Al poner en la balanza las gestiones, acciones y percepciones que deja el primer año de mandato del presidente, Gustavo Petro, en Norte de Santander, notamos que lo malo y lo dejado de hacer se impone sobre los pocos hechos reales y anuncios esbozados en estos doce meses, aunque debe aprovechar los tres años que le quedan para enmendar y corregir el rumbo de su mandato.

Lo único real fue la apertura de la frontera con Venezuela que ha empezado a recuperar lentamente el intercambio comercial, que hasta mayo arrojaba un monto de 350 millones de dólares, dinámica que requiere profundizar para que tenga reflejo positivo en la economía local.

Y una eventualidad catastrófica como la avalancha del 31 de mayo que interrumpió la conexión vial  de Cúcuta con la Costa Caribe y destruyó veredas e Infraestructura en la zona de El Tarrita, sacó a la luz que las soluciones para el departamento, desde Bogotá, llegan demasiado tarde.

La prueba está en que han pasado junio y julio y ocho días de agosto, con pérdidas económicas por $33.000 millones por el cierre de la importante carretera, y la situación persiste, en medio de anuncios, reuniones y afirmaciones de que reubicar a las comunidades afectadas por las lluvias en Norte de Santander valdría $366.000 millones.

Este hecho coyuntural ha traído más desazón al departamento porque percibe la sensación de que no hace parte de las prioridades nacionales, asunto que ojalá sea corregido por el gobierno de Petro en esta segunda etapa de su mandato.

Para enmendar ese error él debe entender que en Norte de Santander se debería también hacer la declaratoria de una especie de emergencia para hacer grandes inversiones en obras públicas, no dejar marchitar los renglones generadores de empleo, dinamizar la industrialización, apoyar de verdad la reactivación económica regional incluido el impulso agropecuario y facilitar que los inversionistas privados tengan en su eje a Norte de Santander.

Y aquí llega otro punto crucial que Petro y su gabinete deben entender y es que aunque sus datos y estadísticas nacionales les muestren a ellos que la seguridad ciudadana es mejor hoy que en el pasado gobierno, esto no se percibe ni se siente de esa manera en las calles y veredas nortesantandereanas.

La región retrocedió en el tiempo en orden público e inseguridad ciudadana. El secuestro se salió de control. La extorsión está desbordada a los límites de ataques con granadas a los empresarios y comerciantes que no paguen la vacuna. 

El mal urbano del microtráfico no da tregua, razón por la cual debería reformularse la estrategia de lucha para tratar de devolver la tranquilidad a las calles, parques y espacios públicos de los municipios. 

Volvieron las emboscadas a patrullas del Ejército, los asesinatos de policías, los patrullajes de grupos irregulares en municipios del Catatumbo y se volvió más fuerte la presencia guerrillera y de bandas criminales en la zona urbana y rural de Cúcuta.

Ese acuerdo nacional del cual se le ha venido escuchando hablar al presidente, lo debería hacer directamente con regiones como la nortesantandereana, comprometiéndose y cumpliéndole en el desarrollo de los planes y proyectos que les permitan superar sus severas dificultades actuales, porque de lo contrario será más tiempo perdido en medio de la desesperanza.