La Contraloría General de la República expuso dos actuaciones gubernamentales que no ayudan en nada a contener y prevenir el reclutamiento forzado infantil, en Colombia, que sigue siendo un factor de preocupación por su crecimiento.
Desde los cómodos despachos estatales, en Bogotá, se hicieron recortes del 83,8% en los recursos económicos destinados a ese propósito, aparte de que se incurrieron en fallas en la ejecución presupuestal.
Es lamentable que el centralismo burocrático desconozca o no entienda lo ocurrido en las regiones golpeadas por el conflicto armado, donde los niños, adolescentes y jóvenes corren el riesgo de caer en manos de los grupos armados ilegales.
Resulta contradictorio e inexplicable que ocurra lo detectado por el órgano de control fiscal, que en su informe describió como la ineficacia del gasto público, la reducción de recursos y las debilidades estructurales en la implementación de las políticas públicas, “están aumentando el riesgo de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
Sin duda alguna, lo planteado en ese análisis fiscal debe llevar a la apertura de investigaciones de todo orden contra las entidades, despachos y funcionarios que por acción u omisión condujeron a la ocurrencia de una evidente desfinanciación de un plan humanitario de esas características.
Concretamente se trata de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, pasó a tener $1.810 millones pa ra el periodo 2024-2026. La reducción ronda el 83,8%.
Y al hacerle la entidad un examen a lo sucedido entre 2019-2023 cuando se asignaron en total $12.891 millones para dicha comisión, descubrió que únicamente se ejecutaron $9.216 millones.
“Este comportamiento evidencia que el problema además de ser de reducción de recursos, es también de capacidad institucional para transformar el presupuesto en resultados efectivos”, es la observación que deja la Contraloría.
Y entonces, qué se les puede decir a las comunidades del Catatumbo o del Cauca, tan golpeadas ellas por el accionar del Eln y de la disidencia de las Farc de llevarse por las fuerza a los menores de edad para la guerra.
¿Cómo así que ni siquiera unos programas que pueden llevar a salvar a niños y niñas del conflicto armado quedan sin la utilización de $3.675 millones?
Pero, además, debería aprovecharse para ponerle la lupa a ese plan para volverlo más eficaz y que tenga mayor efectividad con el propósito de ‘blindar’ a los menores de edad de esas maniobras en que incurren las organizaciones armadas ilegales para convertirlos en combatientes.
“El deber del Estado es garantizar que cada recurso se traduzca en protección y oportunidades para los niños, niñas y adolescentes”, es una de las conclusiones reseñadas por el contralor Carlos Hernán Rodríguez.
Y siguiendo esa línea, sería interesante que se haga una auditoría de la distribución de los mismos en cuanto a la aplicación de las acciones contempladas en los planes preventivos del reclutamiento forzado, teniendo en cuenta si realmente llegan a regiones como Norte de Santander, tan afectado por este flagelo.
Es indispensable seguir haciendo visibles todas las aristas que por una u otra razón inciden o permiten que los violentos violenten los derechos de los niños.
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