La utilización de drones cargados con explosivos por parte de los grupos armados ilegales que atemorizan al Catatumbo no puede convertirse en parte del paisaje.
Cuando eso sucede, quienes pierden son los pobladores de localidades como El Tarra y el corregimiento de La Gabarra (Tibú), así como otros municipios de esa vasta subregión nortesantandereana.
Si acontecimientos violentos como esos empiezan a considerarse “normales”, la degradación del conflicto armado se fortalece para mal de todos.
Hace pocos días ocurrió un incidente en el que, al parecer, combatientes del Eln y de la disidencia de las Farc sostuvieron un enfrentamiento aéreo con esos aparatos voladores en la vereda Barrancas.
Y la contundente notificación de que en esa zona del departamento se vive uno de los peores momentos quedó plasmada en este párrafo de una noticia de La Opinión: según la comunidad, “un enjambre de drones” sobrevoló el área y atacó viviendas, provocando pánico entre los residentes de este sector del Catatumbo.
Después ocurrió otra tragedia ocasionada por el uso de esa clase de armamento prohibido, con la muerte de un soldado y otros siete heridos en un ataque lanzado contra tropas de la Fuerza Vulcano.
El uso de medios y métodos de guerra no convencionales transformó al territorio catatumbero en un lugar de extrema peligrosidad para todos, porque ya no son solamente las minas antipersonales, los francotiradores y los cilindros bomba, sino que silenciosamente y desde el aire también llega la muerte con esos aparatos que arrojan explosivos.
¿Cuándo habilitarán una unidad militar especializada en la lucha antidrones en la región del Catatumbo? ¿Cuándo instalarán inhibidores o equiparán a las unidades de la Policía y el Ejército con equipos móviles para deshabilitar esas bombas voladoras?
Queda la sensación entre la población de que el Estado no solamente sigue perdiendo territorio, sino que da serias muestras de debilidad para controlar espacios aéreos usados por los violentos para sus incursiones con drones modificados para atentar contra los civiles y emboscar a militares y policías.
Es necesario que, en el caso concreto de esta región del departamento, se adopten decisiones de dotación y reforzamiento de la Fuerza Pública en ese frente de batalla, porque no se les puede permitir a las estructuras armadas no estatales que sigan incrementando su poderío en todos los órdenes, algunas de las cuales decidieron no continuar con las conversaciones de la “Paz Total”.
Todo esto que sucede en el Catatumbo y se extiende hacia el área metropolitana de Cúcuta hace parte de una nueva reconfiguración de los actores violentos, la incorporación de nuevas tecnologías en la guerra y la presión sobre territorios estratégicos, como lo plantea la Fundación Pares en un análisis basado en conversaciones con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en Norte de Santander.
Que los niños, cuando van a la escuela, deban mirar al suelo y al cielo con el fin de evitar convertirse en víctimas de un campo minado o de explosivos voladores es un doloroso cuadro de la guerra que se niega a cesar y parece perpetuarse.
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