En Norte de Santander son 45.182 las mujeres cabeza de hogar víctimas del conflicto desatado por los grupos armados ilegales, hecho que demuestra otra de las dolorosas facetas de la guerra.
Al ser ellas las que se encuentran al frente de las obligaciones de familias en las que hay niños, adolescentes y personas de la tercera edad, tienen sobre sus hombros grandes responsabilidades que no encuentran la debida retribución del Estado y de la sociedad.
Este rostro femenino de la violencia en Colombia y el departamento lleva a recordar que las organizaciones que se han enfrentado en la lucha por el poder territorial y de las economías ilegales, buscan la fractura social y familiar bien sea mediante el homicidio, la desaparición, el desplazamiento o la violación generalizada de los Derechos Humanos.
Y eso se ha vivido en carne propia en el departamento, puesto que muchas de ellas fueron desarraigadas de los lugares en que se encontraban y a otras les asesinaron a sus esposos o compañeros en desarrollo de la cruda situación violenta por parte de la guerrilla, los paramilitares, bandas criminales y las facciones disidentes de los acuerdos de paz.
En gran parte de los municipios del departamento las mujeres víctimas de la violencia siguen contando sus historias mientras que están a la espera de una real reparación por parte del Estado, puesto que pese a las sentencias hay una gran deuda en ese frente por el rezago en el modelo para darles los recursos con los cuales enfrentar las difíciles situaciones en que se encuentran.
Pero debemos tener presente que eso no solo sucede aquí sino que es un problema de índole nacional que sigue sin una solución adecuada con un retraso histórico significativo en el modelo de reparación, cuya cifra se acerca a 9’500.000 víctimas registradas, de las cuales apenas han sido reparadas 1’350.000. Al lento ritmo de tratar de mejorarles las condiciones de vida a las mujeres que son jefes de hogar, ¿cuánto tiempo se demorará la Unidad de Víctimas en cerrar ese difícil capítulo del conflicto armado colombiano, donde la paz no es solo silenciar fusiles sino también garantizar que a los afectados se les garanticen sus derechos a la vida y a superar esos episodios que los golpearon con rudeza?
Además, hay que tener en cuenta que no es una cuestión unipersonal sino de núcleos familiares impactados, porque ser mujeres cabezas de hogar implica que el número de afectados crece exponencialmente.
Por ese motivo, debería el Gobierno Nacional darle cierto margen de favorabilidad a este grupo de víctimas en el frente de hacer valederas las demandas económicas que ellas esperan, porque si hiciéramos un conteo por hogar podríamos hablar que por lo menos 14.000 familias marcadas, en Cúcuta, por los impactos del conflicto armado al ser las mujeres que los lideran, afectadas directas de la recurrente oleada violenta.
Como no han tenido la indemnización, tienen que acudir al rebusque dejando a sus hijos al cuidado de vecinos o de familiares mientras consiguen el sustento, evidenciando que adolecen de los servicios mínimos de educación, salud, recreación y apoyo a los menores de edad.
Esperemos que el cabildeo y las gestiones ante Ministerio de Hacienda para que se dispongan los dineros necesarios para la reparación de las mujeres que hoy arrastran los estigmas de la violencia, realmente tengan resultados positivos puesto que detrás de esto se oculta un grave problema social que con el transcurrir del tiempo podría empeorar.
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