¿Qué pasará con esa dinero? En una ciudad con tantos problemas y necesidades de toda índole como Cúcuta, hay que llegar en algún instante a dejar de permitir que grandes sumas de dinero se pierdan porque lo planificado y previsto nunca logra llevarse a cabo.

Hablamos de esto: Nomenclatura de Cúcuta es un elefante blanco, como se advirtió luego de descubrirse que $5.000 millones prácticamente se ‘esfumaron’ porque el sistema contratado hace unos diez años, nunca se instaló.

Y lógico, mientras la inacción o la falta absoluta de responsabilidad por parte de las administraciones municipales respectivas, la ciudad continuó su crecimiento urbanístico, llevando entonces a la desactualización de lo que se pensaba hacer en ese campo.

Al no coincidir con las nuevas condiciones de la capital de Norte de Santander, su único destino es el anaquel para pasar a engrosar la historia de costosos documentos en el que se entierran miles de millones de pesos, como si esos dineros públicos no tuvieran dolientes.

El problema ahora es que dicha nomenclatura hay que prácticamente volverla a hacer desde cero porque se tienen que incorporar más de 23.000 predios que no hacen parte del censo catastral.

Incluso, las cosas resultan más complicadas porque se ha sabido que es tal el desorden que funcionan 25 sistemas independientes de nomenclatura en la ciudad más importante en la frontera con Venezuela.

Ahí es donde resulta inentendible para la ciudadanía para qué sirven los tales empalmes entre los gobiernos salientes y entrantes, porque se supone que allí se conoce que quedan algunas acciones y planes que deben ser continuados porque el beneficio es para el ciudadano y no para ningún grupo político en especial.

¿Dónde está aquello que se llama planeación estratégica donde los proyectos no se interrumpen por caprichos de ninguna clase sino que se mejoran y ejecutan hasta su fase final?

Como la que era nueva nomenclatura definida hace diez años se quedó por ahí dando vueltas y saltando de escritorio y de vitrina en vitrina, resultó imposible su implementación por etapas que hubiera ayudado a desarrollar la modernización a lo largo del tiempo.

Una ratificación de que prácticamente esa plata se perdió, es que en enero del año pasado, el alcalde Jairo Yáñez había confirmado que dicha nomenclatura se encuentra desactualizada y que es necesaria una nueva que vincule a la totalidad de predios existentes hoy en la capital nortesantandereana, cerca de 260.000.

Sería interesante -más allá de lo que se deba hacer en este frente- que se procedan con estrategias para proteger cada peso de los contribuyentes, puesto que resulta inadmisible que los dineros se dilapiden de esa manera y, todos tan tranquilos.

Daría hasta para una investigación a profundidad sobre esos proyectos en que se hacen consultorías y estudios con recursos estatales, pero que luego se engavetan, incluyendo lógicamente planes tan trascendentales el estudio de nomenclatura elaborado por el IGAC, en 2014, y pagado por el municipio en su momento.

Y si alguien hiciera la totalización de la cantidad utilizada, no hay duda que las sorpresas serían de talla mayor, por lo que la Contraloría y la Procuraduría podrían tener ahí un interesante trabajo por desarrollar, no solo aquí sino en todas las alcaldías y gobernaciones.