Espeluznante. En ese calificativo encaja perfectamente lo ocurrido en el puente Eustorgio Colmenares con el asesinato a sangre fría de un habitante de calle, dentro de lo que podría ser una disputa por el microtráfico en Cúcuta. Además, comenzó a advertirse una modalidad de desafío a la autoridad que antes no había ocurrido en la capital de Norte de Santander.

Lo sucedido es una triste evidencia de la degradación de la inseguridad con acciones sanguinarias que utilizan herramientas de difusión como los videos en redes sociales, con el propósito de expandir el miedo y enviar mensajes intimidatorios a la población.

Esas impactantes imágenes sirven de indicativo contundente de que las organizaciones del crimen no tienen ningún respeto por la vida ni temor a las autoridades, razón por la cual la zozobra y el temor manifestado por la ciudadanía tiene un asidero, que demuestra que estamos en una situación de alta peligrosidad.

Que por lo menos tres personas hayan participado en ese crimen, entre ellas una que  tomó por el cabello a la víctima para que otro hombre se ensañara atacándolo a puñaladas hasta llevarlo a la muerte, es un episodio que refleja el drama de una ciudad capital sitiada por la delincuencia.

Si no hay una sincronización perfecta entre las autoridades del orden nacional, municipal y departamental para entrar a desvertebrar a las organizaciones que se han tomado las calles y sectores para edificar su imperio del delito, la situación empeorará, por la clase de organizaciones que son.

Se trata, nada menos, que de los Ak-47, que extorsionan al comercio lanzándoles granadas a los negocios en Cúcuta. Esa es una de las poderosas 25 bandas que hacen presencia en la ciudad, entre las que también figuran Los Lobos, Los Porras y  el Tren de Aragua, las cuales han mostrado un accionar de alta peligrosidad contra la vida y bienes de los ciudadanos.

En ese sentido, es muy grave la amenaza lanzada contra el alcalde Jorge Acevedo por parte de los Ak-47, que se constituye en un hecho sin precedentes en la ciudad, porque no había sucedido que  un jefe de la administración municipal fuera objeto de intimidaciones por parte de organizaciones delincuenciales.

En medio de esta crítica situación es urgente  que haya un acompañamiento de los ministerios de Defensa y del Interior al municipio de Cúcuta, porque la institucionalidad gubernamental está siendo objeto de una maniobra de provocación y reto por parte de quienes desde la ilegalidad, el sicariato, el narcomenudeo, la extorsión, el secuestro  y el hurto pretenden el control de esta parte del país.

El Ejército, la Policía, Migración Colombia, la Fiscalía,  la Sijín, el Goes y el CTI deben dar esa lucha sin cuartel contra esta criminalidad que ya demostró no tener ninguna compasión y que de su economía ilegal se nutre para continuar extendiendo sus tentáculos en todas las comunas de la ciudad y en los municipios metropolitanos.

El presidente  Gustavo Petro debe entender que Cúcuta merece una fuerte presencia del Estado para confrontar ese peligro que representan dichas organizaciones del multicrimen y que, por lo tanto, hay que darle apoyo financiero, operacional e institucional, reclamando incluso el apoyo del gobierno venezolano para que haya una contención de la delincuencia en la zona de frontera.

Es necesario que la ciudadanía rodee y respalde al gobierno municipal, pero que al mismo tiempo este momento sirva para decir que los buenos somos más y que el crimen no paga y que  Cúcuta superará con éxito esta encrucijada de violencia.

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