Víctimas y victimarios de los llamados falsos positivos, o ejecuciones extrajudiciales, en la subregión del Catatumbo, volverán a encontrarse esta semana en la ciudad de Ocaña, donde los días 6 y 7 de mayo tendrá lugar una nueva Audiencia Territorial de Medidas de Satisfacción, convocada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La audiencia contará con la presencia de 41 comparecientes no máximos responsables de la fuerza pública, y una tercera civil, involucrados en 15 casos de ejecuciones extrajudiciales, que dejaron 17 víctimas, y ocurrieron entre el dos de mayo de 2007 y 4 de julio de 2008, en el municipio de El Carmen.
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En conversación con La Opinión, Pedro Elías Díaz Romero, magistrado de la JEP que estará a cargo de la audiencia, dijo que esta es la tercera audiencia que se llevará a cabo en la región, las anteriores fueron en San Calixto y Cúcuta, pues “es allá donde están las víctimas, donde está el conflicto y donde hay que restablecer la institucionalidad”, señaló.
Asimismo, añadió que lo interesante de esta audiencia es que ya se han hecho aportes de verdad en dos ocasiones, una en 2025 y otra en febrero de este año; pero además destacó que es un encuentro que se realiza a petición de las víctimas, para que los comparecientes expongan los hechos, en términos generales de cómo ocurrieron.
Durante la audiencia también se abordará la actual crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, por cuenta del conflicto armado que sigue activo.
Al respecto, el magistrado señaló que la pertinencia tiene que ver con el hecho de que mucho de lo que vive actualmente la región tiene que ver con la deficiente implementación del Acuerdo de Paz por parte de los gobiernos subsecuentes a la firma.
Los comparecientes
Sobre los comparecientes a la audiencia, el magistrado de la JEP señaló que se trata en total de 42 personas, 41 son exintegrantes de la Brigada Móvil N° 15 del Ejército, y María Eugenia Ballena Mejía, la civil involucrada en el caso, señalada como reclutadora de víctimas de algunas de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en El Carmen.
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Sobre la situación de la mujer, Díaz Romero señaló que entró a la JEP en 2021, aunque, previamente, en 2009 fue investigada y condenada por la justicia ordinaria a 40 años de prisión, sin embargo, tras cumplir cinco años de pena, en 2018 solicitó su ingreso a la justicia transicional, a cambio de aportar verdad, reconocer responsabilidad y reparar a las víctimas.
Díaz Romero explicó que “ella ayudaba, por la información que tenía, a seleccionar quiénes serían las víctimas de algunos de esos hechos”, de ahí su importancia en esta audiencia.
El magistrado indicó que si bien por el caso de las ejecuciones extrajudiciales, la mayoría de comparecientes son exmilitares, también existe un número importante de civiles involucrados que, en Norte de Santander, “son 10 o 12 identificados en el Catatumbo”, dijo.
El perfil de las víctimas
En el caso específico de los hechos de El Carmen, el magistrado de la JEP explicó que las 17 víctimas eran campesinas y jóvenes. Había dos mujeres entre ellas. Eran personas que vivían en la región, dedicadas a actividades de cultivo, comercio, trabajo jornal y labores domésticas.
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Añadió que por su vulnerabilidad, fueron identificadas como personas que podían ser asesinadas y presentadas como bajas en combate, porque se creía que nadie preguntaría por ellas. “Eran jóvenes que no tenían un grado de alfabetismo completo; algunos tenían escuela primaria y otros bachillerato, pero en su mayoría eran trabajadores muy humildes y honestos”, dijo Pedro Díaz.
Del mismo modo, aclaró que si alguna de ellas hubiera tenido relación con grupos al margen de la ley, como la guerrilla, la función de la fuerza pública habría sido detenerlos y ponerlos a disposición de la fiscalía, no ejecutarlos.
Cuestionó de manera categórica que, en el caso de los falsos positivos, “la mentira fue tan grosera que a algunas de estas víctimas les implantaron armas, explosivos, radios de comunicaciones y uniformes, para justificar que eran miembros de un grupo armado, cuando en realidad eran campesinos de la región”, dijo.
Avance de la justicia transicional
Respecto al avance de la justicia transicional en Norte de Santander el magistrado Pedro Díaz señaló que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a través de la Subsala Catatumbo, operativa desde 2023, ha resuelto un total de 246 sentencias de un total de 1.300 comparecientes de la fuerza pública, que equivalen a un 18,9 % de los casos.
El juez explicó que dichos fallos se emitieron a través de nueve resoluciones, en las que se establece la renuncia a la persecución penal de comparecientes de la fuerza pública.
“Esto ha ocurrido desde noviembre de 2024 hasta la fecha”, dijo Pedro Díaz, al tiempo que señaló que los 246 comparecientes fueron juzgados por acciones que ocasionaron 52 víctimas y 169 víctimas indirectas.
Detalló que en el contexto de justicia restaurativa, se han adelantado 127 medidas de contribución a la reparación, de las cuales 44 corresponden al Catatumbo, 14 están en ejecución y 30 han sido finalizadas. En estas medidas han participado 154 comparecientes y 76 víctimas indirectas.
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