Las denominadas clínicas de garaje están en medio del debate luego de la desaparición y muerte de Yulixa Toloza, quien se sometió a un procedimiento estético.
Norte de Santander quedó en la ruta de este hecho, luego de que en Los Patios fuera encontrado un carro vinculado al caso y de que en el vecino Venezuela fueran detenidos los presuntos responsables de la muerte de la mujer.

Pero ahora el foco queda sobre las autoridades de salud en todos los municipios de Colombia para que emprendan acciones de control y prevención sobre los establecimientos que funcionan como centros médicos no autorizados en los que se hacen procedimientos quirúrgicos por personal sin la debida preparación y sin las medidas de bioseguridad requeridas.

En el departamento resultaría de la mayor importancia que las autoridades de salud adopten un plan para, por un lado, detectar las clínicas de garaje y, en coordinación con la Fiscalía y la Policía, cerrarlas definitivamente y aplicarles las sanciones penales y pecuniarias a que haya lugar a quienes las manejan.

Ese es un ejercicio urgente de poner en marcha porque precisamente es para salvar la vida, derecho tan violentado en estos tiempos por las acciones de los grupos criminales. Nadie puede ser expuesto a riesgos extremos para su salud siendo atendido y llevado al quirófano por personas sin la preparación e idoneidad profesional adecuadas para ello, pero que se lucran de este negocio infectado por la ilegalidad.

Al hacer un trabajo interinstitucional, se requiere, por ejemplo, acudir a la inteligencia policial y a la fijación de recompensas, para animar a la ciudadanía a dar a conocer los sitios en que funcionan esos establecimientos no registrados ni autorizados como prestadores de servicios de salud.

Es que ahí se tipifican situaciones al margen de la ley como el ejercicio ilegal de la medicina o la odontología, que en últimas conducen a algo tan grave como las lesiones personales permanentes, el deterioro de la salud y el homicidio.

No es posible permitir que sigan funcionando lugares en donde, sin los requisitos médicos especializados ni las condiciones locativas y de insumos requeridos, se llevan a cabo esta clase de cirugías estéticas, especialmente, y que en ocasiones terminan muy mal para las pacientes.

Las autoridades de salud deben igualmente alertar sobre los peligros colaterales que se corren y ofrecer una guía a la ciudadanía para que puedan determinar qué tan cierta es la capacidad profesional y asistencial del supuesto establecimiento que ofrece esa clase de praxis, en especial de carácter estético.

Ya tenemos suficientes problemas en Colombia que amenazan la integridad de la ciudadanía como para permitir que esa especie de mercaderes, sin ningún conocimiento científico, pero que buscan el dinero fácil aprovechándose de quienes por cualquier razón quieren mejorar su apariencia física sometiéndose a esa clase de cirugías.

Es una tarea de carácter urgente la que deben adelantar en ese campo las secretarías del ramo en la región, con el fin de meter en cintura y sellar definitivamente ese tipo de establecimientos.

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