Desde hace mucho tiempo se ha venido hablando de lo fácil que resulta permear mediante la corruptela el sistema penitenciario colombiano para que en lugar de ser un escenario en que se purguen las culpas pero también se dé espacio a la rehabilitación, termine convertido en otro frente delincuencial.

La historia reciente del país está llena de pasajes donde personajes del bajo mundo manejan como ‘reyezuelos’ los hilos de sus organizaciones y bandas que en las calles continúan haciendo de las suyas.

Sin ir tan lejos, Cúcuta y Norte de Santander no escapan a esas operaciones de quienes pese a haber caído y luego condenados y posteriormente enviados a pagar las sentencias, convierten las celdas de las prisiones en sus ‘oficinas’ donde en medio de las comodidades continúan delinquiendo.

Y lo que más causa sensación es que muchos no están en cualquier cárcel sino en aquellas conocidas como de alta seguridad, en las que se presume que tendrían cortado todo contacto con los integrantes de sus bandas. Eso sin embargo, eso es simple creencia, porque en la realidad ocurre todo lo contrario.

Luego el Ministerio de Justicia que anda empeñado en adelantar cambios y transformaciones al sistema penitenciario y carcelario, debería tener presente esa inmensa grieta que está provocando un grave impacto sobre la seguridad ciudadana como ocurre por ejemplo en Cúcuta y en otras ciudades colombianas, donde parece que la caída de los ‘peces gordos’ o ‘capos’ no significa nada en cuanto al retorno de la tranquilidad a las calles.

Los reportes de prensa lo ratifican al igual que las mismas fuentes de los organismos judiciales admiten que personajes de alta peligrosidad que están purgando sus condenas, se desenvuelven como peces en el agua en los centros carcelarios.

La solución a este delicado asunto entonces va mucho más lejos de un simple cambio de prisión o de patio o de ciudad, porque ellos parecen tener tal poderío que ni los barrotes ni la distancia pueden contener.

La corrupción es el principal factor que infecta y permea al sistema carcelario, lo cual indica que la solución exige determinaciones contundentes y radicales en la transformación que se le quiere a dar al manejo de las prisiones, de los detenidos y de la organización encargada del control y vigilancia de los mismos.

¿Acabar el Inpec? ¿La  privatización? ¿Tener penales solamente para condenados pero con reales medidas y mecanismos de alta seguridad para que desde allí no tengan posibilidad de continuar manejando su industria criminal?

Estas y otras inquietudes asaltan a los cucuteños, por ejemplo, que hoy ven como algunas organizaciones delincuenciales cuyos ‘jefes’ siguen influyendo de manera desbordada en la ola criminal que se padece en la ciudad y en el área metropolitana.

Entonces, esta rueda suelta hay que ajustarla con urgencia, dentro del gran compendio de asuntos por ordenar para frenar la escalada insegura que  hoy en día nos agobia y preocupa.

Ahí tiene bastante por hacer el Ministerio de Justicia, porque si eso no se controla se está enviando un mal mensaje porque los criminales continuarán creyendo que la condena en prisión es una temporada vacacional y que sus arcas mal habidas no sufrirán ningún efecto, mientras que los contribuyentes que pagan los impuestos para que los presos se ‘rehabiliten’ padecen los asaltos, atracos y acciones sicariales ordenadas desde las celdas de alta seguridad.

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