No es de la misma magnitud del año pasado cuando dicha crisis humanitaria rompió todos los récords, precisamente como consecuencia de la guerra en el Catatumbo, pero lo cierto es que Norte de Santander sigue siendo un territorio afectado por el desplazamiento forzado.

El desarraigo sigue este año poniéndonos en los primeros lugares de los impactos generados por el conflicto armado en el país, dentro de una lista elaborada por la Defensoría del Pueblo y que encabezan Antioquia, Cauca, Chocó,  Norte de Santander y Valle del Cauca.

El departamento sigue padeciendo los enfrentamientos entre el Eln y la disidencia de las Farc, que a mediados de junio ya completará 17 meses, sin una solución a la vista, pero que en cambio empeora cada vez más.

Y los que sufren son los pobladores que padecen de desplazamientos, confinamiento, desapariciones, secuestros, asesinatos y hostigamientos permanentes, teniendo ahora un  enemigo adicional que les llega desde el aire, como son los drones acondicionados con artefactos explosivos.

Según el reporte de  movilidad humana de la Defensoría, en el periodo enero-abril en el departamento un total de 1.941 personas han sido afectadas por desplazamiento forzado y otras 3.000 permanecen bajo condiciones de confinamiento.
En la práctica, con la ocurrencia de esta clase de hechos deja en evidencia que las estructuras armadas ilegales no respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Su manera de actuar tanto en el Catatumbo o en otra región nortesantandereana, demuestra que han convertido al DIH en un rey de burlas.

De acuerdo con datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, en Colombia el año pasado 235.619 personas fueron desplazadas de manera individual y 87.069 salieron de sus territorios en eventos de desplazamiento masivo.
La crisis humanitaria ocasionada por los violentos que hacen huir de sus viviendas y fincas a los pobladores durante las operaciones para copar territorios en desarrollo de las maniobras de expansión, merece la más absoluta condena.

Por ejemplo, para el caso de la subregión catatumbera el departamento pasa a los anales de la historia con los casos de desplazamiento ocurridos el año pasado y que rompieron todas las estadísticas anteriores que ha dejado este mal en el país.

Pero preocupa también que cuando se creía que tal vez el problema amainara, la compleja situación y la degradación de esta guerra sumada a las advertencias de organismos defensores de derechos humanos nos muestran señales de que tienda a profundizarse en los próximos meses debido al recrudecimiento de la violencia en varias áreas  del Catatumbo y otros corredores estratégicos del departamento.

La comunidad internacional, por ejemplo, debería hacer un pronunciamiento fuerte, con advertencias incluidas contra los miembros de los grupos violentos que incurren en ese tipo de actuaciones por las cuales incluso podrían llegar a ser castigados.

Hay en este aspecto una tarea urgente para el próximo gobierno para contener la espiral de violencia y de crisis humanitaria disparada en los territorios, porque las comunidades ya no pueden seguir viviendo bajo el yugo del fragor de una guerra que escala a pasos agigantados todos los días.

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