Un trabajo periodístico de La Opinión determinó que el sicariato y las armas de fuego en poder de la criminalidad son dos aspectos claves dentro de la escalada de violencia en el área metropolitana de Cúcuta.

Con elementos como esos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en lógica coordinación con la Policía y la Fiscalía debiera enfocar una acción urgente, para el control y combate efectivo del mercado y tráfico ilegal de armas de fuego.

La estadística de 317 homicidios por armas de fuego ocurridos en 2023 en el territorio metropolitano, 251 de los cuales sucedieron en la capital de Norte de Santander, conduce a que se le ponga cuidado al armamento de los criminales.

Operaciones de inteligencia militar y judicial son necesarias para llegar a las redes que surten a la delincuencia y son proveedores de la criminalidad y los grupos armados ilegales.

El debilitamiento desde todos los frentes es necesario y más sabiendo que en nuestra porosa frontera con Venezuela es muy fácil el paso de armamentos y delincuentes.

Que la ciudad haya registrado el año pasado 285 homicidios, según ese informe periodístico, 40 más que en 2022, y lejos de lo sucedido desde 2013 hasta la fecha, es igualmente motivo para que otro generador de esa oleada de criminalidad sea contenido.

Se trata del accionar de los sicarios motorizados que en el área metropolitana aparecieron con su estela de muerte en 238 casos, correspondiendo 192 de ellos a asesinatos en las calles de Cúcuta, según la estadística de la Policía.

La gestión se constituye en una de las acciones inmediatas. Vimos como en Bogotá un delincuente apodado Satanás, que desde una celda estaba amenazando a los comerciantes y empresarios, fue llevado a una cárcel de alta seguridad y sin a acceso a ningún tipo de comunicación. Eso mismo hay que pedir contra algunos jefes de bandas cucuteñas que están presos pero siguen ordenando crímenes, robos, extorsiones y amenazas.

Aquí es igualmente urgente vigorizar la investigación criminal dentro de una política integral de seguridad ciudadana que tenga líneas para desarrollar a corto y mediano plazo, con un estricto seguimiento de resultados.

Muchos de los datos ratifican la razón por la cual el cucuteño sale con el credo en la boca, como por ejemplo que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 34, superando la nacional que se situó en 26 o que los viernes (45), sábado (46) y domingo (61) fueron los días con más asesinatos, el año pasado.

Se supone que todos los elementos que conforman el deslucido cuadro de rampante criminalidad ya tiene que haberles dado luces a los miembros del gabinete del alcalde Jorge Acevedo, para el diseño y puesta en marcha del plan para recuperar la ciudad de las manos de los delincuentes.

Entre otras cosas, hay que por fin montar el observatorio de seguridad y delincuencia, que de acuerdo con lo expuesto en la investigación periodística, se quedó como una promesa incumplida de la pasada administración.

Esa es una pieza fundamental dentro del rompecabezas de planes y soluciones que hagan parte de las medidas para frenar el récord de haber tenido el mayor número de asesinatos en los últimos diez años.

Lo único cierto es que hay que actuar rápido, con audacia y dentro del ordenamiento constitucional, porque lamentablemente tiempo es lo que no hay, puesto que transcurridos 14 días de enero y de la nueva administración, ya se habían cometido 12 asesinatos en Cúcuta y el área metropolitana.

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