"No habrá censura”, dice la Constitución Política de Colombia en uno de los apartes del capítulo 20 que habla de garantizar a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social.

Pero aunque el presidente Gustavo Petro siempre se ha jactado de ser un defensor de la Carta Magna, en este campo de las libertades informativas hay una desconexión entre ese discurso constitucionalista y sus muestras de animadversión frente a los medios. El último de la sucesión de hechos de esta naturaleza, ocurrió el miércoles 7 de junio en plena plaza pública en la manifestación convocada por el propio Gobierno Nacional en respaldo a las reformas sociales.

“Acaban de allanar otras oficinas de la Presidencia. Semana ordena y el CTI obedece”, expuso el mandatario en referencia a uno de los desenlaces judiciales dentro del escándalo que ha terminado por dejar sospechas de una probable financiación ilegal de la campaña presidencial por $15.000 millones.

El periodismo en Colombia enfrenta en estos instantes un difícil momento, como muchos de los que ha vivido y padecido en un país cruzado por todas las facetas de la violencia y que ahora tiene ante sí a otro e inesperado actor en su contra, como lo es la cabeza visible del poder Ejecutivo.

 No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos o por cualesquiera otros métodos encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, está consignado en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica.

De seguir el agravamiento de la situación podríamos estar muy pronto ante la presentación de denuncias contra la Presidencia de la República por el incumplimiento de esos preceptos que hacen parte del bloque de constitucionalidad de Colombia.

La propia Fundación de Libertad de Prensa (Flip) denunció y rechazó las agresiones por parte de manifestantes en contra de cinco periodistas  de RCN Radio, Blu Radio y Caracol Radio, en Bogotá, Medellín y Barranquilla, quienes cubrían esa jornada convocada por el mismo Gobierno Nacional.

Para mostrar el escalamiento en la forma de hostigamiento a los comunicadores, basta con referenciar lo que les dijeron   e hicieron en contra de ellos.  Les lanzaron insultos señalándolos de “medios vendidos”, los empujaron y obligaron a salir de los lugares  en que estaban transmitiendo y les lanzaron agresiones verbales de alto calibre, mientras que en Bogotá uno de los periodistas fue hostigado, empujado e insultado por casi veinte personas.

Por lo tanto, no se trata de simples quejas ni de reclamos sin fundamento sino de unos hechos concretos que muestran la urgencia de ponerle freno por parte del propio presidente a los señalamientos públicos contra los medios informativos, que en las últimas semanas han destapado escándalos y situaciones que no le han agradado a la Casa de Nariño.

Los gobernantes están llamados a defender la Constitución y la Ley, pero no solo diciéndolo sino cumpliéndolo y haciéndolo y entre esas obligaciones la libertad de expresión es una de ellas, porque en el momento que esta se fractura de inmediato la democracia empieza a hacer agua. Colombia no puede caer en escenarios oscuros como los sucedidos en otras naciones, entre ellas, algunas del vecindario.

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