacidad operativa del Estado para ejercer un control territorial efectivo mediante la articulación de la Fuerza Pública, el sistema judicial y las autoridades administrativas. Esto implica mayor presencia institucional en zonas priorizadas, mejores tiempos de respuesta y una judicialización efectiva con coordinación entre Policía, Fiscalía y entes territoriales. La seguridad se consolida con un Estado presente, una justicia que prevenga y proteja, y la superación de la crisis penitenciaria para que las cárceles cumplan su función de resocialización y garantía de seguridad ciudadana.

El enfoque incluye sistemas de información integrados, monitoreo permanente de la criminalidad y uso estratégico de recursos con criterios técnicos. Además, plantea una prevención estructural dirigida a población vulnerable, especialmente jóvenes, mediante iniciativas que promuevan permanencia educativa, empleo, atención en salud mental y fortalecimiento comunitario, con el propósito de reducir el delito de manera sostenible y basada en evidencia.

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