La desesperanza se cierne sobre el país y la región al seguirse conociendo datos relacionados con los efectos de la violencia sobre la economía y cómo se sigue estando en los primeros lugares de criminalidad en el mundo, lo cual indica que la seguridad debe ser integrada a la agenda económica.

“Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en niveles de criminalidad organizada, solo por detrás de Myanmar”, de acuerdo con un análisis elaborado por Corficolombiana.

Ahí se encuentra una de las razones para que en el caso cucuteño, la capital de Norte de Santander se encuentre situada entre las cincuenta más violentas del planeta. 

Corficolombiana advierte que en el país gran parte de la inseguridad se concentra en Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Meta, Norte de Santander, Cauca, Nariño y Arauca. 

Un solo aspecto que comprueba la intensificación de la inseguridad se relaciona con la extorsión, delito que en comparación con lo que sucedía en 2010, hoy muestra incrementos hasta del 800 por ciento.

Y el reflejo de esa cifra con la realidad confirma que en muchas zonas del país y la región la exigencia de dinero bajo amenazas a manera de vacunas es una de las mayores preocupaciones de empresarios, comerciantes, transportadores y ciudadanos.

El documento igualmente consigna la evidente intensificación de la violencia en numerosas zonas del país, dentro de las cuales encaja el Catatumbo y municipios del área metropolitana de Cúcuta que hoy sufren por el desbordamiento del conflicto armado y la crisis humanitaria generada por la guerra en que hace más de un año están enfrascados el Eln y la disidencia de las Farc.

“Este deterioro en seguridad coincide con la consolidación de las economías ilícitas. De acuerdo con Indepaz (2026), tras una reducción entre 2018 y 2020, a partir de 2021 se observa un crecimiento acelerado de los cultivos de coca, que los llevó de 142.000 a 253.000 en 2023, el registro más alto de las últimas décadas. Para 2024 y 2025, las estimaciones sugieren una estabilización en niveles históricamente elevados”, resalta el análisis.

Lo más delicado de todo esto es la advertencia que se desprende de que la criminalidad ya no se trata de un fenómeno aislado, sino de un freno estructural al desarrollo.

Para hacerle, deben activarse no solamente las alarmas, sino planes de política pública, de diversa índole, para que se conjuren los males desencadenantes de crisis por efectos de una violencia indetenible.

Entonces, la combinación de acciones requiere que la Fuerza Pública llegue a todos los territorios mediante las capacidades suficientes para combatir a los violentos y, en coordinación con la Fiscalía y la administración de justicia, aplicarles el Código Penal a quienes incurran en acciones violentas.

Pero además debe preocupar el hecho de que el tejido empresarial, las operaciones y la productividad terminan sufriendo deterioro que a la postre hará resentir los volúmenes de producción, el empleo, las utilidades, las inversiones, la expansión de mercados, y podrá poner en riesgo el cumplimiento de compromisos con proveedores y deudores.

Con esta violencia gravitando de manera tan riesgosa tienen que revisarse muchas de las determinaciones relacionadas con la seguridad y la paz para evitar más daños costosos e irreversibles. 

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