Para qué se abren sedes de lo que se llama Mecanismo de Monitoreo y Verificación si prácticamente ningún incidente hará que se rompa unilateralmente el cese del fuego con la guerrilla del Eln, que entrará oficialmente en rigor a partir del 3 de agosto y se extenderá por seis meses, inicialmente.
Tres oficinas de esas características operarán en Norte de Santander, donde ese grupo alzado en armas hace presencia en áreas urbanas y rurales tanto del Catatumbo como del área metropolitana de Cúcuta y en corredores fronterizos con Venezuela.
Con la designación de tres lugares en que funcionarán, se está admitiendo que el departamento tiene profundas heridas ocasionadas por el conflicto armado desatado por las acciones violentas del autodenominado Ejército de Liberación Nacional, las cuales en lugar de mermar han ido en crecimiento, al lado del indudable fortalecimiento de su accionar tanto contra la Fuerza Pública como en las hostilidades a la población civil.
Las citadas sedes serán Cúcuta, Tibú y Ocaña, localidades en las que de por sí sus pobladores la han pasado muy mal por el padecimiento que el escenario de guerra les ha ocasionado y quienes esperarían que ese cese fuera una esperanza real, pero al leer que “ningún incidente por sí mismo será causa de ruptura unilateral del acuerdo de cese al fuego” como se advierte en uno de los protocolos, la perspectiva de mejoramiento palidece y se desdibuja.
Y las expectativas son más crecientes que las certezas, puesto que en los documentos divulgados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no se hace claridad sobre los momentos, situaciones o hechos que podrían desencadenar una violación del cese y a lo largo de los nueve protocolos se limitan a insistir en que su valoración será un asunto exclusivo de los negociadores.
Esos vacíos pueden dar paso a cualquier cantidad de interpretaciones frente a lo que realmente sucederá en la práctica.
O sea que si alguno de los frentes o comandos de esta guerrilla enfrentan a sus enemigos de otras organizaciones como las Autodefensas Gaitanistas o a disidencias de las Farc y en esos combates mueren o son heridos civiles, nada sucederá.
Y esa violación sin consecuencias que también puede ser la de un enfrentamiento con tropas del Ejército o la Policía, por cualquier circunstancia, podría quedar en la impunidad para la guerrilla pero con alguna clase de castigo o acción administrativa o judicial contra los miembros de la patrulla o sus mandos, que entraron en combate con el Eln.
Por ejemplo, entonces persistirá el temor de empresarios, comerciantes, ganaderos y agricultores porque podrán seguir siendo secuestrados o de la ciudadanía en general que continuará expuesta a la extorsión, el reclutamiento forzado, el asesinato y la desaparición, sin que esto implique nada.
Esa gran duda que todavía no es aclarada por las partes es prudente que se precise, porque en ninguna línea ni entrelínea de los protocolos aparece nada relacionado al respecto y en ese sentido hay gran inquietud en nuestro departamento.
El tiempo avanza y estamos a pocas semanas de entrar en este primer cese del fuego con el Eln, razón por la cual es urgente que tanto el Gobierno Nacional como esta guerrilla le den luz al largo túnel de inquietudes, vacíos, imprecisiones e incertidumbres para que no se vaya a terminar en una enorme frustración que implique mayores volúmenes de violencia, teniendo como resultado final una paz con alas rotas porque el fantasma de la impunidad y la ausencia de justicia, se hace presente con gran fuerza.
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